Algunos se arrepintieron, pero la mayoría no. En seis estados de Venezuela, jueces de diferentes tribunales llevaron a cabo una auténtica razzia contra los manifestantes que el 23 de enero pasado salieron a las calles para apoyar la juramentación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. En la embestida, cruzaron una raya roja: ordenaron de manera sumaria prisión para 77 menores de edad, acusados por delitos como terrorismo y agavillamiento. Una revisión a sus carreras permitió comprobar que todos estos jueces comparten perfiles similares, que incluyen la militancia sin disimulo en el partido de Gobierno y el ascenso meteórico en la jerarquía judicial.
Por: Armando.Info
La noche del 23 de enero de 2019 al menos 77 menores de edad, entre 14 y 17 años, fueron detenidos por protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. Algunos, incluso, por caminar cerca del lugar de la manifestación. En menos de 24 horas se encontraron dentro de calabozos sin poder comunicarse con sus padres, recibir sus medicinas o comida y la mayoría magullados por golpes de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
Aunque la Ley Orgánica de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (LOPNNA) establece que a partir de los 14 años las personas tienen responsabilidad penal, los jueces y fiscales que tomaron sus casos no sólo obviaron el principio fundamental de la presunción de inocencia sino que sobre expedientes policiales débiles e incluso inexistentes decidieron acusar a estos jóvenes de “terrorismo”. Estrenaron masivamente la tipificación de ese delito en la ley, que fue incluido en el año 2015.
Según este reportaje pudo comprobar, se trata de jueces y fiscales itinerantes, de nombramiento provisional, en su mayoría militantes inscritos en el gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y cuyas carreras dentro del sistema judicial venezolano lucen como un sueño en el que los requisitos para ocupar el cargo son una formalidad infundada. Funcionarios con mínima preparación académica que apenas desempeñan cargos menores dentro de los tribunales de pronto son nombrados jueces, a pesar -o justo por eso- de hacer proselitismo a favor de la autodenominada Revolución bolivariana” y mostrar abiertamente sus nexos, amistades y relaciones con el chavismo gobernante. O quizá por eso mismo.
Dentro de esa justicia cubierta con el manto de la complicidad, estos jueces recibieron a los menores y, como si de una plana escolar se tratara, recitaron las mismas acusaciones por los mismos delitos y ordenaron reclusión a los jóvenes donde permanecieron privados de libertad junto a adultos con historial de delitos más graves durante ocho días.
La insensibilidad también tuvo lugar en las actuaciones de estos jueces. “Si usted se siente mal se me va de aquí”, le dijo una jueza en Caracas a la abuela de un muchacho que lloraba la detención de su nieto de 14 años, en el barrio de Cotiza, en el norte de Caracas. La defensora de derechos humanos, Naremi Silva, fue testigo de esta situación.
La itinerancia en los nombramientos de jueces y fiscales ha permitido al Gobierno moverlos a conveniencia y nombrarlos sin credenciales. Ya en el 2003, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) alertaba del peligro en la administración de justicia en Venezuela por la provisionalidad de los responsables de tribunales, quienes desde el 2002 son designados a dedo, lo que les hace vulnerables a las presiones: de una decisión puede depender su permanencia en el cargo. El informe de 2016 reconocía que solo 34% de los jueces en Venezuela son titulares de su cargo.
Sobre esa base el sistema judicial actuó rápido esta vez. La presentación de los niños, niñas y adolescentes se hizo entre las primeras 50 horas de su aprehensión. No faltaron los fiscales, ni los alguaciles, ni el papel y tinta para las sentencias, hubo despacho y habilitaron hasta altas horas en el Palacio de Justicia de cada estado a todos los que debían y tenían que estar, prestos a una llamada que indicaba el camino a seguir.
Se reseñaron casos en la misma situación en Amazonas, Aragua, Apure, Bolívar, Cojedes, Distrito Capital y Yaracuy. Después de ocho días detenidos, los menores fueron excarcelados, no sin antes sufrir los rigores del régimen penitenciario: les raparon el cabello y los uniformaron. Algunos no llegaron a ver a sus padres durante su cautiverio.
Se les otorgó medidas sustitutivas de libertad en las que deben presentarse ante el tribunal cada 30 días. Estas medidas representan una espada de Damocles por la que los jóvenes están presos sin los barrotes, sujetos a la celebración de una audiencia de presentación que debería ocurrir en 45 días, pero que en la Venezuela de hoy suele diferirse una y otra vez, hasta por años, a conveniencia de la política de turno. Mientras tanto, estos jóvenes no pueden salir del país ni expresar su opinión política, viven en el miedo de repetir las penurias que estos jueces les hicieron sentir en carne propia.
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