Los gobiernos de Rusia, China, Turquía, Irán, Cuba, Bolivia, Nicaragua, Bielorrusia y Birmania rechazaron el informe que Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentó el 5 de julio sobre la situación de Venezuela, reseñó El Nacional.
Expresaron su apoyo al régimen de Nicolás Maduro y aseguraron que las sanciones impuestas al oficialismo por el gobierno de Estados Unidos son las responsables de la crisis que afronta la nación.
Sin embargo, la posición de esos nueve países ha llamado la atención de organizaciones como la ONU y Amnistía Internacional por los múltiples casos de violaciones de derechos humanos en sus propios territorios.
Rusia
Desde que Vladimir Putin, aliado de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, llegó a la Presidencia de Rusia el 7 de mayo de 2012, el respeto a los derechos humanos se ha deteriorado en ese país.
La directora de Human Rights Watch en Moscú, Tanya Lókshina, afirmó que esa nación enfrenta la peor crisis en materia de derechos humanos desde la caída de la Unión Soviética en los años noventa.
La gestión de Putin ha sido cuestionada por el aumento en las restricciones a la información, acceso a Internet, libertad de expresión, asociación y reunión pacífica. También por el hostigamiento y la intimidación en contra de los defensores de derechos humanos, ONG independientes y minorías religiosas.
Durante su mandato se ha privado de libertad a personas por razones políticas, realizado juicios injustos y despenalizado leyes sobre actos de violencia intrafamiliar, las cuales acrecentaron los casos de agresión contra mujeres y niñas en varias regiones rusas.
Los hombres homosexuales fueron secuestrados, torturados y asesinados por las autoridades chechenas, de acuerdo con el informe de Amnistía Internacional de 2017/2018 acerca de la situación de los derechos humanos en el mundo.
China
El gobierno de Xi Jinping ha detenido a personas que se dedican al activismo y a la defensa de los derechos humanos, basándose en acusaciones vagas, señaló Amnistía Internacional el año pasado.
En China se intensificó el control sobre el uso de Internet, aumentó la represión de las actividades religiosas de los cultos no reconocidos por el Estado y se agravaron las violaciones de la libertad de expresión de la población, de acuerdo con el informe de la ONG.
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