De la desesperanza a Guaidó: cómo se orquestó la toma del poder en Venezuela Por Orlando Avendaño

Encuentro del Presidente (E) Juan Guaidó con los jóvenes. Aula Magna UCV. Foto: Steffany Carvajal (@steffdcv)

 

Esta crónica se elaboró luego de consultar varias fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato y no ser citadas.

En agosto de 1943 se empezó a tramar la famosa Operación Overlord. Era la toma de la Bastilla, el asalto al Palacio de Invierno o el ataque de los liberatores; de la Segunda Guerra Mundial. El gran plan que, en un contexto desfavorable, torcería la historia a favor del otro bando. Y en Venezuela, los preparativos para el Día D iniciaron en diciembre de 2018.

No existe el Eisenhower caraqueño. Tampoco el Montgomery zuliano. Como algunos quieren hacer creer, la gran toma del poder en Venezuela no fue tramada por un solo mariscal, desde su jardín, de forma maquiavélica. Fueron muchas voces que, en sus espacios, articularon al país —y al mundo— para fraguar la gran operación política que hoy tiene a Maduro en jaque. Al tirano en su búnker —su führerbunker—.

“La Constitución me da la legitimidad para ejercer la encargaduría de la presidencia de la República para convocar elecciones (…) Me apego a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para lograr el cese de la usurpación”, dijo el entonces diputado Juan Guaidó al mediodía del 11 de enero de 2019.

Inmediatamente después de lo que fue el inicio de los cabildos, el primero en saludar a Guaidó como nuevo presidente de Venezuela fue el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El discurso en el cabildo había sido bastante ambiguo, por lo que Almagro prácticamente le adhirió, con cemento, la banda presidencial a Guaidó.

Pero la noche anterior ocurrió bastante. Veinticuatro horas antes del primer cabildo Juan Guaidó no tenía previsto apegarse a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución. No tenía pensado decir nada sobre la encargaduría o la presidencia o lo que sea.

Hay que ir más atrás. Unas semanas. Cuando los grandes responsables de la toma del poder en Venezuela, esos que orquestaron la invasión caribeña a Normandía, empezaron a cimentar el terreno de la gran estrategia que llevó a Juan Guaidó al 23 de enero de 2019. El momento decisivo en el que, cargadas las bayonetas, listos los barcos, las tropas desembarcaron y marcaron el inicio de un proceso irreversible. Con la juramentación de Guaidó como presidente interino de Venezuela, Nicolás Maduro entró en el último período de su mandato dictatorial. Inalterable, invariable. Definitivo.

Preparativos para el Día D
Afuera de la Casa de las Américas, en Washington DC, hacía unos ocho grados centígrados. Era 14 de diciembre. El día nublado. En el despacho del secretario general se repartió café a los invitados: eran el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano en el exilio, Miguel Ángel Martín; los diputados Francisco Sucre, Freddy Superlano, Carlos Lozano y Juan Guaidó. Por teléfono estaban Julio Borges y el gran líder de Voluntad Popular, Leopoldo López.

Se discutía lo que todos coincidieron que era una oportunidad única. Jamás se había presentado una ocasión tan conveniente en veinte años de chavismo. La región favorece el cambio con nuevos jefes de Estado, conservadores, alineados con la Casa Blanca, donde ahora gobierna un empresario pragmático, enemigo acérrimo del rojerío en el mundo. Además, hay que designar a una nueva directiva del Parlamento venezolano. Es el momento para apartarse de una dirigencia que había hecho bastante daño a los ciudadanos venezolanos y que hoy carecía de prestigio y de credibilidad. Pero lo más importante, más allá de la posibilidad de refrescar el panorama político en Venezuela y lo apropiado de una región aliada de la causa, era la oportunidad de deponer a Nicolás Maduro a través de un proceso plenamente constitucional.

