La Corporación Cimex S.A. y la Unión Cuba Petróleo (Cupet), defenderán sus intereses en una corte federal de Estados Unidos ante una demanda de la multinacional ExxonMobil, según anunció este lunes el diario oficialista Cuba Debate
Por DMB | lapatilla.com
Ambas compañías “han dado los pasos formales, por medio de sus abogados, para defenderse en una corte federal del distrito de Columbia, en Estados Unidos”, indica Cubadebate.
El pasado mayo, ExxonMobil presentó la demanda contra Cimex, que opera una amplia red de tiendas, cafeterías y centros comerciales, y contra CUPET, la empresa que controla el sector energético de la Isla, por supuesto “tráfico ilegal de propiedades” que le fueron confiscadas por el “régimen de Fidel Castro en 1960”.
Las propiedades, según el documento, incluían refinerías de petróleo y estaciones de servicio, que “todavía están en uso a pesar de que el demandante nunca ha recibido alguna indemnización”, reseña 14Ymedio
ExxonMobil solicita una “indemnización compensatoria” por importe de 71,6 millones de dólares más un interés “al 6% anual desde el 1 de julio de 1960”.
Este consorcio es heredero de dos empresas que operaban en Cuba en esa fecha, la Standard Oil y dos ramas de Esso, la matriz latinoamericana y la filial local Esso Cuba.
Cubadebate sostiene que “esta no será la primera vez, ni es inusual” que empresas cubanas defiendan sus intereses en el sistema judicial norteamericano, y recuerda que desde 1960 ha ocurrido más de 40 veces , “así lo han hecho y han obtenido veredictos favorables en varios casos”.
“El Estado cubano ha reiterado en múltiples ocasiones que la ley Helms-Burton es inaplicable en el territorio nacional, y que no le reconoce ni reconocerá efecto jurídico alguno, por el contrario, promoverá cuantas acciones se entiendan necesarias para impedir su aplicación”, sentenció el texto de Cubadebate.
El Gobierno mantiene que las expropiaciones llevadas a cabo tras el triunfo de la Revolución lo hicieron amparadas por leyes y en conformidad con el derecho internacional, y contemplaron procesos de compensación “justa y adecuada” que la Casa Blanca se negó a considerar.