Llamó la atención, el flojo debate efectuado el 19 de marzo en la Asamblea Nacional para abordar la cuestión militar y su papel dentro de la transición política impulsada desde la Asamblea Nacional frente al régimen usurpador. Una corta lista de oradores, seis en total, en representación de los principales partidos políticos y la fracción 16 de Julio que contrasta con el debate de principios de mes sobre la crisis económica agudizada por la dictadura.
Tal parece que lo militar sigue representando un tema tabú para la dirigencia política, hecho que revela o un profundo temor a meterle el diente al asunto o un tremendo vacío cognitivo en cuanto a un tópico de ineludible relevancia dentro de la actual coyuntura. Unánime resultó la aprobación del proyecto de acuerdo presentado por el presidente de la comisión permanente de defensa y seguridad, diputado Eliezer Zirit, para ofrecer nuevas garantías a todos aquellos oficiales militares que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional y la reinstitucionalización de la Fuerza Armada Nacional. Y no podía ser de otra manera, puesto que el eje discursivo a favor de la transición ha sido el de soliviantar a los uniformados e invitarlos, más que a exigirles, a dejar de seguir siendo el sostén de un régimen opresor y gansteril.
No obstante, fue una extraordinaria oportunidad que resultó desaprovechada por completo para poner de relieve los puntos medulares acerca de la concepción que tienen los partidos políticos democráticos en torno a la Fuerza Armada que ha de acompañar no solo la transición, sino la reingeniería absoluta de un sistema político diseñado por Chávez y sus conmilitones en 1999 para instaurar una hegemonía de claros visos antidemocráticos.
Pese al reducido segmento en el que la retórica intentó comulgar con el discernimiento fecundo, la ocasión no fue dejada de lado para la figuración de inexorables voceros políticos como los diputados Henry Ramos Allup (AD) y Omar Barboza (UNT), quienes en líneas generales esbozaron criterios similares en cuanto a la faz del partido militar hecho gobierno y el talante totalitario del régimen manejado primero por Chávez y luego por Maduro. Cuestionando ambos, cada uno por su lado, la irresponsable dejadez del Alto Mando Militar en lo que respecta a la defensa de la integridad del territorio nacional con motivo de la reclamación por el Esequibo.
Llamó la atención, el empleo reiterado de apelativos religiosos, por parte de los diputados Zirit (AD) y Francisco Casella (Voluntad Popular), cuando imprimían en sus intervenciones un marcado acento maniqueísta en el que llamaban a los “hermanos militares” a sumarse a la causa del bien a la promesa de salvación, con la Constitución en la mano y la bendición de Dios, en el Arca de la alianza por la Libertad.
De seguidas, las intervenciones de los diputados Luis Barragán (fracción 16 de Julio) y Ángel Medina (Primero Justicia), ofrecieron algunas pistas de hacia donde debería orientarse a futuro cercano un debate mucho más denso y colmado de ideas, contrapuestas o no, en torno al papel a cumplir por la Fuerza Armada Nacional dentro de la agenda de reconstrucción nacional. En primer lugar, Barragán asomó una especie que pareciera extraída de un manual de sociología política resumida en la frase “ciudadanizar a la Fuerza Armada Nacional y parlamentarizar a la sociedad civil”. Tamaña empresa implica llevar a cabo el planteo, sobre todo luego que el régimen dejó a los jefes militares durante veinte años envanecerse de fueros para la comisión de toda clase de negociados lícitos e ilícitos en su afán de perpetuar la supremacía de la cosmovisión castrense en el manejo de las palancas del Estado. Y no menos extenuante, es el poco apego de hombres y mujeres de a pie a los preceptos cívicos que representa el ejercicio de la Democracia por medio de los mecanismos institucionales legítimamente constituidos. En absoluto, creemos imposible materializar la premisa, siempre y cuando exista una verdadera voluntad política de cimentar el control objetivo sobre el estamento militar sin medias tintas ni complejos, así como impulsar la educación ciudadana en su más amplia expresión. Importante, fue la observación que formuló de actualizar manidos enfoques y dejar atrás lugares comunes, de la que acusan líderes políticos cuando a duras penas trastabillan el tema militar, más aún, cuando en otras latitudes existen renovadas escuelas de pensamiento estratégico en el ámbito de la Seguridad y Defensa nacionales.
Por último, Medina, quien forma parte de la comisión especial de Justicia y Paz, aprovechó no solo para resaltar el trabajo que viene haciendo junto a otros colegas parlamentarios en relación a la justicia transicional que posiblemente estará sobre el tapete, sino para formular en nombre de su partido, cuatro propuestas concretas cuyo contenido si se revisa con detenimiento debiera atizar el debate. Causa honda impresión, la idea de extender las garantías contenidas en el acuerdo escasamente debatido, a aquellos altos oficiales que en el presente ocupan funciones de responsabilidad en áreas estratégicas dentro de la Administración Pública, siempre y cuando contribuyan a desconocer al régimen usurpador, hemos de suponer que tal medida va dirigida a los causantes del caótico estado que reina en PDVSA, CORPOELEC, CVG, entre otros entes. Pareciera que es el precio a pagar por ver restaurada la Democracia aun con los bemoles de la roña
De igual modo, resulta malaconsejado por decir lo menos, la insistencia de recoger el precepto de corresponsabilidad, establecido en el artículo de 326 de la Constitución, inserto por los constituyentes militares chavistas de 1999 no con otro propósito sino de abrir la caja de Pandora que significa el intervencionismo militar en la vida política del país. Tanto el principio de la “corresponsabilidad” como el estribillo llamado “contribución al desarrollo integral”, no son más que adefesios creados por los elucubradores del pretorianismo inmanente en un sector retrógrado de la Fuerza Armada para justificar un proyecto totalitario por demás execrable.
En fin, pocas han sido las ocasiones en los cuales el Poder Legislativo Nacional, se ha abocado, al menos con cierta displicencia, a tratar el tema militar. Contados son los aportes de la faena parlamentaria que pudieran ayudar a construir un instrumental teórico y práctico, capaz de comenzar hacer valer la premisa del control civil democrático sobre el sector de la sociedad al cual se le ha asignado la misión empuñar las armas de la república para defenderla y no para expoliarla.