La suspensión del diálogo entre el gobierno de Daniel Ortega y la oposición, sin consenso sobre la democratización ni el adelanto de las elecciones de 2021, amenaza con agravar la crisis que vive Nicaragua desde que estallaron las protestas hace un año, estimaron este jueves analistas.
La insistencia del gobierno de “mantenernos en esta camisa de fuerza (crisis) hasta las elecciones del 2021, nos va a llevar al despeñadero económico”, advirtió el analista y exdiplomático Mauricio Díaz a la AFP.
Las conversaciones cerraron el miércoles con acuerdos parciales, en los que el gobierno se comprometió a liberar a todos los opositores presos con el apoyo del Comité de la Cruz Roja Internacional (CCRI).
También prometió restituir las garantías constitucionales que fueron suprimidas durante la crisis, como el derecho a la protesta, la libertad de prensa y cesar las detenciones ilegales.
Sin embargo, “el gobierno no aceptó el adelanto de las elecciones y ningún punto de los que nosotros planteamos” sobre democratización y justicia para las víctimas de la represión, explicó el economista Juan Sebastián Chamorro, de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que participó en las negociaciones.
Esos temas eran clave para evitar las sanciones internacionales que pesan sobre la administración de Ortega, un exguerrillero de 73 años que gobierna desde hace 12 años bajo acusaciones de nepotismo, corrupción y totalitarismo por parte de la oposición.
“Yo creo que el país no aguanta llegar hasta el 2021” para propiciar un cambio, dijo Chamorro, quien vaticino un agravamiento de la situación económica a causa de las sanciones que a su juicio “van a venir”.
La crisis estalló en abril del 2018 cuando una protesta contra una reforma al seguro social devino en una demanda de salida del Ortega por la represión que ejerció contra los manifestantes.
Fue “una acción dirigida a derrocar al gobierno”, argumentó el miércoles Ortega, quien ha calificado las protestas como un intento de golpe de estado.
La represión dejó al menos 325 muertos, cientos de detenidos, más de 50.000 exiliados y el cierre de una docena ONG y medios críticos al gobierno.
– “Otra Venezuela” –
El 27 de febrero, el gobierno aceptó volver a la mesa de diálogo con la oposición presionado por las sanciones de Estados Unidos, la Unión Europea y la caída de la millonaria cooperación que recibía de Venezuela, ahora en crisis.
Estados Unidos aprobó en diciembre una ley conocida como Nica-Act, que entrará en vigor en junio, para restringir el acceso de Managua a créditos de organismos multilaterales.
Los europeos también amenazaron con aplicar sanciones a Nicaragua si no se resolvía la crisis con un diálogo.
La crisis contrajo el año pasado economía de Nicaragua en un 3,8%, provocó la pérdida de miles de empleos y el encarecimiento de la vida en un país pobre.
Ojalá “se pueda resolver el problema económica con un adelanto elecciones para evitar otra Venezuela”, expresó a la AFP el politólogo José Peraza.
Pero el exdiplomático Bosco Matamoros, el país cayó en un “limbo” y no cree que se pueda pactar un adelanto de elecciones este año.
La iniciativa requiere de una reforma constitucional que debe ser aprobada en dos legislaturas (dos años) por el parlamento, actualmente en manos del oficialismo que la propuesta, y donde la Alianza no tiene incidencia.
El derechista Partido Conservador, con representación minoritaria en el congreso, se ofreció este jueves apoyar la Alianza a cambio de un espacio en las negociaciones en caso de que sean reanudadas.
– “La pelota en la cancha del gobierno” –
El miércoles, el gobierno y la oposición dejaron abierta la posibilidad de retomar el dialogo tras un período de “reflexión”, si se dan las condiciones.
“La pelota está en la cancha del gobierno, tiene que mostrar voluntad, tiene que liberar a los opositores presos, dejar que gente proteste” sin represión para crear un ambiente que permita retomar el dialogo, dijo Chamorro.
Citó encuestas que indican que 88% de los nicaragüenses quieren que crisis sea resuelta mediante el diálogo, pero insistió en que el gobierno cumpla con sus compromisos, porque el país aún vive bajo un “estado de sitio”.
El gobierno reiteró en un comunicado su “inalterable” voluntad de cumplir con los acuerdos asumidos en el diálogo y su deseo de “construir cotidianamente los mejores sentimientos que abonen a la reconciliación
AFP