Como todos los años desde 1998, durante el mes de mayo asistimos a la reunión anual de la International Trademark Association (INTA), evento global que reúne a más de diez mil abogados y prestadores de servicios relacionados con la Propiedad Intelectual, quienes desde todas partes del mundo asisten a intercambiar experiencias y actualizar conocimientos, en una disciplina que está íntimamente asociada al desarrollo tecnológico y la innovación.
En su centésima cuadragésima primera edición, la reunión anual de la INTA esta vez no es una excepción y aborda de forma exhaustiva los temas que hoy ocupan a quienes se dedican a desarrollar las mejores estrategias para la protección efectiva de las creaciones del intelecto. Así, se discute sobre Inteligencia Artificial, Big Data, Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR), Blockchain, entre otros temas de gran actualidad, todo en un ambiente donde durante cinco días y con asistentes de los cinco continentes, priva la búsqueda de las mejores soluciones para quienes ponen su intelecto al servicio del desarrollo y la evolución.
En contraste al avance y al progreso, la misma materia que en el mundo entero es reconocida como el combustible de toda economía, en Venezuela enfrenta ya desde hace varios años y de manera sostenida e implacable un esfuerzo serio por parte de quienes ejercen la autoridad para destruir cualquier signo de protección al derecho humano fundamental de los creadores sobre sus creaciones intelectuales; y es que pese a su consagración y reconocimiento con rango constitucional, ya desde hace más de una década no se conceden o reconocen en Venezuela derechos a los inventores sobre sus invenciones, además de haberse desplegado sin miramiento alguno, una política de obstaculización y discriminación retrógrada en contra de los derechos de los titulares extranjeros, quienes de conformidad con los diversos Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Venezuela, deben recibir el mismo tratamiento y condiciones que los venezolanos en cuanto a formalidades y alcance de sus derechos. En fin, la obstaculización y la destrucción de derechos individuales fundamentales y el desconocimiento de la ley se convirtieron en práctica oficial y la calle es testigo de ello, cuando a veces pareciera más difícil adquirir algunos productos en su versión original que las abundantes copias o falsificaciones que abundan en el mercado, todo ello en detrimento del eslabón más débil de la cadena, que es el consumidor promedio, quien carece de las herramientas para evitar verse defraudado en su buena fe y embaucado por quienes no solo despliegan intencionalmente sus prácticas desleales y parasitarias, sino que además se ven beneficiados por la anomia y desprotección de las creaciones, en una conducta claramente intencional y deliberada de quienes están llamados a hacer justamente lo contrario.
Mientras tanto, frente a la anomia, aún existe esperanza y desde algunos espacios se construye la estructura de lo que será un nuevo marco de protección y promoción de la innovación en Venezuela. Por ejemplo, desde la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional, se avanza en la discusión de una nueva Ley de Propiedad Industrial, en la que como asesores de la mesa técnica desde donde se coordina dicha propuesta, trabajamos junto a un grupo de valiosos colegas especialistas, en función de diseñar un marco jurídico moderno que responda a la urgente necesidad de insertarnos en el torrente de la modernidad, para dejar atrás como un mal recuerdo, la que seguramente quedará registrada como la era más oscura de nuestra historia, dando paso a la iluminación que solo es posible alcanzar a través del conocimiento.
Desde esta tribuna, seguimos apostando a lo que se ha señalado como la ruta para trascender al desastre; y tan pronto ello ocurra, porque ocurrirá, la innovación está llamada a ser protagonista de la reconstrucción de Venezuela.
Cástor González
Abogado
Presidente del Centro Popular de Formación Ciudadana (CPFC)
@castorgonzalez