Las discusiones llevaban meses desarrollándose, es cierto. Cuatro líderes venezolanos que, en coordinación con los principales actores del continente, buscaban establecer una ruta que permitiera concretar el desmoronamiento del régimen de Nicolás Maduro. Eran María Corina Machado, Antonio Ledezma, Julio Borges y Leopoldo López. Pero en diciembre se dieron los primeros acercamientos —con la ausencia, y a la espalda, en ese momento, de dos de los líderes—. Y entonces se empezó a coquetear con la idea: enfocar todos los esfuerzos en un trayecto, legítimo, constitucional, que pudiera ser respaldado por la comunidad internacional sin el temor de ser catalogada como compinches de un coup d’Etat.

No hubo consenso. Apenas era una idea que flotaba en el aire. Como una ficción utópica, parecía demasiado distante porque todo dependía de un Parlamento que lo único que había podido ofrecerle al venezolano era frustración. Pero la mayoría de los actores, los sensatos, esos comprometidos genuinamente con la causa por la libertad de Venezuela, veían en el artículo 233 de la Constitución la última gran oportunidad para salir de Nicolás Maduro: quiéranlo o no, a la Asamblea le corresponde asumir su responsabilidad. Era una obligación.

Se trazaron los planos. Se armó el borrador. Los Eisenhower, dos en Caracas, otros en Washington, uno en Bogotá y el otro, en Madrid, empezaron a esbozar el proyecto. Y parte de la estrategia era presionar. Públicamente y en privado. De lo contrario, el riesgo de que no se ejecutara el plan —o de que fuera saboteado por enemigos encubiertos— era muy alto. Había que alzar la voz.

El 21 de diciembre, en un video publicado desde su cuenta de Twitter, una de los cuatro, María Corina Machado, envió un mensaje a la Asamblea Nacional de Venezuela. “Se nos presenta una nueva oportunidad”, dijo, “tenemos que salvar al país”.

“Nicolás Maduro es un ilegítimo. El 10 de enero concluye un período presidencial y no hay presidente electo. Punto. Hay un vacío de poder, que tiene obligación de ser llenado por la Asamblea Nacional, designando un Gobierno de transición encabezado por el presidente de la propia Asamblea Nacional”, aseveró ese día Machado.

Y el alcalde exiliado, otro de los cuatro, Antonio Ledezma, hizo lo propio el 23 de diciembre: “El próximo cinco de enero, más que instalar una junta directiva de la Asamblea Nacional, debe instalarse un Gobierno de transición. Porque Maduro es ilegítimo”.

Ya la matriz de opinión se estaba formando. Ciudadanos reconocidos como el diplomático y expresidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Diego Arria; el jurista y secretario del grupo IDEA, Asdrúbal Aguiar; el prestigioso profesor de Harvard, Ricardo Hausmann; y —porque habrá que insistir en su nombre hasta el final— el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, habían clamado la urgencia de que, ante el vacío de poder que Nicolás Maduro dejaría el 10 de enero, el presidente del Parlamento tiene la responsabilidad de asumir el espacio.

Aparecieron los antipáticos de siempre. Con altivez, desde sus tribunas, afilaron sus plumas para reclamar que nadie, desde ningún espacio, goza de la autoridad para decirle qué hacer y cuándo a la Asamblea. Y que además, que el presidente del Parlamento se crea, luego, presidente del país, era una insensatez. Proponían, en concreto, violentar la Constitución de Venezuela.

En los espacios del mundo donde se traman estas cosas y se toman las decisiones importantes siguió discutiéndose el tema. Desde la Organización de Estados Americanos se insistía con empeño en la ruta que lucía como la más adecuada. Mientras, en la Casa Blanca se aviaban los halcones para, eventualmente, saltar a la yugular de Nicolás Maduro.

Al clamor de los principales actores de la región y el liderazgo opositor comprometido con la causa por la libertad, se sumaron los ciudadanos. Las redes sociales, donde abundan esos ásperos guerreros del teclado que andaban, testarudos, exigiendo, se llenaron de opiniones incómodas para los mezquinos. Que cuando sea la falta absoluta de este, entonces es el otro al que le toca asumir el rollo. Listo. No hay para dónde coger. Afortunadamente la Constitución es bastante clara. Y por esos días se citaba a cada rato.

