En dos años, siempre para las 12 del día, el Tribunal 10° de Control de Caracas fija la audiencia preliminar, sin importar que la fecha seleccionada exceda el plazo reglamentario, visiblemente no interesa que se realice ese acto procesal, circunstancia absurda estando en una fase cuya función primordial es evitar que las personas inocentes sean victimizadas por un proceso penal.
A esa misma hora, 12 m, llamaron telefónicamente a un grupo de gerentes de la industria petrolera para que se presentara en el piso 4 del Edificio de la Sede de PDVSA El Menito, ubicada en Lagunillas, Estado Zulia, al llegar, uno tras otro fueron detenidos por la DGCIM y sometidos a un proceso penal fraguado a partir de una campaña de descrédito y una denuncia inconsistente, cuyo promotor, desde una organización ajena a sus áreas de trabajo, también fue encarcelado.
En dos años, esos ciudadanos no han tenido audiencia preliminar, acentuándose los abusos que sufren bajo la custodia del Estado Venezolano, como resultado de una falsa judicial, característica de un Poder Judicial putrefacto, causante de la Justicia Penal sin audiencia preliminar y de diferimiento indefinido, un delito de lesa humanidad, del cual, los jueces, denegadores de justicia, son responsables, representando la normalización del acecho, hostigamiento y coacción.
Con el diferimiento de la audiencia preliminar comienza la pena anticipada que el régimen impone a todos los presos políticos como patrón sistemático en la violación de Derechos Humanos, específicamente, de la detención arbitraria que viven estos profesionales desde hace dos años; diferimientos injustificados que mantienen a la víctima en total indefensión por meses y años, un verdadero tormento.
“Aiskel González es una mujer indígena de la etnia wayuu detenida por el caso Manos de Papel; tiene 14 meses sin audiencia preliminar”, informó la periodista Sebastiana Barráez el 21/07/2019.
Juan Requesens, es otro buen ejemplo de las dilaciones que afectan a los ex ejecutivos de Pdvsa, circunstancia agravada con actos de humillación consumados por efectivos militares, custodios carcelarios y operadores de justicia, tratándolos como enemigos despreciables, configurando un atentado a su salud física, psicológica y moral en espacios denigrantes donde pareciera que la dignidad humana no existiera.
Tanto interés en mantenerlos en un purgatorio procesal involucra la complicidad del juez y fiscales del Ministerio Público en la violación a sus derechos humanos por suprimir las garantías constitucionales del proceso, dejando sin efecto lo previsto en artículos constitucionales tales como el 26, 44 y 49. Al estar persuadidos de tener derecho natural sobre la vida de los demás, privan a estos gerentes hasta de la protección de un juez.
“Soy esposa de un preso político más en el país. Mis niños quieren ver a su papá y no los dejan. Llevan más de un 1 año sin verlo, en el penal donde se encuentran no permiten visita de niños. Cuando hablan del caso de PDVSA creen que somos millonarios y robamos y no es así, la realidad es completamente otra. De verdad dinero no poseemos, por eso muchas veces nos cuesta visitarlos por la cantidad de gastos que tenemos. Ya queremos que está pesadilla termine pronto”.
Sus familiares, particularmente las esposas, están pasando por momentos difíciles a nivel emocional, moral y económico; no obstante, buscan con ahínco la libertad de los ex gerentes de PDVSA Occidente.
“Haremos unas denuncias en la Fiscalía de los Derechos Fundamentales para luego elevarlas a la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y conseguir una protección internacional para nuestros esposos. Nosotras registramos la “Fundación para la defensa de los trabajadores petroleros” y haremos la denuncia a través de esa fundación. Todo lo hacemos nosotras solitas.”
Esta semana es de especial significación, “los primeros 8 detenidos el 4 de septiembre de 2017 cumplen dos años, veinticuatro meses, sin audiencia preliminar, ese día miércoles es visita familiar en el penal. El jueves, 5 de septiembre, es la audiencia”.
Dos años sin Audiencia Preliminar. ¿Desconocimiento de la aplicación de la ley penal o complacencia de la corrupción? En este caso estaría por confirmarse, una vez más, la obsecuencia como el vértice de la actual administración de justicia.
“Víctimas de la garra despiadada de la tiranía. El tema es cómo haces para confiar en la justicia en este escenario agobiante para mis ex compañeros de trabajo y sus familiares, siendo que la administración de justicia no es ni confiable ni creíble, cuando se induce desde el régimen a celebrar el abuso, la corrupción, las mentiras, las injusticias hechas a estos ex ejecutivos de Pdvsa Occidente”, discurrió un ex ingeniero de Pdvsa hoy en México, que pidió el anonimato por temor a posibles represalias.
Un proceso a todas luces ajeno a la legalidad, en el cual la acusación dista de ser un acto eficaz, que mantiene cautivos a Gustavo Malavé Bucce en la DGCIM, en Boleíta, Caracas; a Juan Camilo Carrillo, Juan Carlos Barreto Ramos, Héctor Miguel Roque Ramírez, Henry Anthony Sánchez Mora, Adolfo Torres Vargas y Cesar Valera Villarroel en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador”, en Tocuyito, Estado Carabobo, conocido como “Fénix Libertador”; y al Coronel José Manuel Marín bajo arresto domiciliario, apenas tenía tres meses en su cargo.
Obsecuentes fiscales y jueces, participes del hostigamiento y la criminalización a ultranza, hacen reinar la angustia e impotencia que con el paso del tiempo se torna en tribulación con dichos diferimientos, de ahí a la claudicación o admisión de hechos falsos solo hay un paso, ya esto se ha hecho una perniciosa costumbre en quienes deberían tener una exacta interpretación del derecho, vedada por lo secuaz.
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