Puede decirse, el parlamento que tenemos es fruto de los libres comicios realizados en 2015, pero también que fue un error más estratégico que táctico del régimen que ya aprendió – suficientemente – la amarga lección. Desperdiciada por estos años la ocasión para un estudio que aún nos deben los sociólogos de la política o un buen reportaje de la fuente especializada, obran las convicciones.
Una de ellas, es que lo votamos – por entonces – con absoluta independencia de los nombres candidateados, porque se convirtió la plataforma opositora en la fiel representación nacional de las masivas protestas de 2014 que derrotaron todas las encuestas que la decían minoritaria, aconsejando una infinita paciencia. Y, la otra, que tres de los partidos políticos que nos juraron por entonces en democracia, yendo al diálogo capitulador de Miraflores, se aprovecharon de la situación al disponer de una mejor maquinaria partidista ante otros decididamente voluntaristas.
Por más que se diga lo contrario, jamás el parlamento imaginó el papel estelar que hoy tiene, como le ocurrió al de 1848 que pronto claudicó frente a la dictadura de Monagas. Ahora, más que nunca, el parlamento debe ser parlamento para formalizar la encargaduría de un líder emergente, como Juan Guaidó, adoptando las medidas de un legislativo obviamente colegiado que no puede pretender – contranatura – gobernar colegiadamente, por más transición que fuere, mereciéndose releer a Montesquieu. Sin embargo, pedimos urgentemente que los diputados de 2019, sean liberados de toda tentación.
Y esto, porque – teniendo el sartén agarrado por el mango – no deben acudir a diálogo alguno con una dictadura desfalleciente, comprándole el cupón para unas elecciones en 2021 que, aprendida la lección, ella ganará holgadamente, aseguradas las curules para sus más avispados adversarios o, mejor, colaboradores, como ha ocurrido con las regionales y municipales realizadas bajo el marco de una constituyente que desconocen o dicen desconocer. O diligenciando la cesación del “desacato” y, peor aún, lo que por siempre será una alegría de tísicos, reconociéndoles y pagando el salario que no han devengado desde hace mucho tiempo y quizá recompensándolos por los bonos que el Instituto de Previsión Parlamentaria en mala hora compró, dificultando la renovación del seguro.
Cierto, nadie aprende en cabeza ajena, ya que una cosa es lo que se dice y otra la que se hace, pues, dispone la Asamblea Nacional de dos herramientas útiles: la Comisión de Defensa de la Constitución que tiene en sus manos algo más que el desarrollo de la Ley de Transición, y la Comisión Especial que debe desenmascarar públicamente la trama de Andrade y Gorrín. Seguimos de cerca las vicisitudes del Capitolio Federal y, aunque algunos digan capitalizar la inteligencia política, como llaman cualquier maniobra de evasión, otros la explican a través de sendos actos de responsabilidad y también de coraje, obrando según su consciencia: una exacta correspondencia de los artículos 233, 333 y 350 con el 201, constitucionales.