Terminó el año. Las gentes voltearon sus miradas a la decisión que tomarían los asambleístas en lo tocante a la nueva directiva. Como ya se hablaba del artículo 233, entonces mucho dependía de quien quedara como presidente del Parlamento. Pero un evento, antes de la designación de los nuevos jefes de la Asamblea, irrumpió la atención. Secuestró las miradas. Y un comunicado, distante de todo lo que se pudiera esperar, marcó un hito.

Fuentes cercanas al proceso dicen que la declaración que dio el Grupo de Lima el 4 de enero de este año sorprendió hasta al Gobierno de Estados Unidos. En el comunicado, se lee: “El Grupo de Lima insta a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia, que respete las atribuciones de la Asamblea y le transfiera provisionalmente el poder hasta que se realicen nuevas elecciones”.

Ese día, luego de una cumbre realizada en la capital de Perú, catorce países acordaron no reconocer “la legitimidad de un nuevo período presidencial del régimen de Nicolás Maduro que iniciará el 10 de enero de 2019”. Tajante. También transparente. Las potencias de la región, excluyendo a México —que no suscribió el texto—y a Estados Unidos, impusieron un deadline. Y, además, se refirieron abiertamente al proyecto que se había empezado a armar en diciembre: al presidente de la Asamblea Nacional le corresponde asumir las competencias del Ejecutivo.

Para este momento aún no había consenso entre las cuatro facciones políticas de la verdadera oposición. Dividida en dos, una parte se inclinaba más a la idea de un Consejo de Estado conformado por quienes timoneaban las tres principales instituciones legítimas (la Asamblea, el Tribunal y la Fiscalía); y la otra, siempre más radical, y alérgica a cualquier cosa que tuviera que ver con diálogo o elecciones, se mantenía firme en la idea de subordinarse al artículo 233 de la Constitución. Estos dos, junto a los otros padres de la Operación Overlord venezolana, salieron envalentonados con el acuerdo firmado ese 4 de enero en Perú. “Estados Unidos aplaude al Grupo de Lima por ponerse del lado de la democracia en Venezuela y denunciar la próxima juramentación ilegal de Nicolás Maduro. Las elecciones en Venezuela fueron viciadas e injustas”, dijo al respecto el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo.

Por otra parte, la declaración del Grupo de Lima generó inquina entre aquellos, presuntos opositores, cuyos intereses se veían amenazados. Desestimaban por completo la idea de un nuevo presidente en el país —y, para argumentar la postura canalla, blandieron que aquello desencadenaría violencia, persecución y más confrontación—.

Reuniones. Muchas. Encuentros, llamadas y presiones. El mundo ya veía, frente a sí, su oportunidad para librarse de Maduro. No iba a dejar que pasara. Y cuánto inquietaba que aún hubiera discordia entre quienes tenían que coincidir para que avanzara la toma del poder en Venezuela.

Como se deseaba, Juan Guaidó fue designado presidente de la Asamblea Nacional. Pese a un acuerdo político al que se llegó en 2015 cuando la oposición se apoderó del Parlamento, existía la angustia con la posibilidad de que partidos desacreditados sabotearan el pacto que daba a Voluntad Popular la presidencia. No ocurrió, afortunadamente. La fuerza política de Leopoldo López logró los votos y llevó a Guaidó al que en ese momento era el espacio más importante en el país.

Como dicen quienes lo trataron durante los preparativos del Día D, Guaidó siempre tuvo la voluntad de asumir los riesgos inherentes al cargo histórico que ahora lo investía. De todos los diputados, parecía la persona adecuada para la responsabilidad. Joven, intachable y enérgico. Con retórica pausada, pero precisa. Elegante, viril, con una familia modélica. Era el hombre adecuado para el momento adecuado. Pero, porque siempre hay un pero, aunque quisiera, aunque tuviera la voluntad y el coraje para enfrentar a la caballería y a todas las fuerzas en combate del enemigo —que además ha mostrado ser implacable y cruel—, Guaidó no se veía con la firmeza para deslastrarse de todos esos cadáveres políticos que, en el paroxismo de la confrontación, podían regresar del camposanto para arrastrarlo y encerrarlo en el averno —esa mazmorra de deshonra y descrédito habitada por todos aquellos que ya habían sido presidentes de la Asamblea Nacional—. Entonces había mucha ansiedad.

