ONG Justicia Venezolana rechaza privativa de libertad contra niños venezolanos

Menores de edad presos – Foto referencial

 

Las abogadas y directoras de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo y Neida Pérez, condenaron este martes que, al menos, 77 menores de edad, entre adolescentes y niños, se encuentren hoy detenidos y con medida privativa de libertad en diversos estados del país por su presunta participación en las protestas ciudadanas registradas.

Las profesionales del derecho, detallaron que los principales estados donde se han registrados más detenciones son Yaracuy, con 12 menores de edad privados de libertad, Guárico, con 21 adolescentes tras las rejas; Aragua, con 11 detenidos de 20 que fueron aprehendidos; y Carabobo, entidad en la cual de nueve adolescentes presos, ocho continúan tras las rejas.

“Se trata de una violación flagrante a los principios de protección a los adolescentes previstos en el artículo 78 de la Constitución vigente, donde se establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derecho y estarán protegidos por la legislación, órganos y tribunales especializados, los cuales respetarán, garantizarán y desarrollarán los contenidos de esta Constitución, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados internacionales que en esta materia haya suscrito y ratificado la República”, aseveró Camejo.

Por su parte y destacando que en el estado Cojedes fue apresado una persona con síndrome de Down, Pérez hicieron un llamado de atención a los Fiscales a garantizar el cumplimiento de lo tipificado en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente (Lopna) para que impidan se sigan perpetrando violaciones a los derechos humanos de infantes venezolanos.

Ambas coincidieron en condenar la actuación la Juez de Responsabilidad Penal del Adolescente en el estado Yaracuy, Ediluh Guedez, quien reconoció haber privado de libertad a menores de edad por presiones del gobernador de la entidad, Julio León Heredia. Exigieron en tal sentido respeto a la independencia de poderes, al tiempo que recodaron que los delitos de Lesa Humanidad no prescriben.