Pacientes mueren a diario y el Estado sigue negando la entrada de ayuda humanitaria

Rafael Narváez. Foto: Archivo

 

“Sólo un Estado sin alma que desprecia al ser humano, no permite salvar la vida de los más vulnerables”, así lo manifestó el ex parlamentario, abogado defensor DDHH y coordinador de la Asociación Civil Defensa por los Derechos Civiles, Rafael Narváez.

De nada valen las muertes de pacientes crónicos, la falta de material médico quirúrgico, la falta de alimentos, el colapso de los servicios mínimos en los hospitales de todo el país ante un Estado que la única respuesta que da es la de enviar soldados armados hasta los dientes, y ahora privados de libertad con la única misión de obstaculizar una ayuda para quienes hoy día padecen de enfermedades que el sistema de salud no ha podido solucionar.

Narváez indicó que “el derecho a la salud es un derecho constitucional y fundamental, es obligación del Estado salvar vidas y al no hacerlo esta vulnerando los derechos humanos establecidos en nuestra constitución y en los pactos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela”.

El ex parlamentario manifestó que: estamos en presencia de una política sin precedentes en el mundo, en donde un Estado se niega a recibir ayuda de otros países olvidando que está primero el “ser humano” y que es tradición internacional el prestar ayuda entre los pueblos. La solución a esta crisis económica sin presentes no puede ser “las balas y la prisión”, es necesario colocarse en los “zapatos de los que más sufren, padecen de hambre, desnutrición y algunas enfermedades crónicas que van acortando sus vidas si no son tratadas a tiempo”.

A los pacientes sólo le importa que le salven la vida, no les interesa la lucha por el poder político. ¿Cuántos niños que padecen de cáncer, enfermos renales, hipertensos, diabéticos, con VIH, pacientes con problemas coronarios tienen que morir para que el Estado reaccione y asuma su responsabilidad de atenderlos y salvarlos?.

El jurista señaló que las declaraciones de la vicepresidente de la República, Delcy Rodríguez, son irresponsables y podrían generar pánico en la población. El ministerio público está obligado a enviarle un cuestionario a la vicepresidente y solicitarle pruebas de tan grave afirmación, así lo establece nuestro sistema jurídico venezolano, y si no responde se debe iniciar una investigación penal.