El Gobierno del Reino Unido publicó hoy un resumen del análisis legal sobre el acuerdo del “brexit” en el que se describen los “efectos generales” legales del pacto.
El Ejecutivo de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May, hizo hoy publico este documento, de 43 páginas, poco antes de que el abogado del Estado británico, Geoffrey Cox, haga una declaración en el Parlamento al respecto.
Sin embargo, el Partido Laborista adelantó ayer que planea acusar al Ejecutivo de May de desacato al Parlamento si no publica el informe en su totalidad, y no un resumen, tal y como aprobó que hiciera la Cámara de los Comunes.
El portavoz laborista para la salida de la Unión Europea (UE), Keir Starmer, señaló el domingo que si no se difunde el informe al completo del abogado del Estado sobre el texto consensuado con Bruselas, su partido “no tendrá otra alternativa” que “iniciar un proceso de desacato al Parlamento”.
El resumen del asesoramiento legal publicado hoy se divide en ocho partes: disposiciones comunes, derechos de los ciudadanos, disposiciones separadas, transición, liquidación financiera, disposición final e institucional, protocolos del Acuerdo de Salida y anexo sobre el protocolo de Irlanda e Irlanda del Norte.
Este último punto incluye uno de los asuntos más controvertidos, al señalar que la cláusula conocida como “backstop”, que evita una frontera física en Irlanda si no se logra un remedio alternativo y mantiene a Belfast integrada en las estructuras comunitarias, se aplicara “al menos y hasta” que haya un nuevo acuerdo al respecto.
El informe señala que para el final del periodo de transición, previsto para el 31 de diciembre de 2020, el Reino Unido y la Unión Europea (UE) no han llegado a otro acuerdo, el protocolo se seguirá aplicando “a no ser que sea reemplazado por otro acuerdo posterior que establezca un arreglo alternativo”.
Además, indica que si ese periodo se extiende, entonces el “backstop” también se aplicaría hasta el final de ese periodo.
El documento difundido hoy también señala que de prolongarse ese periodo más allá de diciembre de 2020 -que podría hacerlo hasta dos años si así lo acuerdan ambas partes- supondría que el Reino Unido tendría que desembolsar pagos adicionales a Bruselas.
EFE