Colombia tendrá “cero tolerancia” con los efectivos de sus Fuerzas Armadas que violen los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, dijo el sábado el presidente Iván Duque al asegurar que todas las operaciones militares se hacen respetando la Constitución y la ley.
El mandatario respondió implícitamente a una publicación del diario New York Times que denunció supuestas presiones a jefes militares para aumentar los resultados en la lucha contra los grupos armados ilegales.
“Habrá cero tolerancia con quien deshonre el uniforme y quien cometa delitos usando el uniforme de la patria”, dijo Duque en un acto de gobierno en la ciudad de Pasto, en el sur del país.
De acuerdo con el informe, el comandante del Ejército, general Nicacio de Jesús Martínez, ordenó a sus tropas duplicar la cantidad de guerrilleros y criminales muertos, capturados o rendidos, una instrucción con la que se corre el riesgo de reducir las normas de protección a los civiles.
La publicación recordó episodios del pasado conocidos como “falsos positivos” en los que algunos efectivos militares presentaron a civiles como guerrilleros muertos en combate para complacer a sus superiores y ganar beneficios como vacaciones. A los civiles les colocaban armas y uniformes para mostrarlos como rebeldes, según investigaciones de la Fiscalía General.
“Todas las Fuerzas Militares y de Policía han tenido también una instrucción clara de parte mía desde el primer día del gobierno y es obrar siempre con la Constitución y la ley, en estricta defensa de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, aseguró Duque.
Más de 400.000 efectivos de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional combaten a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no aceptaron los términos de un acuerdo de paz firmado en 2016 y a las bandas criminales conformadas por exparamilitares de ultraderecha.
Algunos efectivos de las Fuerzas Militares fueron acusados en el pasado por organizaciones como Human Rights Watch de violaciones a los derechos humanos y de complicidad con escuadrones paramilitares, grupos ilegales armados que surgieron en la década de 1980 financiados por ganaderos y terratenientes para combatir a la guerrilla izquierdista.
Aunque la intensidad del conflicto de más de medio siglo que ha dejado 260.000 muertos se redujo tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, otros grupos armados ilegales ocuparon los territorios que abandonó la desmovilizada guerrilla para realizar actividades de narcotráfico y minería ilegal.