Provea y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social han identificado al menos a 14 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones registradas en Caracas y otras ciudades del país entre los días 22 y 23 de enero. La totalidad de estas muertes se produjeron por impacto de bala, en contextos en los que agentes de la fuerza pública y agrupaciones paramilitares actuaban en labores de represión de protestas. Así lo reseña derechos.org.ve
Barinas acumula el mayor registro de personas fallecidas con 4 muertes, todas ocurridas durante las protestas realizadas hoy luego de la convocatoria hecha por la Asamblea Nacional. Le sigue los estados Táchira y Distrito Capital con tres muertes cada uno; Amazonas y Bolívar con dos muertes confirmadas y finalmente Portuguesa, con una muerte confirmada.
13 de las víctimas eran de sexo masculino y una de sexo femenino. Las edades de las víctimas oscilan entre los 47 y los 19 años de edad. Y en 13 de los casos registrados, los asesinados participaban en protestas pacíficas que fueron atacadas por agentes de la fuerza pública y/o agrupaciones paramilitares.
Los fallecidos han sido identificados como: Alixon Osorio Dos Santos Pizani (19); Stefany Maholy Layoy Natera (22); Franklin Alexánder Figuera; Carlos Alfredo Olivares Bonalde (30); Yeimbert José Rangel (24); Efrén Sandalio Castillo (47); Yhonny Alejandro Hernández Ojeda (27); Wilmer Antonio Zambrano (28); Edwar José Marrero (21); Gustavo Ramirez (26); Wilmer Mendoza (39); Ivan Antonio Alvarez Fernández (21); Juan Rafael Medina Torres (19); Luigi Guerrero Ovalles (24).
Provea condena la muerte de más venezolanos en protestas y alerta los graves riesgos para la vida e integridad de manifestantes, que supone la abierta actuación de cuerpos élites como el FAES y CONAS, en la gestión de manifestaciones. Estos órganos no poseen competencias, equipamiento y entrenamiento para gestionar manifestaciones con apego a los principios de uso progresivo y diferenciado de la fuerza.
La muerte de estos 14 venezolanos eleva a 229 el total de fallecidos en protestas desde que Maduro asumió el poder en 2013. Desde abril de ese año y hasta el presente, ha sido reiterado el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley, tanto en labores de lucha contra el delito, como en actividades vinculadas a la gestión de manifestaciones. La respuesta de Maduro frente a la conflictividad social ha sido una demostración constante de autoritarismo y aliento a la comisión de abusos contra los Derechos Humanos.
Desde 1991, al menos 312 personas han perdido la vida en el contexto de manifestaciones en Venezuela. 82 de estas muertes (26,28%) se produjeron en el período comprendido entre 1991-2012, mientras que durante la estadía de Nicolás Maduro en el poder (2013-2019), un total de 229 personas (73,39%) fallecieron en el contexto de protestas. En seis años, Maduro casi triplica el total de fallecidos en protestas durante 21 años que comprenden los mandatos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera y Hugo Chávez Frías. Estas cifras reflejan dramáticamente la ausencia de garantías reales para el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica en nuestro país y la respuesta autoritaria del Estado frente a la conflictividad social. La mayoría de estas muertes se produjeron debido a la actuación de agentes de la fuerza pública, y más recientemente debido a la participación de agrupaciones paramilitares.
Estas muertes son principalmente consecuencia del recurrente patrón de uso excesivo de la fuerza para la gestión de manifestaciones públicas por parte de policías y militares; de la ausencia de controles efectivos para regular la actuación de los agentes de la fuerza pública en labores de control del orden público; ausencia de mecanismos efectivos de rendición de cuentas por parte de los mandos de policías y militares durante la gestión de manifestaciones; y de un abierto aliento a la represión por parte de altos funcionarios del Estado venezolano, al calificar anticipadamente como violentas todas las manifestaciones convocadas por el retorno a la democracia en el país o por la exigencia de reivindicaciones sociales.
La extinción del Estado de Derecho mediante la ampliación de un cerco jurídico que restringe los derechos de manifestación, asociación y libre expresión; la respuesta cada vez más autoritaria a la conflictividad social mediante la criminalización y represión a manifestantes y disidentes políticos; y la abolición de la Constitución Nacional mediante la construcción de una “legalidad” e “institucionalidad” alterna, han allanado el camino para que la dictadura aplique más fuerza para someter al pueblo a condiciones dramáticas de subsistencia.