Rafael Isea, exministro venezolano al que la llamada policía patriótica del PP recurrió para armar su causa contra Podemos, se siente “utilizado para una trama política”. En abril de 2016, tres agentes de la Policía Nacional viajaron a Nueva York para reunirse con Isea, que participó en el alzamiento militar del 4 de febrero de 1992 y fue ministro de Finanzas de Hugo Chávez en 2008, con la intención de que avalara la autenticidad de una copia de un documento que recogía un pago del Gobierno venezolano a la fundación CEPS, precursora del partido español. Quedaban dos meses para las elecciones en España y los sondeos situaban a Podemos cerca de convertirse en la segunda fuerza del país.
Por: Pablo Guimón | EL PAÍS
Los policías le aseguraron que acudían en representación del Gobierno español. Para convencerle de que declarara, se comprometieron a sacar de Venezuela a sus familiares y ofrecerles una “nueva vida”. Le dijeron que su testimonio no se haría público.
Isea accedió a declarar y todos los compromisos se evaporaron. Al mes siguiente su declaración, con nombre y apellido, fue publicada en el diario Abc. No volvió a saber nada de los policías y nadie se movió para sacar de Venezuela a su familia. Isea recuerda aquellos días en un encuentro con EL PAÍS a las afueras de Washington, donde lleva una vida discreta con su esposa y sus hijos.
“Me manipularon con algo muy delicado, pusieron en riesgo a mi familia”, explica. “Estuve varios meses sometido a una presión muy dura. Aguardando la reacción del Gobierno venezolano. Estuve meses esperando el golpe. Es una de las razones por las que he evitado hacer declaraciones hasta ahora. Estamos hablando de vidas. Hablamos de una señora de 80 años a la que ni siquiera puedo ver. Confié en un Gobierno que me dijo que podía sacar a mi madre de allí”.
El primer contacto se produjo a través de un conocido de Isea. La cita fue el 12 de abril de 2016 en el Consulado de España en Nueva York. “Es importante que para mí en todo momento se trataba del Gobierno español”, añade. “Eran autoridades del Estado. La reunión era con funcionarios del ministerio del Interior y en el Consulado, en unas dependencias a las que yo nunca habría podido acceder. Si la reunión hubiera sido en un café, uno podría sospechar. Pero había una institucionalidad clara”.
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