Las peores falacias preparadas por el chavismo para rechazar el informe de Bachelet

Las peores falacias preparadas por el chavismo para rechazar el informe de Bachelet

Bachelet
Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, y Nicolás Maduro se reúnen en Caracas. REUTERS / Manaure Quintero

 

El régimen de Nicolás Maduro preparó este jueves un conjunto de cínicas respuestas, aparentemente premeditadas, al avance del informe que presentó la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, luego de su visita a Venezuela en junio.

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“En gran parte, esta distorsionada visión del informe es el resultado de las importantes debilidades presentes en la metodología utilizada para su elaboración”,  omentó una infame nota emitida por Jorge Arreaza, quien ocupa la cancillería bajo las órdenes de Maduro.

El documento que denuncia una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno” chavista, se elaboró con más de 500 entrevistas en Venezuela y otros ocho países a presuntos testigos de violaciones a los derechos fundamentales, en un período comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.

Sin embargo, Arreaza y compañía desestimaron la responsabilidad de su administración en la debacle humanitaria y rechazaron con débiles afirmaciones que se omitieran los supuestos avances en materia de Derechos Humanos que se atribuyen a sí mismos.

Algunas de tales falacias serían las siguientes:

Carnet de la patria

1. “En el párrafo 11, el informe omite hacer referencia a otras medidas implementadas por el Gobierno de Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Entre esas medidas se encuentran: el sistema de asignaciones dinerarias mensuales a través del Carnet de la Patria, el subsidio general a los costos de los servicios públicos (agua, electricidad, gas doméstico, transporte, internet), la gratuidad del sistema educativo y de salud, así como, la universalidad en el sistema de pensiones de seguridad social, entre otras. Toda esta información fue aportada a la OACNUDH durante su visita a Venezuela”.

Según afirma el régimen de Maduro en este punto, los bonos del carnet de la patria, los cuales han mermado considerablemente en 2019, serían más que suficientes para amortizar los gastos de la familia venezolana, en lugar de constituirse como una herramienta de control social y político.

De igual manera, las miles de protestas realizadas por los ciudadanos para exigir el suministro de los principales servicios públicos parecen no ser lo suficientemente representativas para el chavismo como para admitir su deuda en dicho renglón.

Apagones

2. Igualmente, en el párrafo 19 el informe sostiene que 40 pacientes murieron como resultado de los “cortes de energía”. Esta aseveración resulta errada pues durante el sabotaje eléctrico ocurrido en marzo de 2019 no se registraron pérdidas de vidas humanas que resulten atribuibles a la falta de electricidad. La inmensa mayoría de los hospitales del país disponen de plantas eléctricas de respaldo. En aquellos establecimientos de salud donde no existe planta de respaldo o se registraron fallas, se activó un plan de contingencia de manera exitosa.

Tras los apagones masivos que mantuvieron en zozobra a toda Venezuela por más de cinco días en el pasado mes de marzo, el texto chavista se desmarca de las muertes a consecuencia de los mismos en diversos centros de salud.

Sanciones

3. En el párrafo 27, el informe sostiene que la economía venezolana ya se encontraba en crisis antes de la imposición de las medidas coercitivas unilaterales del 2017. En ese análisis, la OACNUDH omite considerar el impacto generado por la dramática reducción del precio del barril petróleo a partir del año 2014, como resultado de las acciones adoptadas por el Gobierno de los Estados Unidos para manipular el precio del petróleo, a través del incremento de la producción de petróleo de esquisto.

Aquí, de la forma más ilógica, el chavismo pretende proyectar la crisis económica a la producción petrolera de un país extranjero, que en ejercicio de su soberanía, arroja su oferta al mercado mundial. Asimismo, las promesas del fallecido Hugo Chávez de elevar nuestra producción diaria mermaron mucho antes de la caída en el precio del hidrocarburo.

Medios de comunicación

4. En el párrafo 28, el informe destaca el supuesto cierre de medios de comunicación social y la expulsión de periodistas del territorio nacional. En este abordaje, la OACNUDH omite la información suministrada por el Estado en relación con el proceso de renovación de concesiones y las normas que regulan el ejercicio de la labor del periodismo para profesionales extranjeros, no residenciados en el país.

Nuevamente, el régimen de Maduro niega los señalamientos del informe de la ONU y asegura que ha renovado u otorgado nuevas concesiones de radio y televisión, sin aclarar, por supuesto, que la mayoría de dichos medios cuentan con marcada tendencia rojita o forman parte del “Sistema Nacional de Medios Públicos”.

El emblemático cierre de Radio Caracas Televisión (Rctv) en 2006 o las presiones contra medios digitales, especialmente a través de bloqueos a sus dominios en diversos servidores, son ignorados por la réplica chavista.

Torturas

5. En el párrafo 33, el informe señala que el Estado venezolano no habría investigado las denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos. Esta afirmación es errónea, tal como lo demuestra la información aportada a la OACNUDH en respuesta al cuestionario remitido por esa Oficina. En efecto, el Gobierno informó a la OACNUDH que, hasta la fecha, existen 44 personas privadas de libertad su presunta responsabilidad en el delito de homicidio, en el contexto de las manifestaciones ocurridas entre 2017 y 2019. Adicionalmente, existen 33 órdenes de aprehensión emitidas por este mismo asunto. Del mismo modo, se indicó a la OACNUDH que el Ministerio Público conoce 72 causas por presuntas torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, en perjuicio de 174 personas privadas de libertad en el contexto de las manifestaciones realizadas entre los años 2017 y 2019.

En este último punto, luego de la atroz muerte por torturas del Capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, el régimen de Maduro reconoció “causas por presuntas torturas”. Sin embargo, las cifras de presos políticos que ofrecen son diametralmente opuestas a las manejadas por el informe de Bachelet.

 

A continuación, la réplica completa del régimen de Maduro:

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