En Venezuela no se ve solución a la crisis de hiperinflación y migración

Foto de archivo. Funcionarios de migración de Colombia revisan los documentos de personas que tratan de entrar desde Venezuela, en el puente internacional Simón Bolívar en Villa del Rosario. 25 de agosto de 2018. REUTERS/Carlos García Rawlins

 

América Latina ardió en 2018: Venezuela y una hiperinflación desbordada; Nicaragua con cientos de muertos en protestas opositoras; casos de corrupción, como el de Odebrecht que lejos de ceder mostró más tentáculos; y un tipo de migración inédita de Centroamérica a EE.UU., que amenaza con repelerla por la fuerza.

Casos en los que “el hilo conductor es un problema de debilidad del Estado de Derecho” en la región, como explicó a Efe el exvicepresidente costarricense Kevin Casas Zamora, director de Analítica Consultores e investigador de Diálogo Interamericano.





Por un lado, Venezuela vio crecer la ruptura social que se registra desde que el chavismo logró el poder hace 20 años y que en 2018 se agravó por una situación económica que la sociedad ya no soporta.

Desabastecimiento de comida y medicinas que el Gobierno achaca a una “guerra económica” y una hiperinflación que, según el FMI, será este año de 2.500.000 %, unido al irremediable enfrentamiento entre oficialismo y oposición, aumentado tras la cuestionada reelección presidencial de Nicolás Maduro en mayo pasado.

Un explosivo cóctel que ha llevado – según la ONU – a unos 2,3 millones de venezolanos a abandonar el país, de los que cerca de 1 millón están en Colombia (con campamentos improvisados en Bogotá) y cientos de miles más en Brasil (ataques xenófobos de por medio), Perú (intentos legales por limitar su entrada), Ecuador y Chile.

“La epifanía de la dictadura en Venezuela y Nicaragua ha venido a estallarles en las manos a las sociedades latinoamericanas”, aseguró a Efe el internacionalista Enrique Serrano, catedrático de la Universidad del Rosario de Bogotá.

Esto en referencia a lo vivido en Nicaragua desde abril pasado, cuando protestas contra unas fallidas reformas económicas convertidas en pedidos para que Daniel Ortega deje el poder después de once años fueron respondidas con mano dura.

El balance: entre 325 y 545 muertos según organizaciones humanitarias o 199, según el Gobierno, que dice que frustró un intento de “golpe de Estado”. Además, 610 “presos políticos” o 273 reos “terroristas”, dependiendo de la fuente.

Dos crisis ante las que no “hay ninguna salida obvia. Una de las cosas que han quedado claras en el último año, sobre todo en Venezuela, es la tremenda impotencia de la comunidad internacional para cambiar el rumbo autodestructivo de estos países que se vuelve regional”, agregó Casas Zamora.

Además, ante la denunciada persecución a los opositores, muchos han huido de Nicaragua, especialmente hacia Costa Rica, con una “alta posibilidad de que en el futuro cercano se desate una crisis migratoria”, comentó a Efe Marcelo Pisani, director regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.

Crisis migratoria que ya vive un capítulo explosivo desde que el 19 de octubre unas 9.000 personas empezaron a salir en caravanas desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia EE.UU., tras cruzar fronteras comunes y México.

Después de intentos por detenerlas e incluso amenazas del Gobierno de Donald Trump de utilizar “fuerza letal”, lo que incluyó movilizar a 5.900 militares, al menos 7.000 centroamericanos están en México, el 90 % en Tijuana a la espera de entrar a EE.UU.

“El fenómeno migratorio no se va a detener con medidas de fuerza, sino abordando las razones que lo originan”, agregó Pisani, para quien “no es un problema sino un proceso que se debe administrar adecuadamente” y debe verse “como una oportunidad inclusive para los países de acogida”, por el aporte económico y social que puede generar.

A todo esto se suman los problemas de corrupción como el caso de la constructora brasileña Odebrecht, que reconoció en 2016 haber dado 788 millones de dólares en sobornos en doce países.

El escándalo siguió cubriendo con su sombra a parte de la clase dirigente, como el fiscal general de Colombia, Néstor Humberto Martínez, señalado en medio de un oscuro episodio ligado a ese caso, y la líder opositora peruana Keiko Fujimori, que afronta en prisión preventiva desde noviembre una investigación en su contra.

Algo que, igual, debe verse en perspectiva ya que, según Casas Zamora, “la región ha creado instituciones, normas, estándares que hacen más fácil descubrir la corrupción y exigir cuentas”.

Por todo esto, en un año claramente difícil para Latinoamérica, Serrano sentenció que “las crisis no van a desaparecer pero se pueden minimizar” y que “el único remedio de corto o mediano plazo es un fortalecimiento de la unidad regional”, algo que se antoja difícil tras “el fracaso de alianzas ideológicas tipo Unasur y Alba”. EFE