Cierto, no ha hecho falta regulación específica alguna para la interferencia o, mejor, el sabotaje de la interconectividad por una dictadura que le teme a su propia sombra. Y, si bien es cierto que se le escapan algunas facetas importantes, dada su ya natural incompetencia,no menos lo es que el régimen requiere de determinados niveles de confrontación y tensión que amarren o digan amarrar a sus partidarios, al menos, en la esgrima digital de cada día.
Circula la versión oficiosa de una tal Ley Constitucional del Ciberespacio, según la costumbre, para medir cuánta resistencia y beligerancia puede provocar. E, igualmente, el artefacto constituyente aprovecha de informar a sus numerosos miembros de un instrumento que tendrán que apoyar en el debate público, si fuere el caso, aunque desconozcan su propio origen, pues, apenas es un detalle ínfimo que lo voten o no.
Podemos traer a la mesa de discusión, diferentes perspectivas y enfoques, pero lo llamativo y relevante es que, por alguna enojosa razón, las mafias en el poder necesitan acordarse sobre una materia ya considerada y resignada como propia del Estado Cuartel. Vale decir, establecido el ejercicio soberano – acaso, contra-natura – sobre, en, desde o con el ciberespacio, todo se resume en un objetivo prioritario para la seguridad y defensa integral de la nación, quedando el resto, como negocio u operatividad, en un ente burocrático que sorteará o dirá sortear cupos para los proveedores afectos.
No consiguen siquiera garantías suficientes en el nivel asfixiante de control desarrollado por la CANTV y la comisaría política de CONATEL, para contener cualesquiera y mínimos intentos autónomos de las redes, tengan carácter político o no, por lo que se les antoja mejor camino el de la reestructuración y reacomodo de los servicios en formato de ciberguerra. Y es que también sufren la deserción de los especialistas que se integran a la diáspora, renegando de sus antiguas creencias, por lo que la incapacidad manifiesta en la prestación del más modesto servicio, por cierto, tendrá que ser suplida – soberamente, eso sí – por agentes foráneos.
Ahora bien, no es la primera vez que tratan de regular el ámbito de la interconectividad en Venezuela y, por lo menos, modestamente, los diputados Gregorio Graterol y Freddy Marcano, junto al que suscribe, logramos frenar un esfuerzo más o menos semejante a finales de 2015, con la otrora Ley de Comercio Electrónico que no les dio tiempo o tampoco se atrevieron a forzar. Tiempo más atrás, con motivo de la discusión de la Ley Orgánica de Cultura, en la comisión correspondiente y en las plenarias de la Asamblea Nacional, deliberadamente dejaron fuera el tema cibercultural, como no lo hacen ahora con esta pretendida ley constitucional o constituyente, aunque agotamos todos nuestros esfuerzos por incluirlo en el marco de las libertades públicas indispensables, como ha de constar en las actas de rigor de la comisión y en los diarios de debates de las plenarias de agosto de 2013.