La larga batalla que mantiene el COMESA (Comité Africano para la Libre Competencia) con la multinacional audiovisual francesa Lagardère Sports y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) por el reparto de los derechos de televisión de la Copa de África (CAN) tiene en estado de duermevela a las 24 selecciones participantes a menos de tres semanas de que el anfitrión, Egipto, rompa el fuego de la competición en El Cairo frente a Zimbabue.
La falta de acuerdo entre las partes implicadas para definir el reparto de los importantes beneficios económico que dejará la 32ª edición del torneo de fútbol más relevante en el continente africano pasa por ser el enésimo capítulo de una guerra que arrancó hace más de dos años ante la imperiosa necesidad de revisar los contratos de derechos de televisión que el ex presidente de la CAF, Issa Hayatou, había concedido de modo fraudulento a Lagardère Sports hasta el 2036.
Lo paradójico del caso es que la misma espoleta que en 2017 hizo saltar por los aires la dictadura de casi tres décadas del corrupto dirigente camerunés al frente del fútbol africano, se encuentre todavía en fase retardada con el permiso de su sucesor, el malgache Ahmad Ahmad.
Ahmad, cuyo breve reinado (fue elegido en marzo de 2017) se tambalea a causa de las acusaciones de corrupción y abuso sexual a varias empleadas de la organización que preside, reveladas a la FIFA por su propio secretario general, el egipcio Amr Fahmy (a quien destituyó de manera fulminante), no ha cumplido ninguna de las promesas que hizo durante su campaña electoral respecto al polémico asunto de los derechos de televisión. De hecho, el ex presidente de la Federación de Madagascar afirmó con rotundidad que pondría fin a la posición privilegiada de Lagardère y su socio, BeIN Sports, si conseguía expulsar a Hayatou del sillón presidencial.
Pero no ha sido así, para desgracia de las 24 selecciones que el próximo día 21 empezarán a jugarse la Copa de África a pocos kilómetros de la sede central de la CAF. Ahmad no sólo no ha invalidado los contratos firmados ilícitamente por su antecesor con la compañía francesa, sino que ha dilatado a propósito las negociaciones para revisarlos y actualizar el montante económico que deberán percibir los equipos participantes en el torneo continental, al haber pasado éstos de 16 a los 24 de la presente edición.
De figura decorativa podría considerarse el llamado Comité Estratégico, que Ahmad creó al poco de hacerse con la presidencia con la intención de renegociar los contratos y atender las demandas del canal egipcio que se vio perjudicado directamente por la concesión fraudulenta de los derechos de retransmisión de las competiciones continentales a Lagardère. Sus tres miembros, el congoleño Costantine Amari, el marroquí Fouzi Lekjaa y el egipcio Hany Abo Rida, todos ellos personas de confianza de Ahmad, se han dedicado a dar largas a todos los actores implicados en el conflicto en las cuatro reuniones mantenidas durante el último año y medio. La comisión de negociación ha hecho caso omiso sistemáticamente a las propuestas presentadas tras dichos cónclaves por los egipcios y el COMESA para intentar destrabar el problema y lograr cuando menos un reparto equitativo de la torta televisiva.
Mientras tanto, el controvertido Ahmad se ha dedicado ha estrechar lazos con Lagardère y su director general en África, Idriss Akki, con quien incluso acaba de realizar la Omra (peregrinación a la Mecca), en un viaje cuyos gastos, se sospecha, han corrido a cargo de la entidad que preside el dirigente malgache.
De lo que ya no hay duda es que el injustificado enquistamiento del conflicto audiovisual afectará a la inminente Copa de África, que se celebrará del 21 de este mismo mes al 19 de julio. Los países participantes en el torneo tenían la esperanza de que la cuestión de determinar el valor financiero de la CAN se resolviera una vez aumentado el número de selecciones de 16 a 24, es decir, de 32 a 52 partidos. Pero esa inesperada complicidad entre la CAF y Lagardère ha impedido hasta ahora sacarlo adelante, con el consiguiente perjuicio económico para los protagonistas.
Los derechos del torneo, que están valorados en 55 millones de dólares (de los cuales 40 millones corresponden únicamente a derechos de televisión), continúan sin modificarse, aunque el artículo 9.5 del contrato de la CAF con Lagardère especifica claramente que el valor económico de tales derechos debería ser superior una vez se haya aumentado el número de equipos. Sin embargo, la compañía gala ignora sistemáticamente dicha cláusula, en tanto que a Ahmad tampoco parece importarle mucho que se aplique correctamente.
Se estima que el valor real de los derechos audiovisuales de Egipto 2019 alcanzará los 100 millones de dólares, toda vez que se ha aumentado el número de partidos y también por el hecho de haber trasladado la competición de invierno a verano, agregándole así un valor de marketing adicional, puesto que ya no coincidirá con los campeonatos domésticos europeos. | Por Josimar Bezares