El director del capítulo Venezuela del Centro Internacional de Derechos Humanos Justicia y Libertad, Miguel Méndez Fabbiani, emitió un comunicado y declaró a los medios de comunicación nacionales y extranjeros lo siguiente:
“La responsabilidad directa de este salvaje crimen le atañe y compete directamente al usurpador del poder ejecutivo y a su subalterno jefe del órgano de inteligencia militar en Venezuela.
Es francamente imposible que en este caso que captó la atención exclusiva de la alta cúpula del régimen, su amplia red de medios y sus principales voceros, que ahora pretendan presentarle al mundo este hecho aborrcible como una acción aíslada y esporádica de bajos funcionarios segados por una violencia inusual y excepcional.
Este asesinato fue expresamente ordenado desde el pináculo del poder e implica directamente a los más altos mandos militares y civiles del régimen.
Estos jerarcas deberán responder en tribunales de justicia internacional por este asesinato precandidato y aleboso con largas penas de prisión por sus crímenes”.
El activista internacional de Derechos Humanos Miguel Méndez Fabbiani señala la existencia de una metodo, un sistema de tortura física y mental aplicada a efectivos militares y a prisioneros políticos que se manifiesten inconformes con la tiranía que encabeza Nicolás Maduro:
“En este caso execrable y en otros recientes como el del Concejal Albán se hace patente que existe una Política de Estado diseñada en la mismísima primera magistratura usurpada, para ejercer sistemáticamente el empleo de tratamientos degradantes que finalizan en cruel tortura física y mental, propinada por los mismos organismos de inteligencia militar del régimen a efectivos castrenses y presos políticos inermes.
Es ahora del dominio público la incontrastable evidencia de la salvaje y sistemática tortura a la que sometieron al Capitán de Corbeta Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los propios organismos represivos del régimen de Nicolás Maduro.
Exigimos y demandamos a la Alta Comisionada de Paz de la ONU Sra. Michell Bachellett que se conforme inmediatamente una comisión internacional para realizar una autopsia independiente y veaz, una investigación especial integrada por expertos internacionales de justicia que asignen definitivamente las responsabilidades penales a los autores intelectuales y materiales de este grave crimen, si es que existe en su representación verídica voluntad de hacer justicia por este crimen.
Les reiteramos desde nuestra representación humanitaria a los funcionarios militares y civiles incursos en estas prácticas medievales, que los Crímenes de Lesa Humanidad como este no prescriben nunca, sus implicaciones no son negociables y sus autores no son elegibles para amnistía alguna. Pagarán por esto”.
Nota de Prensa