La Fracción Parlamentaria del 16 de Julio, rechaza la reclusión de Rubén González por orden de un tribunal militar, confinándolo a La Pica, al igual que la aprehensión de otros dirigentes laborales y su remisión a El Dorado.
“Temeroso e impotente ante el descontento, la indignación y protesta de los trabajadores, es demasiado evidente que el régimen intenta una definitiva militarización de la vida política venezolana. Le imputa a los civiles delitos que les son ajenos, y, en lugar del juez natural, pretende llevarlos a una jurisdicción que es completamente extraña para dirimir cualesquiera diferencias ocasionadas por el justo reclamo de las grandes mayorías golpeadas por el hambre, la censura y la represión”.
El señalamiento hecho por el diputado Luis Barragán, miembro de la bancada asamblearia, a su juicio, obliga a demandar un pronunciamiento urgente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el exilio.
“Hecho público, notorio y comunicacional, el legítimo TSJ debe pronunciarse a instancia de la propia Asamblea Nacional, haciéndose ésta parte para ejercer las acciones a que haya lugar a objeto de garantizar los derechos de Rubén González y de cualesquiera ciudadanos sometidos o amenazados con un sometimiento indebido a la justicia militar, mediante un acto parlamentario. Muy bien, la Consultoría Jurídica puede presentar una fórmula ante la directiva y los voceros de las fracciones el venidero lunes, para que la plenaria del martes la perfecciones a través del acuerdo correspondiente”.
Finalmente acotó: “Hay herramientas parlamentarias necesarias de emplear a objeto de frenar la militarización de la sociedad, indebida e injusta, propiciada por la dictadura. Urge constitucionalizar el Código de Justicia Militar, entre otros instrumentos afines que, mal empleados, acarrea graves responsabilidades”.
Nota de prensa