La Unión Europea (UE) expresó este lunes su disposición a “responder” a cualquier deterioro de la situación en Nicaragua y urgió al gobierno nicaragüense a detener la “represión” y liberar a las personas “ilegalmente encarceladas”.
La UE advirtió que supervisará “atentamente la situación” y subrayó “su disposición a hacer uso de todos los instrumentos” y “responder a cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y el Estado de derecho”.
Con esta declaración adoptada en una reunión en Bruselas, los cancilleres de los 28 países europeos aumentan la presión sobre el gobierno nicaragüense, de cara a lograr una “salida pacífica y negociada a la crisis”.
Nicaragua se encuentra sumida en una crisis política desde abril, cuando una fallida reforma del seguro social desató inesperadas protestas, que se trasformaron en una ola de manifestaciones para pedir la renuncia del presidente Daniel Ortega.
Según grupos humanitarios, al menos 325 nicaragüenses murieron durante las protestas por el “uso excesivo de la fuerza” por parte del gobierno, y más de 600 están presos por participar en las manifestaciones.
“La UE condena con firmeza la represión de la prensa y la sociedad civil y el uso de leyes antiterroristas para reprimir opiniones discrepantes”, agrega la declaración, que habla de “irregularidades generalizadas”.
Los europeos piden así que se “ponga fin a la represión” y se “liberen a todas las personas que fueron ilegalmente encarceladas y aseguren que en todo momento se respetan las garantías procesales y se garantiza un trato justo”.
Para el bloque, la “única manera de abordar la crisis actual” es con un diálogo que “incluya la adopción de reformas electorales con el fin de garantizar unas elecciones dignas de crédito”. La UE urge así a Managua a dialogar.
Aunque no hablan explícitamente de sanciones, el canciller español, Josep Borrell, indicó que las eventuales “medidas” de la UE podrían ser “sanciones” pero también “apoyo para que se puedan celebrar elecciones en Nicaragua”.
“Venezuela y Nicaragua son las mayores crisis que está viviendo América Latina en mucho tiempo” y “Europa no puede no ocuparse de eso”, aseguró Borrell, a su llegada a la reunión.
Venezuela, un aliado de Nicaragua, se convirtió en 2017 en el primer país de América Latina sancionado por la UE por el deterioro, a su juicio, de la democracia, los derechos humanos y el Estado de derecho.
Los europeos impusieron un embargo de armas y sancionaron a 18 altos funcionarios, entre ellas la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quienes se les prohíbe viajar al bloque y se les congelan los activos en suelo europeo. AFP