Debate: “Primera fase de la ruta: usurpación, ilegalidad y nulidad”, por José Luis Farías

José Luis Farías @FariasJoseLuis

Este jueves 10 de enero de 2019, siendo exactamente las 12:12 minutos del mediodía, con un Maikel Moreno visiblemente nervioso y vuelto un ocho al momento de tomar el ilegal juramento, Nicolás Maduro Moros usurpó el cargo de Presidente de la República de Venezuela.

Fue un acto ilegal en el auditorio del Tribunal Supremo de Justicia, como lo calificara la Asamblea Nacional momentos más tarde, que rompió el hilo constitucional y acabó el Estado de derecho en el país.

Una actuación ilegal e ilegítima justificada en un discurso “impeorable”, plagado de desvaríos y circunloquios, oscilando inexplicablemente entre amenazas y ruegos pidiendo cumbres e inversiones, incapaz de convencer ni siquiera al concupiscente público presente.

La penosa parafernalia montada ni siquiera contó con el acompañamiento internacional de los viejos beneficiarios de la generosa chequera petrolera venezolana de otros tiempos.

Fue una descomunal farsa precedida de la militarización de las calles para crear un ambiente que pretendía vender la idea de un Gobierno asediado por un posible golpe de Estado, víctima de una “guerra económica” sin tregua, aludiendo a una falsa épica que pretendía esconder esconder la incapacidad y la corrupción del tirano y su pandilla de los seis.

El cinismo discursivo se desbordó cuando el subconsciente lo traicionó y en un arrebato de sinceridad confesó, con el caradurismo a la ene, que la causa de todos los males era la corrupción y el burocratismo.

El teatro terminó recalando en la Academia Militar, con un desfile en honor al usurpador, para fomentar la idea de contar con un apoyo armado que todo el mundo sabe cuan débil es en realidad.

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Antes de cualquier otro paso, consumado el delito contra el Estado venezolano y la República, es obligación de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo del Estado, actuar en correspondencia, declarar la NULIDAD de todos los actos que emanen del Poder Ejecutivo usurpado, conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución Nacional.

La situación actual es de carácter político y la Asamblea Nacional debe actuar con criterio político. Denunciada la usurpación del poder ejecutivo, la Asamblea Nacional debe decretar la ilegalidad de esa usurpación y el carácter NULO de los actos derivados de ella.

La Asamblea Nacional no debe precipitarse en sus actuaciones. Su proceder debe ajustarse a un examen y ponderación de los factores del juego político. Son muchos los riesgos que puede acarrear cualquier decisión no estudiada suficientemente.

Es comprensible la desesperación de los ciudadanos por lograr un cambio político. El país empobrecido y agobiado por el hambre, la hiperinflación y el caos de los servicios públicos demanda urgencia en la actuación, pero la desesperación no es buena consejera.

El liderazgo y la legitimidad están en el poder legislativo, no en quienes desde fuera del cuerpo pretenden imponerle cómo debe actuar. Ese poder debe ejercerlo con mucho coraje, pero con firmeza y responsabilidad.

Lo hemos dicho antes, las transiciones políticas no se decretan, se crean las condiciones para que puedan producirse y eso sólo es posible llevando bien el pulso de los acontecimientos para actuar con audacia y madurez política.

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La tiranía se ha instaurado, sin rubor de ningún tipo, con este acto de usurpación. Pero no por ello la creamos invencible, imperecedera, eterna. Está débil. Se ha instalado sin bases firmes en un país rumbo a la anarquía, camino a un mayor aislamiento internacional y hacia un descomunal desastre económico y financiero. Un escenario muy complejo que no le augura éxito alguno. Está inevitablemente condenada al más estruendoso fracaso que le pondrá fin a tan horrible pesadilla más pronto que tarde. No desesperemos.

Es un cuadro en el que terminará de hundirse. La Asamblea Nacional debe hacer lo que le corresponde decretando la ilegalidad y nulidad de sus actos, actuando conforme a ello a nivel interno y externo, con destreza política suficiente para hacerle saber a los gobiernos extranjeros y a los funcionarios de la tiranía sobre el carácter NULO de sus actos y de las consecuencias que ellos acarrean.

El tirano no podrá acordar créditos para la deuda ni establecer negociaciones sin generarle serias consecuencias a quienes se acuerden con él. Ningún nombramiento desde los ministros hasta los porteros tendrán validez. Y esa ilegalidad incluye a la Fuerza Armada Nacional.

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La amenaza de cerrar la Asamblea Nacional lanzada por miembros de la pandilla de los seis, bajo la excusa de “traición a la patria” por presuntamente ir contra el interés nacional en la reclamación del Esequibo, no debe pasar bajo la mesa. Debe tener una respuesta firme por parte del cuerpo legislativo.

Se hace imperativo recordarle al país y al mundo el expediente de entreguismo del régimen con respecto al caso del Esequibo cuyo primer y más bochornoso ejemplo fue dado por la posición asumida por el difunto Hugo Chávez ante Guyana, en Georgetown, el 20 de febrero de 2004, al decir públicamente:

“Me he comprometido con el presidente Bharrat Jagdeo a que el Gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo como me decía el presidente, proyectos de agua, vías de comunicación, energía, proyectos agrícolas, y segundo, que ante el surgimiento de cualquier proyecto más sensible, inmediatamente nos activamos ambos para revisarlo, en la comisión binacional de alto nivel y buscarle salidas”.

El poder legislativo debe desenmascarar la patraña urdida por la tiranía para intentar intimidar e incluso defenestrar a la Asamblea Nacional con el falaz argumento del punto 9 de la Declaración de Lima aprobada en rechazo a la usurpación del poder ejecutivo en Venezuela.

Este no es un tema menor por cuanto la tiranía lo ha utilizado groseramente este para amenazar con disolver la Asamblea Nacional. Y en especial para intentar ganar apoyo en el seno de la Fuerza Armada Nacional, manipulando la sensibilidad que el mismo genera en la fibra nacionalista del cuerpo armado.

Debe dejar en claro que ese inexplicable inciso 9 fue rechazado por el cuerpo legislativo a través de un acuerdo de la Comisión Especial que dirige el diputado William Dávila dejando en claro su sorpresa rechazo a la inclusión de ese tema bilateral en la Declaración del Grupo de Lima y defendiendo que nuestra reclamación sobre el Esequibo debe seguirse con base a los Acuerdos de Ginebra.

Pero en particular, la Asamblea Nacional debe levantar el expediente entreguista de la tiranía que prácticamente entregó el Esequibo a Guyana. Además de cuanto bochornoso acto de entrega de las riquezas de la nación concentrada en el Arco Minero a socios tan impresentables como la FARC y el ELN.

La lucha se va a tornar muy dura, pero tengamos la convicción de que saldremos victoriosos de ella si nos mantenemos unidos con el objetivo claro de producir el cambio político que demandan los venezolanos. No será fácil, pero en Unidad es posible.