Hace apenas unos meses, el ex tesorero de la nación, Alejandro José Andrade Cedeño, se declaraba culpable ante la justicia estadounidense por lavado de dinero, en un caso que involucra más de mil millones de dólares en sobornos. Se le acusó formalmente según el expediente número 18-cr-80054-ROSENBERG, y le fueron confiscados seis bienes raíces en el estado de Florida, 15 vehículos, 17 caballos, 35 relojes de lujo y nueve cuentas bancarias en Estados Unidos y en Suiza.
El ex militar no ha sido, ni el único de uniforme verde dentro de la tesorería de la república, ni el único señalado por corrupción. Claudia Díaz Guillén, ex enfermera del presidente Hugo Chávez y tesorera durante el periodo 2011-2013, se le dio arresto en España en abril de 2018 junto a su esposo, Adrián José Velásquez, quien fuera edecán de Chávez.
La fiscalía venezolana solicita, desde finales de 2018, que Díaz sea extraditada por delitos de blanqueo, asociación ilícita y malversación, luego de que su nombre apareciera en la investigación de los “papeles de Panamá” por ocultar una fortuna no declarada con la ayuda del bufete panameño Mossack Fonseca.
En marzo de 2018, también se dio a conocer que 16 empresas registradas en Panamá, todas relacionadas a la familia directa del ex tesorero de la Nación, Carlos Erik Malpica Flores, sobrino de la primera dama Cilia Flores, se habían incluido en la lista de sancionados por el gobierno de ese país, por considerarse de alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
No es de extrañar que cuatro de los últimos siete tesoreros nacionales estén sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Sanciones que suponen la congelación de todos los activos que tengan en ese país y la prohibición a todo estadounidense de hacer transacciones con ellos. Según el Gobierno americano estas personas han participado en esquemas de corrupción desviando miles de millones de dólares de las arcas públicas venezolanas.
La revisión de más de 3.000 gacetas oficiales, pertenecientes al periodo 2006- 2018, como parte del proyecto colaborativo de apertura de datos Vendata liderado por el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) y Transparencia Venezuela, permitió tener un mapa de los cargos por los que ex tesoreros nacionales se han paseado en la administración pública y quiénes los acompañaron durante sus turbias estadías en la tesorería.
Los “custodios” del tesoro
La Oficina Nacional del Tesoro (ONT) está dotada de capacidad de gestión administrativa, presupuestaria y financiera del sector público nacional. Podrá gestionar y deberá custodiar los fondos pertenecientes a la república, así como determinar las necesidades de emisión y colocación de letras de la nación; según lo establece la Ley de Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, divulgada el 30 de diciembre de 2015 en gaceta extraordinaria 6210. El tesorero nacional es nombrado por el ministro de Finanzas.
Básicamente, todo Estado tiene que obtener ingresos para su funcionamiento. La fuente principal usualmente es la recaudación de impuestos, función que cumple el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT). La segunda fuente de ingresos es la emisión de deuda pública, lo cual es la función de la Oficina Nacional de Crédito Público (ONCP).
Todo el dinero recaudado debería ir a una cuenta en el Banco Central de Venezuela para destinarse al gasto público. Finalmente el Estado debe organizar cómo pagar sus gastos e inversiones. De eso se encarga la Oficina Nacional del Tesoro y el tesorero. “El tesorero es el gran custodio de todo lo que ingresa y cuándo se deberían hacer los pagos”, explica Christi Rangel, economista y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales.
En Venezuela los responsables de custodiar las riquezas han sido elegidos más por su cercanía al poder y su lealtad al proceso revolucionario que por sus capacidades para el cargo, con base en habilidades administrativas y financieras. “Bajo el régimen actual, esa oficina adquirió un tinte altamente personalista, sin mantener la subordinación jerárquica con el ministro, sino que pasó a ser un funcionario de confianza del Presidente de la República”, explica Maximir Álvarez, ex vicepresidente de Operaciones Monetarias del Banco Central de Venezuela.
Los tesoreros de la nación tienden a tener una mayor permanencia en sus cargos que los mismos ministros de finanzas y usualmente manejan un bajo perfil al no aparecer en los medios dando declaraciones públicas. Sin embargo, algunos de ellos han tenido notoriedad pública al salir de sus cargos y ocupando puestos de poder. Por ejemplo, Rodolfo Marcos Torres y Rafael Isea.
