Si algo ha caracterizado al régimen despótico, usurpador, de Nicolás Maduro, ha sido su inescrupulosa manera de enfrentar a la disidencia. Un régimen basado en el terror, como toda dictadura, tiene en la muerte, en la persecución, en la tortura, en la prisión, en el exilio, en el destierro, en el miedo, parte fundamental de su “sustento” político. Si bien los presos se habían venido equilibrando entre civiles y militares desafectos a la tiranía; a partir de este 23 de enero los prisioneros civiles vuelven a ser una muy marcada mayoría. Los muertos, en su casi totalidad, sí han sido civiles.
Lo señalan todas las ONG´S dedicadas a estudiar la violencia y a defender los Derechos Humanos en Venezuela, con alarma y desespero: están matando más y más jóvenes, están apresando más y más jóvenes, de las barriadas populares, de cualquier parte del país. Así ocurrió en Yaracuy con un diputado como Biagio Pilieri abrumado por levantar las cifras, por determinar la reclusión, para concluir que en las presentaciones, todos los llevados a tribunales fueron, por órdenes políticas generales, privados de su libertad. Y así: en Portuguesa, en Amazonas, en Caracas. Matan y apresan muchachos, adolescentes, infantes, que defienden su ideal de libertad, su posible futuro, ya imposible para algunos, quienes quedaron despedidos para siempre, tendidos en el pavimento o en la tierra, con su dolor a cuestas y el de sus familiares, sumado a todo un inmenso dolor colectivo en Venezuela.
Este otro derramamiento de sangre en nuestro país tan solo por alzar una voz de protesta, que es espíritu nacional en procura de la liberación, tiene que tener sus consecuencias. A los asesinos debe caerles el más rudo peso de la ley, al igual que a quienes ordenaron disparar a agentes de distintas fuerzas policiales, militares, parapoliciales o paramilitares. En ese sentido, ha sido categórico y necesario el llamado que ha efectuado valientemente el presidente encargado (reconocido ya por más de medio mundo y casi todo el país) Juan Guaidó, en varios sentidos: en el de que los militares, agentes policiales, y otros ciudadanos portadores de armas (muchos, demasiados) depongan su asesina actitud, acabadora de juventud. Y, por otro lado, otro de los llamamientos principales es el de que se plieguen finalmente a respaldar al gobierno de transición por él presidido. Así: que se evite la violencia, para lo cual, como hemos sostenido algunos, no es necesaria una amnistía sino el compromiso definitivo de la palabra empeñada, de que serán recibidos buenamente, si no han cometido delitos de lesa humanidad, durante la transición y luego de ella, que no perderán sus carreras ni los beneficios que las sustentan, que serán útiles y necesarios en la reconstrucción del país que nos espera a todos, hermanados y laboriosos para su recuperación en la mayor paz posible, con la mayor evitación posible de violencia.
La violencia y la muerte no pueden seguir siendo el resultado para quien ideológicamente se opone. La ruta debe ser, como está trazada: la del respeto de la Constitución, los Derechos Humanos y las leyes, la del desarme más absoluto de la población, la del control de las armas y la defensa de las leyes, de la soberanía nacional, por parte de los militares, y, finalmente, las elecciones decantadoras de las posiciones políticas de los ciudadanos venezolanos. A Venezuela debe volver la paz y la mayor armonía posible; para ello, resulta imprescindible la confianza en que el camino trazado es el que permitirá la distensión mayor de los problemas ocasionados por un régimen que demostró, y lo sigue demostrando, su guía criminal.