El reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) indica que en Venezuela ocurrieron 23.047 homicidios durante 2018, es decir, un promedio de 63 por día. Esta cifra equivale a una tasa de 81,4 asesinatos por cada 100 mil habitantes, actualmente la más alta del planeta, superando por amplio margen a países como El Salvador (que cerrará este año con cerca de 50/100 mil habitantes) y Honduras (40/ 100 mil habitantes), los cuales se disputaban anteriormente el primer lugar de este deshonroso y sangriento ranking.
Las cifras oficiales ofrecidas por el Gobierno de Maduro son considerablemente menores que las suministradas por el OVV. Néstor Reverol indicó recientemente que en 2018 ocurrieron solo 9.675 asesinatos (más de 13 mil menos que el número del OVV), para un índice de 30 por cada 100 mil habitantes (51 puntos menos que la tasa del OVV). Es evidente que alguien miente y los ciudadanos de a pie, que son los que realmente sufren la inseguridad desbordada, saben quién es.
El informe del OVV indica también que la violencia criminal se encuentra diseminada por todo el territorio nacional, siendo Aragua el estado con mayor índice de homicidios (168/100.000hab), seguido de Miranda (124/100.000hab), Bolívar (107/100.000hab), Distrito Capital (100/100.000hab) y Sucre (97/100.000hab). Todos los estados, por cierto, gobernados por funcionarios del oficialismo.
Si bien las cifras de asesinatos del OVV para 2018 son gravísimas, no es menos cierto que representan una disminución de más de 3.000 con respecto al informe de esta ONG de 2017. Esto pudiera tener varias explicaciones. La primera de ellas está seguramente representada por la inmensa emigración de venezolanos producida en los últimos años, que algunos han estimado en más de 4 millones de personas. Esto significa menos víctimas potenciales y menos victimarios también, ya que dentro de la gran ola migratoria, igualmente se cuelan delincuentes.
Otra razón para la disminución de los homicidios pudiera encontrarse en la política de ejecuciones extrajudiciales (7.523 en 2018, según el OVV) que muchas veces se disfrazan de “enfrentamientos” y que, con un alto costo en materia de violaciones a los derechos humanos (caen muchos inocentes), ha logrado “neutralizar” a algunos delincuentes. En un país donde funcionen la democracia y las instituciones, los crimínales deberían ser enjuiciados y encarcelados hasta el cumplimiento total de la pena, no asesinados. Si la política de exterminio fuese la panacea, entonces nuestro país debería tener un índice de asesinatos similar al de Suiza, pero no es así. Los homicidios estatales ilegitiman la acción de los cuerpos de seguridad y generan un indeseable círculo de violencia.
Esta cifra de 81,4 asesinatos por cada 100.000 habitantes, con la que Venezuela cierra 2018, representa 8 veces lo que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia de violencia criminal. Un hueco muy hondo producido por la destrucción institucional y las irresponsables políticas públicas de seguridad ciudadana.
Luis Izquiel. Abogado penalista. Profesor (UCV). @luisizquiel