La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) culminó este miércoles una audiencia contra el Estado de Guatemala por la condena de pena de muerte y presunta ejecución extrajudicial de Hugo Humberto Ruiz Fuentes.
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La demanda interpuesta ante la CorteIDH por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señala que Ruiz Fuentes sufrió violaciones al debido proceso para condenarle a la pena de muerte por el delito de secuestro, que fue torturado al momento de su detención y que fue ejecutado extrajudicialmente en 2005 luego de fugarse de la cárcel.
El representante de la CIDH, Luis Ernesto Vargas, detalló en la audiencia que Ruiz Fuentes fue detenido el 6 de agosto de 1997 en un operativo “en el que resultó con múltiples y graves lesiones que requirieron su trasladado a un hospital”, que son atribuidas en la acusación a torturas.
En 1999 el hombre fue sentenciado a la pena de muerte, pena que años después fue conmutada a privación de libertad.
Según la acusación, el proceso judicial violó estándares internacionales y además la normativa interna, pues el secuestro no estaba dentro de la lista de delitos que se podían condenar con pena de muerte.
Vargas señaló que el sistema judicial guatemalteco no decidió recursos legales impuestos por la defensa y que tampoco estas herramientas cumplían con estándares internacionales.
En octubre de 2005, Ruiz escapó de la prisión junto a 18 reos más y, según la CIDH, el 14 de noviembre fue ejecutado extrajudicialmente en el marco del llamado “Plan Gavilán”, que buscaba la captura de los fugados.
“Hasta la fecha el Estado incumple obligación de investigar a los responsables”, afirmó el representante de la CIDH, quien calificó al Plan Gavilán como “un mecanismo de limpieza social”.
Por su parte, el agente del Estado guatemalteco, Jorge Luis Borrayo, aseguró en la audiencia que este caso nunca debió llegar a la Corte Interamericana porque “fue resuelto en el fuero interno” y la muerte de Ruiz “aún está en investigación”.
El representante del Estado dijo que no se debe “minimizar” quién fue Ruiz, ya que “formó parte de una de las organizaciones criminales más sanguinarias de Guatemala que secuestraba y torturaba a sus víctimas”.
Borrayo relató que Ruiz fue condenado por el secuestro de un niño, que durante su arresto nunca fue torturado y que al heridas que presentaba “se las causó él mismo” al lanzarse de un muro de 8 metros de altura cuando intentaba huir de la policía.
“En el proceso judicial se cumplió con el debido proceso, la defensa agotó los recursos en la normativa penal vigente y fueron resueltos en el momento procesal oportuno”, afirmó.
Borrayo reconoció que Ruiz falleció “de forma violenta” pero advirtió que el Estado “mantiene su oposición a que este hecho sea calificado como una ejecución extrajudicial, debido a que la muerte aún no ha sido resuelta en fuero interno”.
“La investigación se viene realizando de forma eficiente y seria”, aseveró.
Tras la audiencia, las partes tienen un mes para presentar sus alegatos finales por escrito y a partir de entonces los jueces de la Corte Interamericana podrán emitir un falló cuando lo consideren oportuno.
Este caso es uno de tres que verá esta semana la CorteIDH, con sede en Costa Rica, sobre pena de muerte y torturas en Guatemala.
Los otros dos son el de Tirso Román Valenzuela Ávila, cuya audiencia será este jueves, y el de Miguel Ángel Rodríguez Revolorio, Miguel Ángel López Calo y Aníbal Archila Pérez, que tendrá audiencia el viernes.
Con información de EFE.