El 24 de noviembre de 2016 el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó en Bogotá el llamado “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Duradera” con el líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Timochenko Londoño.
Fue el aparente final de un largo proceso iniciado en 2012 para intentar terminar con una guerra irregular que comenzó en la década de 1960 y, se cree, ha causado, desde entonces, más de 250.000 muertes.
El acuerdo planteaba, entre otras cuestiones, la desmovilización de los guerrilleros de las FARC, la entrega de sus armas y el fin de sus vínculos con el narcotráfico, a cambio de su incorporación en la vida política de Colombia a través del Partido de las FARC y una ley de amnistía.
En su momento las negociaciones fueron muy criticadas por sectores de la oposición liderados por el ex presidente Álvaro Uribe, e incluso un plebiscito refrendatorio realizado antes de la firma dio el triunfo al NO, en rechazo del acuerdo, por un escaso margen.
Pero también generó enormes expectativas en la sociedad colombiana ante la ansiada paz y cosechó un enorme apoyo en la comunidad internacional, tal es así que Santos recibió el Premio Nobel de la Paz en 2016.
Todo eso, sin embargo, está ahora en jaque luego de que este jueves los ex cabecillas de las FARC Iván Márquez, Jesús Santrich, el Paisa y Romaña, todos participantes de las negociaciones de paz anunciaran la vuelta de una facción del grupo a la lucha armada.
Los guerrilleros se justifican en un supuesto incumplimiento de las condiciones del acuerdo por parte del Estado colombiano, en especial en materia de seguridad y frente al aumento en los asesinatos de ex guerrilleros. Pero, aunque la implementación no ha sido fácil, una gran parte de los ex miembros de la guerrilla han mantenido su apoyo al compromiso acordado en 2016, y el Partido de las FARC cuenta con representación en el congreso colombiano.
“Las grandes mayorías seguimos comprometidos con lo acordado, aún con todas las dificultades o peligros que se avizoran, estamos con la paz”, dijo Londoño en su cuenta de Twitter.
La guerra no merece darle eco, somos muchos más los que seguiremos trabajando por la paz.
— Rodrigo Londoño (@TimoComunes) August 29, 2019
“Más del 90% de los excombatientes se mantienen en el proceso de paz. Aquí estamos los más y, modestia aparte, los mejores”, agregó después en diálogo con La W Radio.
Por su parte, Carlos Antonio Lozada, senador de las FARC, expresó: “Consideramos que es una gran equivocación”. En sintonía, la también senadora por la misma fuerza, Victoria Sandino, dijo estar “muy triste con esta noticia, lamentable para el país, sobre todo a quienes le apostamos al cumplimiento del proceso de paz”.
¿Qué tan grande es entonces la adhesión a esta facción de las FARC que ha decidido volver a la lucha armada?
De acuerdo con la Fundación Ideas para la Paz, una de las más importantes abocadas al monitoreo del Proceso de Paz en Colombia, al momento de la firma del acuerdo las FARC manifestaron tener 14.178 partidarios, entre combatientes, milicianos y miembros en las cárceles colombianas.
De este número, un total de 13.200 fueron acreditados para el proceso de desmovilización y reincorporación a la sociedad civil, según datos actualizados al 15 de julio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP).
Finalmente, un total de 13.018 ex guerrilleros comenzaron el proceso. Entre estos solo el 25%, o 3.246, optó por radicarse en las regiones de los llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), destinados por el Gobierno para facilitar el proceso.
La vigencia jurídica de los ETCR venció el 15 de agosto de este año, aunque esto significa que serán dados de baja, según indicó la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), y en algunos caso han mutado a los Nuevos Puntos de Reagrupamiento (NPR), asentamientos formados por ex guerrilleros que mantienen sus lazos comunitarios.
En cambio el 67% de los desmovilizados, o 8.720 personas, decidieron encarar vías alternativas para su reincorporación a la sociedad colombiana instalándose en otras localidades por su cuenta, retornando a sus familias o tomando vías individuales, pero su paradero es conocido por la ARN.
Pero hay un 8% del número original, es decir 1.052 personas, que optaron por encarar su propio camino y hoy en día se desconoce su paradero. Se trata del grupo más susceptible a ser incorporado por las disidencias y la fracción fundada este jueves por Márquez y Santrich, entre otros.
El número es consistente, además, con el 10% mencionado por Londoño, un porcentaje de rebeldes que también ha sido manejado por las autoridades colombianas.
La ARN advierte, sin embargo, que esto no significa que todos los ex guerrilleros cuya ubicación se desconoce estén enrolados en la disidencia o en grupos ilegales.
Al respecto aclara que la disidencia de las FARC se ha estado nutriendo también de miembros que no pertenecían a la guerrilla, tales como criminales comunes o miembros de otras guerrillas.
“Han fortalecido su pie de fuerza, pero no están cerca de tener la capacidad militar, el poder y control territorial que tuvieron las FARC”, señala la Fundación Ideas para la Paz en su último informe de situación. “No tienen un mando unificado, ni hacen parte de una misma estructura”, agrega, aunque el anuncio de este jueves podría ser un intento de formarlo.
“Las fallas del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz han influido en su formación, pero los líderes de las FARC y sus decisiones
también tienen parte de la responsabilidad”, agrega.
En este contexto aparecen también los vínculos entre disidentes de las FARC y los miembros del grupo terrorista Ejército de Liberación Nacional (ELN), la otra gran guerrilla colombiana con la cual el acuerdo de paz con Bogotá ha fracasado. Se calcula que el ELN tiene actualmente 2.300 miembros, según datos recientes del Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia obtenidos por la agencia AFP, y mantiene plenamente vigentes sus tácticas violentas, amparadas en el apoyo político (y también material) del régimen venezolano de Nicolás Maduro.
Infobae