No sólo el jefe de la Oficina Nacional del Tesoro, los subtesoreros, directores de contabilidad, directores de egresos, gerentes de planificación, jefes de comisión y responsables de unidades dentro de la tesorería también han pasado por diferentes puestos de poder y decisión en la administración pública.
“Los tesoreros siempre han sido ampliamente conocidos (y cortejados) por quienes dependen de sus decisiones: banca, contratistas, encargados de finanzas de gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados, por mencionar los más importantes. Uno de los negocios habituales (al menos hasta 2007) de la banca privada, principalmente la mediana y pequeña, es financiar a contratistas y proveedores de bienes y servicios al Estado. Por ello a la banca le resulta clave que la ONT ordene los pagos a sus clientes para que éstos a su vez paguen los créditos sin demora”, explica Álvarez.
La importancia que cobra la tesorería como ente responsable de la ejecución de dichos pagos, trae consigo el riesgo de sucumbir ante presiones y sobornos que beneficien la celeridad y discrecionalidad de ciertos pagos. Asimismo, dentro de los fondos de la república, se encuentran recursos en divisas extranjeras lo que en una nación azotada por delitos cambiarios a raíz de la imposición de un estricto control cambiario, coloca en el ojo del huracán a la ONT.
Pues al ser el custodio de, por ejemplo, bonos o papeles de deuda pública bien sea de Venezuela o de otros países cuyo valor está tasado en la principal moneda de intercambio en el mundo, el dólar, esta oficina puede decidir que esos bonos sean vendidos para realizar el pago de ciertas deudas. Y gracias al régimen cambiario, el comprador de esa deuda estaría comprando bonos tasados y pagaderos en dólares pero al precio que marca el tipo de cambio oficial.
Lo que se presentó como un negocio suculento para diferentes entidades financieras, de desarrollo y casas de bolsa que luego podrían vender esos bonos al precio que marcara el mercado paralelo o dólar negro, obteniendo grandes dividendos gracias al diferencial cambiario.
En esa misma tónica, la ONT también podía decidir que los recursos del Estado no sólo se encontrarán bajo el resguardo de entidades financieras públicas sino privadas que obtuvieran dividendos de esos fondos como bien lo hace la banca. Por lo que ese poder de decisión del tesorero bien podía ser seducido por coimas multimillonarias. Tal y como lo ejemplifica Alejandro Andrade al ser sentenciado por la justicia estadounidenses por participar en sobornos multimillonarios.
“En conclusión. La ONT controla el flujo de pagos del gobierno, lo cual en un país con un Estado que representa una proporción importante de la economía, es una función clave para muchos sectores. Bajo el régimen actual, esa oficina adquirió un tinte altamente personalista, sin mantener la subordinación jerárquica con el ministro, sino que pasó a ser un funcionario de confianza del presidente”, sentencia Maximir Álvarez.
Un fondo opaco
El 20 de julio de 2005 fue creado el Fondo Nacional para el Desarrollo Nacional (Fonden, S. A.), establecido por el Gobierno Bolivariano para invertir los ingresos que Venezuela recibe como producto de las exportaciones del petróleo. El Fonden nació en paralelo al presupuesto de la nación, sin embargo los fondos no pasaban por el Banco Central de Venezuela y podían ser expresados en otra moneda, además del bolívar.
Creado con el objeto de “financiar proyectos de inversión real productiva de todas las áreas, además del mejoramiento del perfil y saldo de la deuda pública externa e interna”, el Fonden “adicionalmente podrá destinar sus recursos al apoyo de la gestión de gobierno en situaciones especiales que así lo requieran y a la atención de eminente necesidad y conveniencias nacional o de cualquier otro aspecto que redunde en el desarrollo económico y social del país”. Así lo establece el sitio web del Ministerio de Finanzas.
Sin embargo, al no haber control en las ejecuciones de gastos, el fondo se convirtió en un nido de corrupción. En marzo de 2018, el diputado por el Estado Zulia, Elías Matta, informó que la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional investigará el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) en el que se despilfarraron 143 mil 573 millones de dólares desde el año 2005 hasta los actuales momentos.
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