Conoce el guiso que tenía Motta Dominguez en Corpoelec con los contratistas

Conoce el guiso que tenía Motta Dominguez en Corpoelec con los contratistas

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Quienes a lo largo de años se han beneficiado con contratos irregulares otorgados por la administración chavista —Jesús Veroes y Luis Alberto Chacín— se verán cara con la justicia de los Estados Unidos durante la audiencia preliminar del juicio que se inicia en su contra por la comisión del presunto delito de lavado de dinero.

Maibort Petit / Venezuela al Día

Acusados por la Fiscalía de los Estados Unidos por presuntamente conspirar para lavar dinero, cometer ofensa a una nación extranjera, pagar sobornos a funcionarios públicos, malversación y robo de fondos públicos, Jesús Ramón Veroes y su socio Luis Alberto Chacín Haddad, deberán comparecer ante la Corte del Distrito Sur de Florida el próximo 190 de mayo en la que será la audiencia preliminar del proceso judicial que se inicia para determinar su culpabilidad o inocencia en los hechos que se les imputan.

Veroes, un conocido empresario venezolano, fue detenido por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) el pasado 14 de marzo en Doral y trasladado a una prisión federal de Miami en la que se encuentra a la espera del juicio por las negociaciones irregulares que mantenía con la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) cuyos fondos serían lavados mediante operaciones orquestadas con Chacín Haddad en el sistema financiero de los Estados Unidos. Se le vincula con el exministro de Energía Eléctrica y expresidente de Corpoelec, Luis Motta Domínguez, con quien mantiene una relación de compadrazgo y amistad de larga data y quien, igualmente, se presume sea uno de los funcionarios mencionados en los documentos que sirvieron para establecer la causa probable de su acusación por el sistema judicial estadounidense.

La detención e inicio del proceso judicial contra Veroes y Chacín Haddad coincide con la agudización de la crisis que padece Venezuela, país que se mantiene prácticamente a oscuras en razón del colapso de su sistema eléctrico, pese a las grandes inversiones por contratos suscritos a lo largo de veinte años por las administraciones socialistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero que en nada han traducido en la solución del grave problema.

Contratos como los que los documentos judiciales que a continuación se presentan son un ejemplo de la corrupción imperante en las instituciones venezolanas.

Veroes y Chacín Haddad —residenciados en Estados Unidos— vendieron a Corpoelec transformadores y equipos por millonarias sumas a pesar de que no eran compatibles con el sistema eléctrico venezolano sino con los de Cuba y Nicaragua, tal como lo refiere el primero de los imputados en una de las conversaciones grabadas por un testigo cooperante en el proceso de investigación que se le siguió y que desembocó en su detención.

Nuestros lectores además podrán constatar en los documentos presentados para la acusación y que damos a conocer seguidamente, cómo Veroes alardea de ser el responsable de conseguir los contratos en razón de su relación con altos funcionarios del Ministerio de Energía Eléctrica y Corpoelec. De hecho, en algún momento de la conversación se refiere al funcionario venezolano como “ministro”. Se trata de cuatro contratos para vender a Corpoelec equipos por USD 6.429.000, por USD 9.789.250, por USD 893.713,89 dólares y otro que se suscribió entre la empresa venezolana la firma de un Co-Conspirador, quien preside una corporación de Florida con sede en Port St.

Igualmente damos a conocer documentos de otras diligencias practicadas por Jesús Veroes relacionadas con su defensa.

El documento que establece la causa probable

El 14 de marzo de 2019, ante la Corte del Distrito Sur de la Florida, la fiscal de los Estados Unidos, Ariana Fajardo Orshan, presentó el caso N° 19-2352-JJO, en el que denunció que entre 2016 y 2017, en el condado de Miami-Dade en el Distrito Sur de Florida, el acusado Jesús Ramón Veroes, violó la sección 18 del Código de los Estados Unidos (1956) al conspirar para cometer el delito de lavado de dinero.

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