La reapertura de un importante cruce fronterizo entre Colombia y Venezuela es un paso importante para evitar que los venezolanos caminen a través de senderos remotos donde los grupos armados los extorsionan fácilmente. Pero es poco probable que frene el conflicto o el flujo de contrabando en la región.
Por: InSight Crime / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Nicolás Maduro anunció la reapertura de los puentes que unen el estado venezolano de Táchira con el norte de Santander de Colombia el 8 de junio. La frontera se había cerrado desde el 23 de febrero, luego de que estallaron violentos enfrentamientos cuando las fuerzas militares de Venezuela bloquearon la llegada de ayuda humanitaria desde Colombia.
Christian Kruger Sarmiento, director de la agencia de migración de Colombia, dijo que 37,000 venezolanos habían hecho el cruce legal en las primeras 24 horas y que el uso de los senderos clandestinos conocidos como “trochas” se había reducido significativamente. Las fuentes dijeron a InSight Crime que la policía colombiana había comenzado a destruir estos senderos y a cubrirlos con piedras.
En medio del cierre de la frontera, los senderos se convirtieron en puntos críticos para el conflicto cuando los grupos armados lucharon por los beneficios de la migración ilegal y los movimientos de contrabando. Los datos publicados por el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana muestran que la ciudad fronteriza venezolana, Ureña, vio su tasa de homicidios más del doble durante la primera mitad de este año en comparación con la misma fecha en 2018. El aumento de asesinatos se debió en parte a enfrentamientos entre pandillas en las cercanías de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander.
Sin embargo, estos enfrentamientos son simplemente una intensificación de la violencia que ha cobrado un estimado de 10,000 vidas en la región desde 2012.
Análisis del InSight Crime
La reapertura del puente internacional trae alivio a muchos venezolanos que hacen viajes regulares para comprar artículos de primera necesidad en Colombia, así como a miles más que desean huir del país. La disponibilidad de cruces fronterizos legales les ahorra el peligroso viaje a través de las ‘trochas’, donde son presas fáciles para los delincuentes.
Sin embargo, la “guerra por las trochas ” es anterior al último cierre de la frontera, y es probable que el conflicto continúe mientras los flujos de contrabando permanezcan en juego.
Los grupos armados que compiten por el control incluyen guerrilleros y disidentes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El ELN y la ex mafia de las FARC se han expandido en la región en medio de la violenta crisis política en Venezuela.
Los paramilitares de Venezuela conocidos como “colectivos”, pandillas emergentes como “La Línea” y grupos de narcotraficantes colombianos como “los Rastrojos” también se han movilizado para luchar contra las rutas de contrabando y las bandas de extorsión asociadas.
Sin una vigilancia policial efectiva en ambos lados de la frontera, el conflicto sobre los flujos de contrabando puede intensificarse entre estos grupos armados, que ya no pueden extorsionar fácilmente a los migrantes que se desplazan por los caminos.
La implementación de dicha vigilancia policial es un desafío particular en el lado venezolano, donde los funcionarios de la frontera se han beneficiado del movimiento de contrabando y otras economías de la frontera ilícitas.