El 30 de julio de 2017, en unos comicios que la comunidad internacional y la propia empresa proveedora de las máquinas de votación tachó de fraudulentos, el chavismo asestó uno de sus más duros golpes en el pulso por mantenerse, a toda costa, en el poder en Venezuela. Se escogieron a 545 delegados con la misión de redactar una nueva Constitución, que sustituyera aquella que el fallecido Hugo Chávez promovió en 1999 en los albores de su revolución. Dos años después, no hay una nueva Carta Magna y poco se sabe del proceso. La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) se erigió en un parlamento paralelo, un contrapoder, que ha acelerado la deriva institucional del país.
Por: Florantonia Singer | El País
La Constituyente ha sido la última trinchera de Nicolás Maduro para aferrarse al poder, después de que se viera seriamente amenazado en enero, tras otras elecciones sobre las que pendió la sospecha de fraude. Entonces, el líder chavista prestó juramento para un nuevo mandato ante el Tribunal Supremo y no ante la Asamblea Nacional (AN) —controlada por la oposición venezolana—. Una excepción a la norma que permitió jurídicamente la jugada de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, quien juró como presidente encargado y ahora cuenta de más de 50 Gobiernos de todo el mundo y abrió el camino para un cambio político que, ha insistido, se concretará con la ruta, que ya es un estribillo, del cese de la usurpación (o dimisión de Maduro), un gobierno de transición y elecciones libres.
En un acto en el Panteón Nacional, donde reposan los restos de los héroes venezolanos, el régimen de Maduro celebró el martes la nueva efeméride de su imaginario político particular. Diosdado Cabello, presidente de la Constituyente, señaló que “la única transición que hay en Venezuela es hacia el socialismo bolivariano”.
En la retórica del chavismo, con la creación de este órgano —convocado sin la previa consulta popular que exige la Constitución y alterando las bases del padrón electoral— se aplacó la intensa oleada de protestas antigubernamentales de ese año, que dejó más de 150 muertos y miles de heridos durante cuatro meses de manifestaciones callejeras. Pero también se dio un grave zarpazo al Poder Legislativo, al terminar de quitarle a la Asamblea Nacional todas las competencias y asumirse la Constituyente como un órgano plenipotenciario.
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