La responsable del Comité de Presos Políticos de Voluntad Popular y diputada a la Asamblea Nacional de Venezuela, Adriana Pichardo, denunció la arbitraria detención de Laura Gallo, dirigente regional de la tolda naranja en Yaracuy y madre del coordinador regional de VP en la entidad, Gabriel Gallo.
Aseguró que pretenden vincular a Laura Gallo, sin pruebas de ningún tipo, con los hechos de violencia desencadenados como consecuencia de la brutal e injustificada represión por parte de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares afectos al régimen de Nicolás Maduro, quienes bajo las órdenes del gobierno regional, agredieron a la multitudinaria marcha cívica y pacífica realizada el pasado 23 de enero en el estado.
“Las imputaciones arbitrarias que públicamente y sin base ha hecho el gobernador del régimen Julio León Heredia ofenden la dignidad de nuestra dirigente Laura Gallo, cuya trayectoria es ampliamente conocida por la opinión pública. Este caso es una expresión del constante atropello a la mujer yaracuyana y venezolana, sometida diariamente a las calamidades y las carencias impuestas por el régimen del usurpador Nicolás Maduro”.
La también diputada al Parlamento del Mercosur (Parlasur) exigió respeto a los derechos humanos de Laura Gallo y de los venezolanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta pacífica en todo el país. “Rechazamos categóricamente su detención arbitraria y exigimos el respeto de sus derechos civiles y constitucionales, que conlleven a su inmediata libertad. Exigimos la libertad de los demás ciudadanos que, con similares imputaciones y falsedad de pruebas, permanecen detenidos por el solo hecho de participar en una cívica manifestación sin precedentes en la historia de nuestro estado Yaracuy, en defensa de sus legítimos derechos y por el restablecimiento de nuestra democracia”.
Finalmente, la parlamentaria lamentó el vil asesinato de venezolanos en manos de la Guardia Nacional, cuerpos de seguridad del Estado y paramilitares oficialistas. En este sentido, se solidarizó con los familiares de Daniel Veliz, joven yaracuyano de 18 años que recibió un impacto de proyectil mientras protestaba en la Plaza Sucre de Yaracuy.
“Estos hechos contradicen su deber constitucional de velar por la seguridad y los bienes de los ciudadanos. Lamentamos profundamente el vil asesinato de un joven a manos de un funcionario del entorno gubernamental, hecho que enluta a familias yaracuyanas y pasa a engrosar el prontuario de quienes nos gobiernan en estos momentos”.
Nota de prensa