El 20 de agosto de este año el régimen anunció el Programa de Recuperación, Crecimiento y Prosperidad Económica. En ese momento se dijo que se iba a establecer una “disciplina fiscal prusiana y se eliminaría definitivamente la emisión de dinero no orgánico y que de ahora en adelante, se sustentaría la emisión de dinero en la producción de riqueza”
Para aumentar los ingresos se elevó el IVA a 16%, se creó el impuesto a las grandes transacciones financieras con una tasa del 1% para las empresas y del 2% para los bancos y obligó a las empresas a adelantar el pago semanal de los tributos. Además, anunció que el precio de la gasolina aumentaría hasta alcanzar niveles internacionales. Como medida de compensación elevó el monto de los bonos que reparte discrecionalmente y aumentó en 3.711% el ingreso mensual mínimo de los trabajadores.
Pero el aumento y el pago tanto de los bonos como del salario integral, tuvieron que ser desembolsado mediante la emisión de dinero inorgánico debido al déficit fiscal. Entre el 20 de agosto y el 16 de noviembre, la cantidad de dinero en la economía creció 545%, dejando en el aire la fallida promesa de “establecer una disciplina prusiana para eliminar definitivamente la emisión de dinero no orgánico”. Los aumentos tributarios y del IVA anunciados como medidas para equilibrar el déficit fiscal, no dio los resultados esperados debido a que el sector privado de la economía y los consumidores están padeciendo una terrible recesión que impide que se genere riqueza y se recaude lo suficiente para mantener al sector oficial, también la exoneración del impuesto a Pdvsa y a las empresas importadoras contribuye a disminuir los ingresos fiscales.
El aumento del precio de la gasolina no se ha concretado aún, a pesar de que ese subsidio beneficia en un 45% a los contrabandistas de este combustible.
El jueves pasado, cuando se cumplieron cien días del fracasado plan de recuperación económica, el régimen anuncia un aumento de salario mínimo de un 150% a partir del primero de diciembre. A finales de agosto cuando se anunció el aumento de salario anterior, este tenía un valor 30 dólares al tipo de cambio libre, en cien días ya ese salario mínimo pasó a costar 6 dólares al tipo de cambio libre, disminuyendo su poder adquisitivo en un 85%. El nuevo salario mínimo mensual de 4.500 Bs.S, es el equivalente a 9,40 dólares al tipo de cambio libre del día de su anuncio y representa el 8,6% de la canasta alimentaria familiar del mes de octubre. A pesar de todos los aumentos de salario decretados por el régimen este año, el salario real del trabajador habrá perdido su valor en un 93% de su poder adquisitivo para finales de 2018.
Al régimen le resulta muy difícil entender que la generación de riqueza de un país depende de la garantía de la seguridad jurídica y de las políticas públicas eficientes que un Estado Democrático le ofrezca al sector privado, para que exista la propensión a invertir y poder producir en paz. Y entender también que hay que mantener un equilibrio de las variables macroeconómicas, que haga posible un desarrollo armónico entre la oferta y el consumo. Es por ello que el gobierno en todo lo que hace, pero sobre todo en materia económica, va de retro y en contravía de la globalización así como del normal crecimiento y desarrollo de las naciones.
Inexplicablemente en el sector de la producción de alimentos, el régimen ha hecho todo lo posible para que estemos padeciendo esta crisis humanitaria debido a la escasez y a la carestía de los alimentos. El irrespeto a la propiedad privada, la aplicación de regulaciones y controles, así como la monopolización del suministro de fertilizantes y agroquímicos, han conformado cuadro de permanente acoso hacia todo el circuito de la producción de alimentos que impiden el normal desarrollo de esta preciada actividad.
En los países donde se le garantiza la seguridad alimentaria a su población, la producción de alimentos es una Política de Estado que permite que la actividad se desarrolle con normalidad. El desarrollo de la producción eficiente y competitiva de alimentos, requiere que exista una liberalización de la actividad de la producción y de la comercialización de la materia prima y del producto final, protegiendo al consumidor únicamente en lo que respecta a la calidad de su contenido nutricional y a la excelencia de sus condiciones sanitarias. La regulación de precios no tiene sentido cuando hay una armonía entre la oferta y la demanda, mucho menos los controles de precios cuando hay escasez de los productos, de eso ya tenemos suficiente experiencia, la más nefasta y dolorosa para el consumidor.
Basado en estos principios, con un nuevo gobierno democrático y moderno, lograremos alcanzar nuestra seguridad alimentaria. Trabajamos en ello, permanentemente.