Inseguridad Alimentaria, por Fernando Camino Peñalver


 

La Cumbre Mundial de la alimentación, promovida por la Organización de las Naciones Unidas en 1996 estableció el concepto de Seguridad Alimentaria: “existe seguridad alimentaria, cuando todas las personas de una nación tienen acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos, para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida sana y activa”.

En nuestro país, el noventa por ciento de la población no tiene posibilidades económicas para poder alimentar a su familia debido al alto costo de los alimentos y a sus bajos ingresos. Por otra parte, aquellos alimentos que se podrían adquirir por su bajo costo se encuentran desaparecidos de los anaqueles y solo se consiguen en el “mercado negro” y a un precio incomprable.

Durante estos veinte años, el régimen se dedicó destruir al sector de la producción de alimentos. El hostigamiento al sector productivo, fue el inicio del progresivo deterioro de la calidad de vida de nuestra población. Mediante la aprobación de decenas de leyes, donde se violan principios constitucionales, el régimen fue acabando con la estructura productiva de todo el circuito de la producción agroalimentaria.

La bonanza petrolera y el absurdo endeudamiento del gobierno, lograron sustituir la producción nacional por alimentos importados. Pero la caída de los precios del petróleo y la debacle de la producción de crudo dieron inicio a la crisis humanitaria, hoy convertida en emergencia humanitaria compleja.

El desequilibrio de las variables macroeconómicas, agudizada por la falta de independencia del BCV, el control sobre nuestras divisas, la caída progresiva de la inversión y de la producción interna de bienes y servicios, configuraron un cuadro propicio para que se desatara una espiral hiperinflacionaria como pocas en el mundo. La caída de la producción y la imposibilidad de disponer de divisas para realizar las importaciones, ha generado una dramática escasez de bienes y servicios. El régimen, ante la imposibilidad de cubrir el déficit fiscal debido a la caída del PBI y del consumo, acude al peor de los recursos: la emisión de dinero inorgánico. Lógicamente, esto es echar combustible al fuego de la inflación.

Debido a lo antes señalado, el nivel de pobreza de nuestra población medido por la línea de ingreso, según la ONU, se sitúa en un 93%. A pesar de todos los aumentos del ingreso mínimo mensual decretados por el régimen, en abril de este año, según la última medición del Cendas, se necesitaron 64.142 bolívares diarios y 48,10 salarios mínimos mensuales, para poder pagar el costo de los alimentos de una familia de cinco personas. Hemos retrocedido más de noventa años en la capacidad del ingreso del venezolano, en el año 1935 el salario mínimo mensual era el equivalente a 15 dólares y se consideraba un salario de hambre.

La política de abastecimiento del régimen, ha degenerado en el reparto de cajas de comida cuyo contenido no guarda ningún tipo de balance nutricional y su inocuidad es cuestionable, con el agravante de que este reparto es manejado como un mecanismo de control social, utilizado para mantener una camarilla inepta y corrupta usurpando el poder. Además, la escasez y el alto costo, impiden al consumidor satisfacer sus necesidades alimentarias con productos de su preferencia como lo señalan los principios del concepto de Seguridad Alimentaria.

Cuando afirmamos que existe en nuestro país una emergencia humanitaria compleja, es porque la escasez y la carestía de los alimentos se agravan por la manipulación con fines políticos que ejerce el régimen en la distribución de los alimentos y en los subsidios económicos que aplica. El deterioro de los servicios públicos como la falta de electricidad, de agua potable y gas doméstico, impide tanto a productores como a consumidores la normalidad tanto de la oferta como del consumo. Toda esta problemática no ha sido causada por una catástrofe natural ni por un enfrentamiento bélico, todo lo contrario, ha sido generado por la ineptitud y la corrupción de un régimen decadente, de allí la calificación de emergencia humanitaria compleja.

La propuesta del Plan País Agroalimentario, plantea en líneas generales el crecimiento de la oferta de alimentos mediante el estímulo a la producción privada y al consumo de la población. Eso significa garantizar la seguridad jurídica tanto a productores como a consumidores, el respeto a la propiedad privada y la generación de servicios públicos eficientes. En este nuevo marco económico, es fundamental la rentabilidad del sector productivo y el subsidio directo a la población más vulnerable de nuestro país para asegurar el consumo normal de ésta. Estamos trabajando para que muy pronto los venezolanos no tengan en lo absoluto esa preocupación en sus vidas, y puedan dedicarse enteramente a su bienestar familiar y a ayudar en la reconstrucción del país que todos deseamos.