Fideicomiso de las prestaciones sociales en Venezuela no alcanzan para un pan

Trabajadores de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) protestan para pedir el cobro completo de su salario . EFE/Miguel Gutiérrez

 

 

El pago de los intereses del fideicomiso de las prestaciones sociales que los trabajadores esperaban en enero para resolver sus gastos hasta cobrar la primera quincena del salario del nuevo año se convirtió en sal y agua. “Después de 25 años de servicio un empleado público no compra ahora con las prestaciones sociales ni un pan campesino y mucho menos con los intereses generados en 6 meses, cuyo pago equivale a 4,68 bolívares”, aseguró Marlene Sifontes, coordinadora del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato y dirigente del sindicato del Instituto Nacional de Parques, publica El Nacional.

Por ANA DÍAZ | [email protected]

Recordó que históricamente y en muchas ocasiones el fideicomiso se utilizaba para cancelar un tratamiento médico o el colegio de los hijos. “El gobierno que se dice obrerista con su paquete económico destruyó todas las conquistas sociales de la clase trabajadora. Le robo sin pistola sus derechos”, añadió.

Marcos Morales, asesor laboral y profesor de la Universidad Metropolitana, señaló que las prestaciones se depreciaron significativamente durante el gobierno de Nicolás Maduro, pero de manera más dramática en 2018 con lo que llevó su valor a prácticamente cero.

Destacó que el proceso hiperinflacionario de los últimos dos años representa un duro golpe para los salarios y por ende para las prestaciones. Anotó que hasta 1998 las prestaciones significaban montos importantes, los cuales permitían al trabajador comprar un carro, viajar, reparar o terminar de pagar la hipoteca de una vivienda, entre otros accesos a bienes y servicios.

La Ley Orgánica del Trabajo establece que el empleador pagará 5 días de salario al mes por prestaciones sociales, que se depositará en el fideicomiso. El trabajador podrá, dos veces al año, hacer retiros parciales de su dinero o cobrar (en enero y julio) de cada año los intereses devengados conforme al salario promedio de los últimos 5 años.

Sin embargo, el experto afirmó que el esfuerzo de años de trabajo se traduce en una prestación dineraria ínfima como consecuencia de las malas políticas económicas del gobierno y más aún en 2018, con la reconversión monetaria del 20 de agosto y con una hiperinflación recrudecida.

“Antes, un profesor universitario percibía por prestaciones sociales y luego de 20 años de servicio una liquidación de 100.000 dólares hoy no llega a 10 dólares”, refirió Morales. No obstante, explicó que muchos trabajadores ganan solo salario mínimo o un poco más por lo que el pago de un año de prestaciones –equivalente a 60 días de sueldo– es de un bolívar a partir de la reconversión monetaria.

Por ello, el asesor laboral recomienda a las empresas liquidar mensualmente a los trabajadores para proteger el valor de sus haberes en los fideicomisos.

José Elías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, consideró que el desorden económico del gobierno desvalorizó de forma acelerada las prestaciones depositadas en los fideicomisos.

El directivo de la CTV advirtió que la situación se complica porque a la fecha el gobierno aún no ha publicado en Gaceta Oficial el decreto del aumento del salario mínimo de 1.800 a 4.500 bolívares mensuales a partir del primero de diciembre, lo cual dificulta el cálculo de las prestaciones y los intereses devengados.

Torres recordó que durante el gobierno de Maduro y más “desde 2015, los trabajadores incrementaron la frecuencia y los montos de los retiros de su dinero por prestaciones sociales y cajas de ahorro, fundamentalmente para comprar comida”.

Sifontes insistió en que el artículo 89 de la Constitución garantiza la progresividad de los derechos laborales, por lo cual toda acción ejecutada por el patrón que altere la intangibilidad y progresividad de esos derechos es nula. Recalcó que “los trabajadores seguirán ejerciendo todas las acciones (protestas y manifestaciones de calle) para que se restablezca el Estado de Derecho y la justicia en materia laboral”.

“Antes, un profesor universitario con 20 años de servicio percibía por prestaciones sociales una liquidación de 100.000 dólares hoy no llega a 10 dólares”, Marcos Morales, asesor laboral