La institucionalidad está fracturada. Dos poderes ejecutivos: el de iure Guaidó y el de facto. Dos legislativos: la Asamblea Nacional y la Constituyente, que también legisla. Dos judiciales: el express y el que opera en el exilio. Dos fiscalías. La crisis tiene que ver con un régimen que no acepta disidencias.
A partir de la derrota que sufriera el oficialismo en las parlamentarias, profundizó las violaciones a la Constitución. La figura del supuesto desacato indefinido del parlamento cercena el principio de independencia, autonomía y balance entre los poderes.
Antes que el parlamento seleccionara los nuevos magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, entre gallos y media noche y saltándose todos los lapsos, el saliente designó a los máximos jueces y a sus suplentes dentro de sus propias filas. Más tarde el legislativo en funciones seleccionó conforme a la ley, el Tribunal que hoy se encuentra operando en el exilio. El referéndum revocatorio consagrado en la Carta Magna para mitad de periodo tampoco pudo realizarse, a pesar de que la oposición recogió las firmas. Para la Constituyente no sólo no realizaron la consulta aprobatoria, sino que además la escogieron dentro de sus propios padrones electorales como por ejemplo el de las comunas. Una Constituyente debe ser sobretodo para realizar una Constitución y esta se perpetúa y legisla como sino existiera el parlamento. La fiscal Ortega Díaz apenas se declaró en desacuerdo con una decisión del Ejecutivo fue obligada a abandonar el cargo y tuvo que salir de manera abrupta como los magistrados legítimos, antes de ser capturada.
En diciembre de 2018 debían realizarse las presidenciales, que sin embargo se celebraron antes, de manera extemporánea y sin consenso. Se efectuaron sin la observación electoral internacional requerida y con los principales partidos y líderes opositores inhabilitados, presos o en el exilio. El ventajismo fue vergonzoso, a tal punto que se ofreció un bono por votar al gobierno y se cruzó el carnet de la patria con las bolsas de comida y los programas sociales.
Hoy hay más de 500 presos políticos y el número de asesinados en las protestas a partir del 2017 se acerca a los dos centenares. En medio de una situación económica insostenible y de un pueblo que rechaza en un 80% a Maduro ¿Se dividirán las Fuerzas Armadas como los demás poderes públicos? o ¿Le pedirán al unísono la renuncia al usurpador? Lo último es lo más sensato, para evitar derramamientos de sangre y devolver el país a la prosperidad y a la democracia.
@OscarArnal