La sociedad civil tachirense emitió un comunicado emplazando a la Asamblea Nacional a buscar una solución inmediata radical, profunda y constitucional para salir del gobierno de Nicolás Maduro, quién planea juramentar su nuevo mandato el próximo 10 de diciembre.
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En nuestra condición de miembros de la sociedad civil, agrupados bajo la denominación de Venezuela decide…el Táchira propone, cuyas ideas contenidas en el Proyecto País Venezuela Reconciliada… Vía Constituyente, que se presenta a consideración a cada una de las regiones, en ejercicio de la soberanía popular que reside en nosotros como ciudadanos de este país; expresamos a ustedes señores diputados, representantes de los venezolanos ante la Asamblea Nacional (AN) y, por su intermedio, a los integrantes de los órganos legítimos del poder público (Poder Legislativo, Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Fiscalía General de la República), nuestra posición referente a la urgente recuperación del estado de derecho, la reinstitucionalización del país y el restablecimiento del sistema democrático, elementos conculcados y secuestrados por el régimen en su despropósito hegemónico de implantar un sistema totalitario, narcoterrorista y violador de los derechos humanos y políticos de los venezolanos.
La crisis nacional, materializada en dramáticos índices económicos, políticos y sociales, ha puesto en seria dificultad la vigencia del país como nación, con efectos que han trascendido nuestras fronteras y convertido al régimen y sus políticas de gobierno en una seria amenaza para la paz sociopolítica de la región.
Ante la situación descrita, urge una solución inmediata radical, profunda y constitucional que sustituya el modelo político y administrativo centralizador, el cual ha mantenido históricamente sometida la nación a la voluntad e intereses de caudillos.
En tal virtud exponemos:
Esta crisis, inducida e impuesta, es evidencia de la existencia de un grave vacío de poder constitucional, que obviamente no puede ser atendido con soluciones transitorias acordadas en cenáculos, entre individualidades o en grupos disminuidos en su legitimidad o carentes del necesario y mayoritario apoyo de la soberanía popular. Asimismo, la situación no puede solventarse mediante acuerdos que pretenden prolongar la ilegitimidad de origen y de desempeño de instancias como la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional Constituyente ilegitima.
En atención a lo expuesto señalamos:
1. Cualquier solución en el país debe considerar la participación de la soberanía popular, máxima expresión de poder y de gobierno que se manifieste en Consulta Ciudadana, garantizada por un Organismo Nacional Electoral Independiente con apoyo internacional, sin mediación del ilegítimo CNE, para convenir un nuevo Pacto Social que ratifique el mandato de la consulta del 16 de Julio de 2017, no atendida por los convocantes de la Asamblea Nacional. Dicha Consulta Ciudadana debe propender a la solución más conveniente a los intereses de la nación.
2. En caso de omisión del Poder Legislativo en el asunto planteado y persistir la inactividad parlamentaria sobre la harta conocida situación inconstitucional de Nicolás Maduro Moros y el vacío de poder inédito que se presenta, solicitamos a la Sala Constitucional del honorable TSJ legítimo que, con fundamento en el artículo 333 de la CRBV, decida sobre los temas trascendentales antes referidos, según los intereses supremos de la República, de conformidad con el espíritu, propósito y razón de los artículos 5, 70 y 350 constitucionales.
3. Agradecer la solidaridad y el apoyo que la Comunidad Internacional que viene manifestando al pueblo democrático de Venezuela en su lucha por el rescate de la libertad y la democracia.
En estos aciagos momentos que atraviesa el país, es obligante para esa Institución rechazar acuerdos ajenos a los intereses supremos de la nación; en caso contrario, sería prevaricar. Por tanto, sus decisiones deben estar en consonancia con el sentir del soberano pueblo venezolano y con estricto apego a la Constitución Nacional.