Los hombres no tienen más que dos medios principales para dominar los unos a los otros: la fuerza y la ignorancia. Al volverse con el tiempo más civilizada y más estable la sociedad, las diferentes relaciones entre los hombres se hacen más complicadas y numerosas. La necesidad de las leyes civiles se hace sentir vivamente. Entonces nacen los legisladores, que con las décadas, se han alejado drásticamente de su función, que es promover y defender en TODOS LOS INDIVIDUOS sin excepción, EL DERECHO A LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD LEGÍTIMA, derechos a través de los cuales se construido la civilización occidental.
No es el uso del poder o el hábito de la obediencia lo que deprava a los hombres, sino el desempeño de un poder que se considera ilegítimo, y la obediencia al mismo si se estima usurpado u opresor. No puede pues introducirse en la sociedad una mayor desgracia que ésta: la ley convertida en instrumento de expoliación, siempre al servicio de los caprichos de gobernantes y legisladores en nombre del “bien común”, que lícito es decirlo, la abundante experiencia nos demuestra que este supuesto bien común, termina beneficiando sólo un reducido grupo de individuos: los gobernantes y legisladores mismos, sus familias y sus allegados, porque en Venezuela, gracias a la redistribución de la riqueza y peor aún, luego del socialismo carnívoro y radical, no fue el jornalero pobre y semianalfabeta el que terminó de próspero empresario o acaudalado hacendado, sino más bien otro tipo de pobre más especifico: aquel que viniendo de un hogar con dificultades económicas, eligió el camino de la política partidista bajo la excusa de servir a los demás para finalmente servirse a sí mismo usando para ello, el poder y los recursos de todos aquellos que se suponía su derechos defendería. Podría decirse que son estas gentes de la clase más despreciable de ser humano, que no merecen la más mínima adulación sino el repudio y la condena de la sociedad entera.
Aunque no son los únicos en nuestro país, donde el pillaje político partidista ha sido la norma, podemos citar a Hugo Chávez y su camarilla de perversos y sanguinarios ladrones, como máximos exponentes de aquellos pobres, que viniendo de la estrechez económica, se han apoderado de un país, convirtiéndose ellos mismos en groseramente multimillonarios sin vergüenza o pudor alguno.
Hacer reinar la justicia se encuentra implícito en la esencia de la ley, de allí parte su necesidad. Ley y justicia suelen ser un todo dentro del espíritu de la mayoría de las gentes, por lo que es frecuente asumirse que ley y justicia son sinónimos. Todos tenemos cierta inclinación a considerar lo legal como legítimo y, muchas veces, dando por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta con que la ley consagre y establezca una arbitrariedad para que ésta parezca justa y sagrada, y con ello, desaparezca toda posibilidad de crítica u oposición racional. La esclavitud, el monopolio, el tráfico de influencias, los sobornos, el amiguismo, el partidismo, los privilegios para los que detentan el poder y sus allegados, encuentran defensores no sólo entre los que de ello disfrutan, sino también entre los por ello padecen, que muchas veces, la única objeción que al respecto poseen, es el hecho de ser ellos excluidos del reparto del botín.
“La perversión de la ley provoca distorsiones y conflictos sociales a gran escala”, me decía en días pasados el joven profesional del derecho Jonathan José Zambrano González, un hombre libre y de buenas costumbres, poseedor de una profundidad filosófica admirable, comprometido con un cambio de gobierno en Venezuela y también, estudioso de todos los modelos y sistemas de gobierno en la búsqueda de aquel que nos permita construir el país que requerimos.
Mientras sea admitido como principio respetable el hecho de que la ley pueda desviarse de su función original, violentando en los individuos sus derechos a la vida, la libertad y la propiedad legítima en lugar de defenderlos y garantizarlos, cada sector de la sociedad querrá echar mano de la ley para protegerse a sí mismos de la expoliación y en todo caso, organizarla en detrimento de todos los demás.
Ocurre que allí donde los derechos naturales son atacados por las instituciones estatales, la ley participa y promueve la expoliación, es decir, el robo institucional. Algunas veces la ejerce mediante su propia mano, a fin de ahorrarle al beneficiario la vergüenza o el riesgo de ejercer el robo de forma directa y a mano armada como un ladrón común, poniendo todo el aparato de tribunales, juzgados, policías y prisiones al servicio del victimario , tratando como criminal a la víctima que se defiende, pero no hay diferencia en la esencia de un ladrón común que arrebata el teléfono celular a un transeúnte desprevenido respecto a un funcionario estatal que mediante la ley despoja a un individuo de su propiedad legítima.
Frédéric Bastiat, hizo una maravillosa descripción de la situación:
“La expoliación legal puede ejercitarse en una multitud, infinita de maneras; de ahí la infinita multitud de planes de organización: tarifas, proteccionismos, primas, subvenciones, fomentos, impuestos progresivos, instrucción gratuita, derecho al trabajo, derecho a la ganancia, derecho al salario, derecho a la asistencia, derecho a los instrumentos de trabajo, gratuidad del crédito, etc. Y es el conjunto de todos aquellos planes, en lo que tienen de común que es la expoliación legal, lo que toma el nombre de socialismo.”
