Al problema de las invasiones en Venezuela hay que ponerle coto en la nueva gobernabilidad y reducirlo a cero, si aspiramos en el largo plazo convertirnos en un país desarrollado; porque los sueños del futuro se alcanzan con acciones concretas en el corto plazo. Las invasiones ponen en entredicho el sacrosanto principio de la propiedad privada y ya sabemos que sin un respeto a ultranza de la posesión no existe seguridad jurídica y en consecuencia no habrá inversión, empleo, ni desarrollo. No es que solamente atacando el problema de la corrupción, la impunidad, la inseguridad, la delincuencia, o el narcotráfico, como vamos a desarrollarnos; es imprescindible brindarle seguridad al inversor que su capital representado en bienes, derechos, acciones o dinero, no será expropiado, conculcado, confiscado o invadido. Así lo han hecho los grandes países, los del primer mundo y por ello han alcanzado las cotas de desarrollo que disfrutan sus ciudadanos; aunque es cierto que esto también ha sido posible por la existencia de un régimen de libertades, un respeto por los derechos humanos y por una democracia efectiva.
La práctica de las invasiones en este régimen se ha convertido en un hecho cotidiano. Se han invadido terrenos, parcelas urbanas, casas, edificios, urbanizaciones, hatos, fincas, empresas, bosques, zonas protegidas, cerros, riveras de ríos, etc. Las invasiones en muchos casos son dirigidas por profesionales de esta práctica que bajo la protección de mafias y la complacencia del régimen, actúan con impunidad y libertad de acción. Me comentaba un amigo propietario de un hato de ganado en el centro del país, que en su fundo se metieron violentamente un grupo de invasores; tomaron posesión de un lote de terreno y sembraron en él. El propietario hizo la denuncia antes las autoridades competentes: policía y Guardia Nacional, sin que ninguno de estos organismos hiciera nada al respecto. Luego interpuso los recursos judiciales ante el juez de la circunscripción, sin que tampoco, con el paso de los años, aconteciera el desalojo que procede por ley. Estos invasores utilizaron la quema como método de limpieza de los terrenos que ocupaban para la siembra, con el desafortunado resultado que hubo un incendio que se descontroló y se propagó por todo el hato, quemando el 85% de la propiedad: pastizales, cercas, animales, bosques, etc. ¡Una verdadera calamidad! Sin embargo, de tal acto de efectos tan perjudiciales, no hubo investigación, ni se detuvo algún culpable.
En la Reserva Forestal de Caparo, en el estado Barinas, unos invasores penetraron en forma violenta a una zona asignada a la Universidad de Los Andes. Estos usurpadores que aseguran ser campesinos pobres, practican la cacería de animales como dantas, cochino de monte, venados, lapas y cachicamos. Esta actividad diezma la fauna de la reserva. Además practican el abigeato de becerros y búfalos, entre fincas alrededor de la reserva. Inicialmente los invasores establecen conucos de maíz, yuca, plátano o frutales, para asegurar su subsistencia; luego paulatinamente, durante aproximadamente 4 años, van talando los árboles y quemando sus parcelas. Luego, como la quema mata la fertilidad del suelo, las tierras se van haciendo aptas para la ganadería; pero como esta actividad es de una inversión costosa, que los invasores no pueden asumir, venden las tierras a otros que asumen una explotación ganadera de baja productividad. Con lo cual un bosque que debemos preservar para asegurar el agua, la biodiversidad y protegernos del cambio climático, se convierte en sabanas de bajo aprovechamiento.
Aplicar la ley en toda su rigurosidad, sin contemplaciones y sin complacencias, para erradicar las invasiones, tiene que ser una prioridad y un tema de urgente implementación, para rescatar la confianza y la seguridad en el estado de derecho. El nuevo gobierno debe asumir el costo político de acabar con las sinvergüenzuras del régimen, poner orden, sacar a los invasores y restablecer los derechos de propiedad. Si no, la inversión y el desarrollo, serán una quimera.