Un año después de la intoxicación masiva en las localidades aledañas al cordón industrial de Quintero y Puchuncaví, las autoridades chilenas no han podido determinar aún el origen de la contaminación y los residentes de esta zona costera denuncian que la situación sigue siendo crítica para la salud.
Pese a que los problemas causados por la contaminación en esa zona costera de la región de Valparaíso se arrastran desde hace más de medio siglo, el 21 de agosto se dispararon las alarmas cuando cientos de personas, incluidos menores de edad, fueron atendidos de emergencia en hospitales con síntomas de intoxicación.
Un año después de ese episodio, y pese a que el Gobierno chileno implementó un plan de descontaminación en el sector, la situación ha cambiado poco y se siguen registrando problemas de salud que los habitantes de la zona atribuyen a la contaminación de las plantas industriales.
De hecho, este martes 42 personas, la mayoría alumnos de un colegio, fueron atendidas en un centro médico de Puchuncaví al que llegaron con síntomas de intoxicación como cefalea, dolor abdominal y náuseas.
Los afectados relataron haber percibido un olor extraño en el ambiente y una de las hipótesis que las autoridades manejan es la presencia de hidrocarburos no metálicos.
Las localidades de Quintero y Puchuncaví, ubicadas 130 kilómetros al noroeste de Santiago, están rodeadas por un gran parque industrial con 17 plantas, que incluye una refinería de cobre de Codelco, termoeléctricas de AES Gener y compañías del sector hidrocarburos como Copec, Oxiquim, GNL Quintero, Enap, Enex y Gasmar.
Las autoridades chilenas iniciaron una investigación después de la intoxicación masiva de agosto del año pasado, pero aún no hay datos oficiales de los gases contaminantes que provocaron la emergencia y la Fiscalía tampoco ha concluido la investigación para determinar la empresa responsable de las emisiones.
Marta Aravena, de la organización Mujeres de la Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví, denunció a Efe que un año después todo “sigue igual” porque la regulación ambiental es “laxa y permisiva” con las empresas.
Además, señaló, las normas regulan solamente las emisiones a la atmósfera pero dejan de lado la contaminación del suelo, el agua y el mar, que también se ven afectados y complican las condiciones de vida de los habitantes de la zona.
“Es una irresponsabilidad y una falta de patriotismo de las autoridades. No ha habido voluntad política real, más bien instancias mediáticas para calmar un poco la población y seguir normalizando este tema”, indicó Aravena.
La dirigente social aseguró que la población de esas dos localidades padece desde hace décadas “niveles altísimos” de cáncer y enfermedades cognitivas y cardiorrespiratorias asociadas a la exposición a la contaminación que emiten las industrias.
“No estamos en contra de las empresas, estamos en contra de la desregulación del funcionamiento de las empresas y de que funcionen con tecnología obsoleta en el mundo. Si no cumplen, tienen que cerrar”, añadió Aravena.
Este miércoles, medio centenar de integrantes de Mujeres de la Zona de Sacrificio Quintero-Puchuncaví y otras organizaciones se congregaron en la entrada de las plantas de AES Gener y realizaron una mandala humana en el suelo para protestar por la contaminación en la zona.
La organización ecologista Greenpeace, que ha definido Quintero y Puchuncaví como el “Chernóbil chileno”, lamenta que un año después de la emergencia se sigan replicando intoxicaciones y situaciones como varamientos de carbón y emisiones elevadas de dióxido de azufre, una sustancia muy nociva para la salud de las personas.
Mauricio Ceballos, portavoz de Greenpeace, explicó a Efe que el plan de descontaminación aprobado por el Gobierno en febrero pasado solo apunta a reconocer la situación en la zona pero no ataca la raíz del problema.
“Además los plazos del plan son demasiado laxos, propone ir evaluando los resultados en tres años, eso es larguísimo y puede tener muchos efectos en la salud de las personas”, criticó el activista.
Greenpeace cree que la existencia del parque industrial es “incompatible” con la presencia de población, por lo que propone el cierre de algunas de las plantas que operan en la zona.
Su portavoz propone el cierre de la refinería de cobre de Codelco, que tiene una antigüedad de más de cincuenta años y “no ha pasado ningún proceso de evaluación ambiental”, y las dos centrales termoeléctricas más antiguas de la estadounidense AES Gener.
EFE