El sufrimiento de nuestros presos políticos es enorme. Pero así de grande es también su valor y coraje. Además de pedir a los usurpadores liberarlos de inmediato, el Presidente Juan Guaidó debe ponerle hora a su liberación, como se la puso al ingreso de la ayuda humanitaria, los queremos vivos, sin correr la misma suerte de aquellos muertos a manos de la organización criminal que tiene secuestrada a Venezuela.
La manipulación del sistema judicial no solo se limita a negarles justicia, alimentos, atención médica o medicinas, también les dan comida descompuesta, con gusanos, agua con heces fecales, se les aplica aislamiento severo como castigo, donde “reflexión” es sinónimo de encierro en solitario, absoluto e indefinido, sumado al adoctrinamiento militar, bajo el sol, por horas, con cantos, saludos y voces de mando. Repulsivos métodos de intimidación y amedrentamiento ejercidos violentamente desde los centros penitenciarios.
“…en las cárceles venezolanas hay Presos Políticos para los que un minuto en prisión representa la vida misma”, tanto por falta premeditada de atención médica oportuna como por la inseguridad jurídica que los mantiene en cárceles peligrosas colocándolos en una situación innecesaria de riesgo a sus vidas e integridad física.
Todo preso político es detenido en forma ilegal, tanto el juez como el fiscal que se presta a esa aberración jurídica, es responsable de abuso de poder, los funcionarios actuantes están cometiendo una privación ilegítima de libertad, un delito que se paga con cárcel; son detenidos sin haber sido sorprendidos infraganti, en el caso de diputados, sin antejuicio de méritos, sin allanamiento a su inmunidad, a civiles y militares, adultos o niños, los detienen sin elementos de convicción en su contra.
Salta a la vista la violación del debido proceso, en muchos casos violación del derecho de los procesados por motivaciones políticas a ser representados por los abogados de su confianza y complejas restricciones en información sobre su estado físico, para ver, a partir de allí, pasar sus días en encierros injustos, enterrados vivos cinco pisos bajo tierra en “la tumba”, en procesos interminables, con condenas anticipadas sin juicio.
La detención arbitraria, mal disfrazada de detención preventiva, es prolongada indefinidamente con diferimientos injustificados de las Audiencias Preliminares, de la apertura del juicio, de las audiencias de juicio, que mantienen a los presos políticos en total indefensión por meses y años. En ese sentido, “Los jueces que ruletean presos políticos son peores que los policías que los secuestran”, según Enrique Aristeguieta.
Es bueno saber que la justicia penal sin audiencia preliminar y de diferimiento indefinido es un delito de lesa humanidad y los jueces sus responsables. Jueces denegadores de justicia que abundan en nuestros tribunales, amantes de procesos judiciales sin justicia, sin ley, sin audiencia, sin autonomía, prestos a materializar la sentencia dictada por jerarcas que públicamente condenan y ordenan detenciones.
Con la detención arbitraria se inicia, sin reserva alguna, la tortura psíquica y moral, el daño emocional, ya en prisión, se acentúa con torturas físicas innombrables y tratos crueles y degradantes que a diario viven civiles y militares. “El bañito, la escalera, el tigrito y el pulpo”, son las zonas donde torturan a los presos políticos en El Helicoide, tan solo por poner un ejemplo.
Los jueces de primera instancia y jueces superiores enquistados en Cortes de Apelaciones, presidencias de circuitos y rectorías, que mantienen presos políticos en la penumbra, sin juicio alguno, son tan criminales de lesa humanidad como quienes los detuvieron y mantienen presos ilegalmente en las mazmorras de la tiranía; también los fiscales que los acusan sin justa causa y magistrados del TSJ que ratifican las canalladas de las que son objeto.
La inacción de instancias como la Inspectoría General de Tribunales, la Defensoría del Pueblo y el Consejo Moral ante tan repugnantes hechos puede considerarse como delito de encubrimiento de crímenes de lesa humanidad. Roman Duque, en alusión a los funcionarios que permiten tales desmanes, ha dicho: “Hay que inventariarlos para incluirlos en el prontuario de la Corte Penal Internacional”.
En opinión de Enrique Aristeguieta, a los jueces “habría que inhabilitarlos para ejercer la profesión por lo menos por 10 años”. Un tanto más radical es la postura de la ciudadana Auristela Sánchez: “Una persona capaz de cometer atrocidades como las cometidas por esos “jueces” en contra no solo de los detenidos, también de sus familiares, no creo que cambien sus mentes criminales en 10 años. Se les tendrá que impedir el ejercicio del derecho de por vida”.
Jueces, fiscales, policías, militares, burócratas y jerarcas enredados en las aberraciones jurídicas de los casos de presos políticos, por violar el debido proceso, denegación de justicia, privación ilegítima de libertad, disminución de perspectivas de vida y, por ende, incurrir en violación de Derechos Humanos, en delitos de lesa humanidad, en su momento habrán de sentir el peso de las leyes que desconocen campantemente.
Cómplices todos, desconociendo lo previsto en el Artículo 25 constitucional, hacen más accesible la reparación de daños y perjuicios devenidos de la responsabilidad penal definitivamente firme, existiendo previsión legal a tales efectos. Un nuevo Gobierno tiene que INDEMNIZAR, así, con mayúsculas, a esas personas o su familia, a muchas familias las acabaron, separaron, estigmatizaron y empobrecieron, se debe reparar tanto dolor y lágrimas.
Este es el patrón represivo de la tiranía contra la disidencia, los patrones sistemáticos de torturas, de tratos crueles y degradantes, aplicados a los presos políticos y que conducen diariamente a graves violaciones de Derechos Humanos, comprometiendo el futuro jurídico de juzgadores y carceleros devenidos en esbirros, por una sencilla razón, “exigir democracia y disentir de la dictadura jamás será un delito”.
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