El socialismo sigue siendo tan llamativo en la actualidad, aún a pesar de sus hambrunas y genocidios bien conocidos en la humanidad, porque han logrado, entre otras cosas, insertar con éxito la absurda idea de que la ley más que justa, debe ser filantrópica. No se está conforme con que la ley garantice a los individuos sus derechos a la vida, libertad y propiedad legítima y con ello, el ejercicio pacifico de sus facultades, sino que exige que se esparza sobre la nación, el bienestar y la moral revolucionaria basada en la igualdad, aunque para ello, se deba despojar a los individuos de su libertad como derecho supremo, ya que es imposible imponer legalmente la igualdad y la fraternidad sin que la libertad termine destruida y la justicia legalmente pisoteada. Caso patente de ello son las recientes declaraciones del nefasto e ilegítimo Ministro de Educación en Venezuela, Aristóbulo Istúriz, donde afirma que en el sector educativo, el personal administrativo, obrero y docente deben ganar por igual, pero hay que entender que nunca dirá que él como “ministro” debe ganar igual sueldo que ellos.
Entiéndase pues que la ley es la fuerza y que por lo tanto, la esfera de acción de la ley no puede extenderse más allá del legítimo campo de acción de la fuerza. Cuando la ley y la fuerza circunscriben a un hombre dentro de la justicia, no le imponen otra cosa que el compromiso de respetar en otros los derechos que reclama para sí mismo. No le imponen más que la abstención de dañar a otros. No atentan ni contra su personalidad, ni contra su libertad, ni contra su propiedad. Tan sólo salvaguardan la personalidad, la libertad y la propiedad de los demás.
La ley y la fuerza se mantienen a la defensiva: defienden el igual derecho de todos. Llenan una misión cuya inocuidad es evidente, de utilidad palpable y cuya legitimidad no se discute. Debe decirse: “La finalidad de la ley está en impedir el reinado de la injusticia”. En efecto, no es la justicia quien tiene existencia propia, sino la injusticia. La una es resultado de la ausencia de la otra. Pero, cuando la ley ,por intermedio de su agente necesario, la fuerza, impone un modo de trabajo, un método o una materia de enseñanza, una fe o un culto, no actúa ya en favor de la libertad; actúa en forma impositivamente dañina sobre los hombres. La voluntad del legislador sustituye a la libre iniciativa. La persona no tiene ya para qué reflexionar, comparar o prever; todo eso lo hace por ellos la ley. La inteligencia les resulta un artículo inútil; cesan de ser hombres; pierden su personalidad, su libertad y su propiedad. Pasan a ser los ciudadanos, en el mejor de los casos, eternos adolescentes necesitados de tutela, cuando no, esclavos igualados las bestias
Intente imaginar una forma de trabajo impuesta por la fuerza que no constituya una violación a la libertad; una transmisión de riqueza por la fuerza, que no sea un atentado a la propiedad, es decir, un robo disfrazado de altruismo. Al ver que aquello resulta imposible, debe reconocerse que la ley no puede organizar el trabajo y la Industria, sin organizar la injusticia.
Cuando un político de corte intervencionista o socialista propiamente dicho, desde el aislamiento de su oficina ubicada probablemente en un rascacielos, pasea su mirada sobre la sociedad, se conmueve por el espectáculo de desigualdad que se le presenta. Se lamenta por los sufrimientos de un gran número de nuestros hermanos, sufrimiento cuyo aspecto se hace aún más entristecedor por el contraste con el lujo y la opulencia, claro está, la opulencia y lujos de aquellos que la han ganado de forma honesta, porque nunca objeta los lujos y la opulencia de su propia forma de vida que es pagada por todos, incluidos aquellos pobres que le causan aflicción.
Tal vez correspondería preguntarse si tal estado de degeneración social no tiene por causa la ausencia de libertad individual violentada por intermedio de las leyes por él mismo aprobadas. Debiera preguntarse si realmente, él desde una oficina está en la capacidad de organizar eficientemente la vida de millones de ciudadanos, que nunca conocerá como individuos, sino que se le presentan como un número, una cifra, una estadística. Ni siquiera se formulan tales preguntas. Dan por sentado, que ellos están dotados de poderes más allá de la inteligencia humana común y vulgar. El pensamiento apunta a combinaciones, arreglos y organizaciones legales o ficticias partiendo de una sociedad centralmente organizada desde la burocracia estatal. Se busca el remedio en la exageración y perpetuación de lo que produce el mal.
Pero no todo son malas noticias, es positivo resaltar que en Venezuela, gracias a la tragedia socialista que arrastramos desde hace décadas y cuyo punto máximo hemos alcanzado con el chavismo en representación del más rancio y salvaje socialismo, las ideas liberales, denunciadas por Hugo Chávez como “neoliberalismo salvaje” vienen creciendo con fuerza abrumadora en amplios sectores de la población, una clase trabajadora y empresarial decente, que como con frecuencia afirman mis Queridos Hermanos Raúl Manuel Coello Blonval y José Vicente Covuccia, a través del esfuerzo, el mérito y el talento, insisten en continuar día a día, a pesar de la adversidad, en construir una Nación próspera, basada en los derechos inalienables de vida, libertad y propiedad legítima, bajo un estricto sistema jurídico de igualdad de todos ante la ley. Nuestro RENACIMIENTO viene en camino.
José Daniel Montenegro Vidal. Ingeniero mecánico de profesión. Coordinador para la democracia de la Fundación Educando País. Email: [email protected]