Denuncian que en operativos de las Faes han sido asesinados trabajadores del Clap y Plan Chamba Juvenil

Foto: Alcaldía del Municipio Zamora

 

 

Crónica.Uno ha constatado 14 muertes por las FAES durante dos semanas de enero de este año en Miranda y Distrito Capital, es decir, al menos, un muerto por día.

Por Claudia Smolansky @clausmolansky

Beiker Viera Figueredo, de 26 años, vivía en el Barrio Bolívar, Petare, era dirigente del Consejo Comunal del sector y trabajaba en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), programa promovido por el Estado para que las propias comunidades distribuyan los alimentos en sus zonas pero, que ha sido criticado por distintas ONG por su discriminación política. No obstante, no hay partido político que valga cuando las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) realizan sus operativos.

A las 5:40 am del pasado lunes 14 de enero, este cuerpo de seguridad adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ingresó sin orden de captura o allanamiento al hogar de Beiker e inmediatamente detuvieron a su mamá, Belkys Figueredo, a sus dos hermanos menores de edad y al novio de la madre. Este grupo permaneció cuatro horas retenido en una sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), en el Llanito. A las 10:00 am pudieron regresar al barrio. Nunca les dijeron los motivos de su aprehensión.

Al volver, los más de 30 funcionarios, según cuenta Figueredo, permanecían en el lugar. “A mi casa no me dejaron entrar. Los tipos tampoco me decían nada hasta que me vieron desesperada mientras gritaba que no aguantaba más el dolor y sufrimiento. Entonces, me dijeron que mi hijo estaba herido en el hospital Domingo Luciani”, detalla Figueredo.

Cuando llega al centro hospitalario, ubicado también en El Llanito, a las 2:00 pm, el equipo médico le informa que su hijo había ingresado sin signos vitales a raíz de dos tiros en el pecho.

Viera Figueredo deja a un hijo de 6 años. Su madre recuerda que una vez tuvo problemas con la justicia y, supuestamente, pagó su condena. Esto ocurrió hace más de 10 años, cuando el joven era menor de edad y fue acusado por porte ilícito de armas. Por esa acusación estuvo preso dos semanas en “Cochecito”.

La reciente investigación del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) arroja que en el 2018 aumentaron considerablemente las muertes por resistencia a la autoridad, lo que en definitiva, según el director de la institución, Roberto Briceño León, son presuntas ejecuciones extrajudiciales. A su criterio, reducir delincuentes, no es la respuesta para reducir la delincuencia.

“Este incremento dramático representa un aumento en la acción represiva en su peor forma y no un incremento de la seguridad ciudadana. Esto debilita la institucionalidad, imagen y por ende, el respeto hacia los cuerpos de seguridad”, aseveró en la presentación del informe en los últimos días del mes pasado.

El estudio indica que 7523 personas murieron a manos de cuerpos policiales en el 2018, casi 2000 personas más en comparación al año pasado, considerando que fueron 5535, lo que representa un incremento de 36%.

Otro trabajador de los programas del Gobierno murió en uno de estos operativos policiales. Se trata de Yoel Oropeza, de 30 años, quien trabajaba en Plan Chamba Juvenil, que, según información oficial, está dirigido a la juventud con el propósito de “incorporarlos a la ocupación laboral y productiva”, en los sectores de salud, educación, mantenimiento urbano o recreación.

Al apartamento de Oropeza, ubicado en el piso 4 de la Torre 35 de Ciudad Tiuna, llegaron los efectivos de las FAES a las 5:00 am el pasado viernes 11 de enero. Allí mismo dispararon, cuentan vecinos y allegados. Luego, los funcionarios se dirigieron al piso 3 y accionaron sus armas contra el hermano de la víctima, Yoswel Oropeza, de 28 años y quien estaba desempleado. Ambos eran oriundos de La Guaira, estado Vargas pero tenían casi dos años viviendo en este complejo situado en las parroquias de Coche y El Valle.

“Les sacaron las muelas y los dientes”, cuenta un amigo que retiró los cuerpos y prefirió resguardar su identidad. El mismo asevera que los hermanos habían estado detenido junto a su persona en dos oportunidades. La primera fue hace cuatro años durante una redada en el Guarataro, donde supuestamente les “sembraron” armas. Estuvieron presos seis meses en Zona 7, Boleíta. La segunda vez ocurrió cuando los tres amigos fueron acusados por robo en el 2017 en La Guaira y pagaron una condena de ocho meses en el retén de Macuto.

Yoel tenía dos hijos, mientras que Yoswel deja a tres niñas menores de edad. Los pequeños viven con sus madres en La Guaira.

Juan Castillo Alzuro, de 38 años, no trabajaba en ninguna institución o programa del Gobierno. Era gruero desde hace seis años. También, era hijo único. Vivía con su padre, quien lleva su mismo nombre, en la Torre G4, situada en Montalbán, sector Juan Pablo II. Pero ni la fé o el catolicismo salvan a los vecinos de esta zona.

Hace mes y medio, Juan José Castillo, recuerda a los funcionarios de las FAES arrastrar un cuerpo envuelto en sábanas blancas desde el piso 5, es decir, un piso más de donde se encuentra su apartamento. Siempre rezó para que nada malo le ocurriera a su hijo. Pero, el pasado lunes 14 de enero, las FAES decidió lo contrario.

Al culminar su turno de vigilancia en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Juan José se dirigió a su casa. Lo que encuentra es que estos funcionarios estaban “vigilando” la zona y le indican que vaya hacia el hospital Miguel Pèrez Carreño, en La Yaguara. En este lugar encuentra a su hijo muerto. También envolvieron su cadáver en una sábana blanca para trasladarlo al centro hospitalario, declararon testigos de los hechos.

Castillo denuncia que las FAES se robó numerosas pertenencias de su casa. “Se llevaron mi decodificador de Directv, un reloj, mi cámara filmadora y hasta una plata que tenía en efectivo que utilizo para pagar el condominio”, expresa. Desconoce cuántos impactos de bala recibió su hijo y, asevera, que la víctima no tenía antecedentes penales.

Entre abril de 2017 y diciembre de 2018, Monitor de Víctimas registró 2707 homicidios en el estado Miranda y Distrito Capital. De ese total, 36 % han sido bajo acciones de cuerpos de seguridad del Estado, con 987 muertes. Por otro lado, Crónica.Uno ha constatado 14 muertes por las FAES durante dos semanas de enero de este año también en Miranda y Distrito Capital, es decir, al menos, un muerto por día.