A las 12 de la noche del 10 de enero el diplomático Diego Arria publicó un mensaje en sus redes sociales. “A partir de este momento el presidente de la Asamblea Nacional, el diputado Juan Guaidó, ha pasado a ser el presidente encargado de la República de Venezuela (…) está obligado (…) sé que es una decisión difícil (…) le digo al nuevo presidente que, si se juramenta, estoy dispuesto a prestarle toda la ayuda (…) ¡Felicitaciones!”, dijo Arria. Una afirmación que inmediatamente se viralizó. Fue el primero en adherirle la banda presidencial. Y también el primero en mencionar la urgencia de una juramentación y la idea de nombrar embajadores en los países que reconozcan a Guaidó como presidente.

Pero el nuevo presidente de Venezuela parecía no haberse enterado de que, de su hombro, ahora colgaba una cinta tricolor. Ante la ilegal juramentación de Nicolás Maduro el 10 de enero—de la que no hay nada importante que señalar más allá de haber sido una vergonzosa muestra del abandono del mundo a la Revolución Bolivariana—, Juan Guaidó dio un discurso en la sede de su partido, Voluntad Popular. Fue sonso y mal estructurado. Insinuó, entre tanto que dijo, que no iba a asumir la presidencia de la República. En vez de mencionar lo que le correspondía —que ahora era comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana—, terminó anunciando que ese día no habrá anuncio sino que será el siguiente, cuando haya anuncio.

El peso de la opinión pública se impuso como nunca. Albricias, que ya la sociedad venezolana no es la misma que disfruta alcahuetear imprudencias. Severa e inclemente, salió con todo a hacer la denuncia de que algo malo estaba ocurriendo. En paralelo, pendía como sable de Damocles la advertencia de que, si Guaidó evade lo que le corresponde, la otra institución legítima, el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, estaría dispuesta a designar un Gobierno de transición. Fuentes cercanas a los magistrados aseguraron que todo estaba listo para responder ante la posible decisión de Juan Guaidó de no apegarse al artículo 233 de la Constitución.

“Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia se reunieron con el secretario general de la OEA. Trataron la urgencia de cumplir con el artículo 233 de la Constitución de Venezuela para que no exista vacío de Poder Ejecutivo”, publicó en Twitter, junto a una foto de los magistrados en la oficina de Almagro, la cuenta del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio.

El día fue largo. Muy largo. Desde temprano los comentaristas en televisión decían que parecía que el diputado de la Asamblea Nacional estuviese eludiendo su responsabilidad. A NTN24 el escritor y profesor universitario en Georgetown, Héctor Schamis, le dijo que Guaidó estaba entre pasar al olvido o llenarse de gloria. La decisión la debía tomar él.

Horas antes del discurso de Guaidó del 10 de enero, los diputados discutieron la denominada «Ley del Estatuto que rige la transición». Se impuso esa sobre otra en la que se establecía el reconocimiento al Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, se hablaba de vacío de poder y se acordaba que el presidente de la Asamblea Nacional debía asumir las competencias del Ejecutivo. En la discusión, fueron los principales partidos del Parlamento —el denominado G4, compuesto por Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática— los que terminaron desechando el documento que obligaba a Guaidó asumir la presidencia. Al final la ley no se terminó votando porque imperaba una tensión rígida, inaguantable. Era un documento inaceptable para, por ejemplo, la denominada Fracción del 16 de Julio (compuesta por diputados independientes, de otros partidos; y de las fuerzas políticas Vente Venezuela y Alianza Bravo Pueblo; los partidos de María Corina Machado y Antonio Ledezma, respectivamente). Pero ahí estaba la ley. Y el mundo se enteró del peligro que significaba.

A lo largo de la tarde del 10 de enero, quienes estaban al tanto de la discusión sobre la Ley del estatuto de transición, presumieron que, aunque jamás se aprobó, Juan Guaidó se estaba subordinando a él. En consecuencia, empezaron a hacer llamados de atención.

Publicado originalmente en PanamPost