Embarazadas detenidas en calabozos no tienen control médico hasta el parto

Calabozos / Foto Foto: Miguel González – Crónica Uno

 

En los calabozos hay mujeres que por obligación tienen relaciones sexuales con el pran —líder negativo— a cambio de su seguridad. O con custodios y funcionarios, bajo el soborno de ser trasladadas a juicio o a un sitio con más comodidades. Luego quedan embarazadas en prisión.

lapatilla.com

En los nueve meses de gestación no las llevan a hospitales para que les realicen ecografías o los controles médicos propios de esta etapa, lo cual pone en riesgo la salud de madre e hijo. Tampoco toman medicamentos o vitaminas, pues no se las suministran a menos de que se los lleven sus familiares.

Magaly Huggins, coordinadora de Una Ventana a la Libertad, explicó que a las mujeres detenidas les violan los derechos humanos, igual que a las mujeres que son familiares, quienes sufren atropellos y deben conseguir dinero que no tienen parar pagar “vacunas” a cambio de que les llegue la comida, bebida o medicinas al recluso.

Hay casos de abuso sexual o casos donde las mujeres ceden a sobornos para recibir beneficios. Es una estrategia de sobrevivencia, así como por limpiarles la celda les garantizan seguridad. Las relaciones sexuales formales están prohibidas dentro de los centros de detención preventiva, por ello todo embarazo es por un acto que está fuera de la ley”.
Una Ventana a la Libertad documentó en el primer semestre de 2019 que hay 1369 mujeres presas en 203 centros de detención preventiva, solo en 15 de los 24 estados del país.

Los estados que se tomaron en cuenta para la investigación fueron Distrito Capital, Miranda, Vargas, Zulia, Lara, Bolívar, Carabobo, Falcón, Mérida, Monagas, Nueva Esparta, Guárico, Aragua, Anzoátegui y Táchira.

La mayor población se reúne en Zulia con 575 (43 %) presas y le sigue el Distrito Capital, Miranda y Vargas con 289 (23 %). Estas cifras pueden ser mayores porque no se recoge por completo el territorio nacional.

Los calabozos policiales fueron diseñados para albergar a detenidos por un lapso de 48 horas. Sin embargo, la ONG documentó que alojan a procesados y sentenciados, algunos con cinco y hasta siete años.

Solo entre enero y marzo, en el estado Zulia, detuvieron a 28 mujeres durante las protestas por los servicios públicos y en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Una de ellas estaba en período de lactancia.

Hay casos como la mujer que estuvo presa, que era lactante, a quien le llevaban el niño o le sacaban la leche. Pero es una mujer que estaba protestando y cuando las agarran en esas condiciones es difícil que se le respeten sus derechos porque no es visto como un derecho”.
Carlos Nieto Palma, director de Una Ventana a la Libertad, agregó que el Código Orgánico Penitenciario (COP) establece que los niños deben permanecer con sus madres hasta los tres años, en espacios ideales para ellos en las cárceles. Aunque en los centros de detención preventiva no hay áreas para esto, el COP debería regir para todos los presos, independientemente de donde estén.

“Hay niños que se llevan las abuelas o las tías luego de que las presas dan a luz. Pero no todas las familias tienen condiciones. En otros casos llevan a los niños para que las mujeres amamanten o se sacan la leche y se la llevan al bebé”, agregó Huggins.

 

Abortos durante la detención

El informe semestral de Una Ventana a la Libertad documentó que cinco mujeres abortaron, en el oriente del país, luego de ser detenidas en enero.

“Ellas no lograron llevar a término su embarazo. ¿Dónde están las leyes antiaborto, que no son capaces de garantizarle a una mujer que su embarazo llegue a término? Desde el momento de la concepción el niño tiene derecho a la vida y ellos asesinaron a cinco niños”, detalló Huggins.

Estas detenidas no recibieron atención médica después del aborto, ya que no hay en los calabozos. En 73 % de los centros de detención preventiva no disponen de condiciones adecuadas de aseo ni agua para tomar.

Huggins denunció que las mujeres tampoco tienen higiene íntima, menos las embarazadas. En el estado Zulia fue detenida una mujer de 39 años a quien le bajó la menstruación y solo le permitieron pasar cuatro toallas sanitarias, cantidad que puede cubrir un día dependiendo del flujo.

 

Crisis de salud empeora en calabozos

La emergencia humanitaria compleja que se vive en el país agravó las condiciones de salud, en seis meses, de acuerdo con el informe. Solo cinco calabozos en Distrito Capital reportaron que tienen ambulancias para traslado de enfermos y cinco cuentan con personal médico.

Una Ventana a la Libertad registró 123 enfermos, 80 de ellos solo en Falcón y la mayoría padece tuberculosis. Las pésimas condiciones de aseo y el hacinamiento son focos para enfermedades infectocontagiosas.

Registraron reclusos con sarna, dengue, paludismo, gonorrea o VIH. También padecen de diabetes e hipertensión y solo reciben medicamentos gracias a sus familiares, al igual que la comida y 30 % no tiene parientes, es decir, no reciben agua ni alimentos. La gran mayoría es trasladada a un hospital cuando tienen pocas posibilidades de sobrevivir.

De las 119 muertes registradas en el primer semestre del año, en los centros monitoreados, al menos 20 fueron por enfermedades como tuberculosis o paludismo. La primera causa de fallecidos se desconoce debido a la censura que hay en estos centros, seguido por intentos de fugas o fugas, con 26 víctimas, y 24 decesos durante motines.

“No hay aislamiento de enfermos, los funcionarios toman las decisión de aislar a los que tienen tuberculosis porque ellos también se están contaminando”, añadió Huggins.
En 15 estados de Venezuela Una Ventana a la Libertad registró 19.023 detenidos en los calabozos, con capacidad para 3734 personas. De esta población 17.659 son hombres y 1369 mujeres.

“El hacinamiento es dramático, pero además el homicida está en la misma celda que el detenido que protestó en vía pública y esa mezcolanza es lo primordial que no debe haber en un centro de detención, el homicida o secuestrador no debe estar con menores de edad, pero ahí se mezclan todos”.

La ONG hizo un llamado a la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, para que respete los derechos humanos de los privados de libertad en calabozos y les garantice los cupos en una cárcel al cumplir el tiempo de detención de ley.

Con información de Crónica Uno