El Gobierno de Colombia y las organizaciones indígenas lograron el sábado un acuerdo para suspender una protesta de 27 días que mantuvo bloqueada una de las más importantes carreteras causando escasez de alimentos y combustibles en varias ciudades del suroeste del país.
Los indígenas mantenían obstaculizada la Vía Panamericana que permite la comunicación entre el centro y el suroeste de Colombia, provocando parálisis del tráfico de vehículos y desabastecimiento de alimentos y combustibles, para exigir el cumplimiento de acuerdos previos sobre inversión social y titulación de tierras.
“Se logró una concertación de unas inversiones que ya estaban previstas y calculadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo y que van orientadas principalmente a los temas de educación, salud, vivienda y a toda la parte de productividad”, dijo a periodistas la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.
“Esperamos que estos recursos (…) solucionen muchos de los problemas que históricamente ha tenido el Cauca”, explicó la funcionaria quien reveló que el acuerdo contempla inversiones por unos 257 millones de dólares, un 17 por ciento de lo que exigían los indígenas.
Además de los bloqueos de la carretera en varios tramos, durante la protesta se registraron ataques con armas de fuego y explosivos contra efectivos de las Fuerzas Armadas, mientras que los manifestantes quemaron algunos vehículos.
Fuentes de seguridad denunciaron que la protesta fue infiltrada por disidentes de las FARC y rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Al menos un policía y un indígena murieron en hechos aislados durante la manifestación, mientras que ocho nativos de la zona fallecieron en una explosión al parecer cuando manipulaban pólvora para fabricar bombas, según autoridades militares y de policía.
“Logramos la reivindicación de nuestras exigencias”, dijo el líder indígena Oliverio Name. Los manifestantes comenzaron el despeje de la carretera y paulatinamente se reanudó el tráfico de camiones de carga, autobuses y vehículos.
Desde 1986 grupos indígenas de Colombia han hecho más de 60 protestas y bloqueos para presionar a los gobiernos de turno por presupuestos destinados a inversión social en sus territorios, así como para la compra de tierras para esas comunidades que alegan haber sido desplazadas y despojadas de sus territorios ancestrales.