La ausencia de Estado de Derecho y de transparencia imposibilita al ciudadano venezolano tener en sus manos una detallada descripción del destino que se la darán a sus impuestos. La Asamblea Nacional no fue el órgano que discutió y aprobó la Ley de Presupuesto Nacional, tal y como establecen nuestras leyes, sino que fue por medio de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente que el pasado 18 de diciembre de 2018 se informó la aprobación de un presupuesto para el 2019 de Bs 1,5 Billones, que al dólar oficial a la fecha de su aprobación equivalían a USD3934 millones.
El pasado 14 de agosto de 2019, en Gaceta Oficial Nº 6472, se publicó el Decreto Nº 3953, que dicta el Instrumento Normativo con Tratamiento de Ley Especial de Endeudamiento Complementaria Nº 2 para el Ejercicio Económico Financiero 2019. En otras palabras, se modificaron los límites de deuda establecidos para el 2019 –que originalmente era 824 mil millones- llevándolo a 36 billones, lo que representa un aumento de 4266%; y especificando, en este momento, la emisión de una serie de bonos por Bs 23 billones.
El límite de financiamiento original del endeudamiento para 2019 equivalía a casi el 54%, lo que ya resulta escandaloso tomando en cuenta que el país se encuentra en cesación de pagos de deuda externa. Pero el envilecimiento de la moneda nacional hace que hoy se exija ese número exorbitante de 36 billones, para equiparar e incluso remontar dicha carga a casi el 66% del monto previsto para el presupuesto de 2019.
La billonaria emisión de bonos de la deuda pública nacional La intención de expandir los límites de financiamiento es en efecto poder acceder a un endeudamiento mucho más elevado. En la misma Gaceta Oficial N.º 6.472, se encuentran los decretos correspondientes a la emisión de bonos de deuda pública por valor de Bs. 23 billones, monto que equivale a USD 1652 millones de acuerdo al tipo de cambio de la fecha de emisión de la gaceta (14 agosto), lo que representa el 41,99% del presupuesto de 2019, calculado también en dólares. En la siguiente tabla se detallan los montos de la emisión de los bonos de acuerdo a las partidas o conceptos establecidos en la ley de endeudamiento.
Estos Bs 23 billones representan casi dos veces la liquidez monetaria, la cual se encuentra al 16 de agosto en Bs. 11,7 billones. Esto quiere decir que el total de bolívares que está actualmente en circulación tan solo podría adquirir el 50% de la deuda que se está emitiendo. La pregunta obligada es entonces: ¿Cómo se colocará dicha deuda? En otras ocasiones se ha recurrido a la banca, prácticamente obligándola a adquirir la deuda pública, pero en los últimos tiempos el sector ha sido fuertemente restringido, al obligársele a mantener un encaje marginal del 100%, lo que ha reducido casi en su totalidad sus posibilidades de intermediación. ¿Se flexibilizará esta política para utilizar nuevamente a la banca para facilitar el financiamiento público? ¿Cuánto tiempo duraría ese respiro? ¿Resultará esto suficiente? ¿O se retomará la perversa práctica de monetizar el déficit por intermedio del Banco Central?
En un contexto económico, caracterizado por la presencia de hiperinflación y profunda recesión, preocupa cada vez más la incontenible voracidad fiscal, que incluso en periodos de bonanza ha manifestado la insostenibilidad de las finanzas públicas. La consecuencia de este comportamiento no es otro sino la pérdida de derechos, de libertad, de ciudadanía económica.
Nota de prensa