Cuando analizamos los procedimientos aplicados para prorrogar el mandato presidencial por 6 años más. Se hace evidente que no se cumplió con lo establecido en la Constitución. Creando observaciones validas ante los distintos viciados procedimientos implementados, los cuales, fueron considerados contrarios a la normativa legal vigente.
Por: Vicente Brito
Nos vamos a referir al proceso de convocatoria a la elección presidencial. Cuando se realizó siete meses antes de la fecha que indica la Constitución. En una elección donde se impuso una agenda electoral que evidentemente fue favorable al candidato oficial, no escuchando a las distintas opiniones emitidas por las instituciones más representativas del país. Con la participación de candidatos postulados por apenas una fracción de la mayoritaria base opositora, ya que ante la falta de respuesta a sus planteamientos, los demás decidieron no participar.
La cantidad de electores en esta consulta electoral no alcanzo más de un tercio del número de inscritos, incluso hubo múltiples denuncias realizadas por observadores nacionales e internacionales de que el total de los que participaron fue mucho menor al número final que fue publicado como el resultado de la consulta.
Otra observación valida es que el organismo electoral tenía su periodo vencido y le correspondía haber sido designado por la Asamblea Nacional de acuerdo a lo establecido en la Constitución. Procedimiento que no se realizó y se procedió a convocar a esta consulta sin atender las observaciones realizadas por los distintos partidos políticos y muchos de estos declarados inhabilitados para participar en el proceso electoral; tomándose una serie de medidas que fueron ampliamente favorables al candidato a la reelección.
Todos los llamados realizados por los organismos internacionales para darle la mayor transparencia a esas elecciones fueron ignorados y calificados de injerencistas.
Pero lo que hace más evidente el desacuerdo popular, son los altos niveles de desaprobación de la gestión de gobierno, causadas por la mayor crisis socioeconómica, que haya afectado a las familias Venezolanas, desde que el petróleo se convirtió en nuestra principal fuente de ingresos.
Todo lo cual nos indica que para la elección de este nuevo periodo presidencial no se cumplieron con los requisitos que establece la Constitución y no se escucharon, ni se aceptaron los pedimentos de las más importantes instituciones nacionales. Cuyos razonamientos jurídicos sustentados en la Carta Magna sobre la elección presidencial fueron y siguen siendo ignorados.