En la actualización del informe sobre Venezuela que la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó el 9 de septiembre, se evidencia que el Gobierno de Nicolás Maduro profundizó la crisis institucional del país al obviar las recomendaciones del informe del 5 de julio de 2019. En ese sentido, uno de los aspectos más resaltantes es que no acogió la recomendación de suprimir las Fuerzas Especiales Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), adscritas a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), sino que, por el contrario, el régimen optó por apoyarlas abierta y públicamente, publica Acceso a la Justicia.
En este sentido, la funcionaria expresó que el organismo “ha seguido documentando casos de posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las FAES en algunas zonas del país”. Al respecto, indicó que en julio de 2019 Monitor de Víctimas registró 57 ejecuciones extrajudiciales solo en Caracas.
En el caso de la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, Bachelet cuestionó que se evadiera la imputación por el delito de tortura y se recurriera a uno menos grave, como el delito de homicidio preterintencional.
“La autopsia del capitán Acosta Arévalo, reveló que habría sufrido múltiples golpes, contusiones, quemaduras en varias partes del cuerpo, además sufrió fractura en 16 costillas, el tabique nasal y el pie derecho”, puntualizó la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Por otra parte, en la actualización del informe sobre Venezuela, la alta comisionada mostró su preocupación por la situación de los pacientes lamentablemente fallecidos a la espera de trasplantes.
Bachelet refirió que desde julio hasta septiembre de 2019 se profundizó la crisis socioeconómica de Venezuela, como lo evidencian las preocupantes cifras de hiperinflación y desnutrición infantil, siendo la primera la más alta que ha habido en la región.
Asimismo, la comisionada mantuvo el tono del informe del mes de julio y reiteró las denuncias sobre el esquema de persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional (AN). En este sentido, indicó que a 24 de ellos, incluido a su presidente, les ha sido violada su inmunidad parlamentaria.
También se refirió a la vulneración de la autonomía universitaria a través de la sentencia 324 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como ejemplo de una nueva modalidad de ataque contra la sociedad venezolana, e hizo alusión al anuncio de una posible ley contra el financiamiento externo a las organizaciones no gubernamentales (ONG), condenando este tipo de medida.
Bachelet celebró la liberación de 89 presos políticos, sin embargo, Foro Penal aclaró al respecto que solo cinco de ellos quedaron en libertad plena y que el régimen sigue persiguiendo y encarcelando a quien piense distinto. La ONG también se refirió a las pésimas condiciones de determinadas cárceles, que deben ser visitadas por el equipo de la Alta Comisionada visite y no solo las que decida el Gobierno.
La alta comisionada reconoció la ratificación de la sentencia del 27 de junio de 2019 de la Sala de Casación Penal, en que el máximo tribunal ratificó la condena a 29 años y 6 meses de cárcel contra el funcionario del Servicio Bolivariano e Inteligencia (Sebin) responsable del asesinato de un disparo a la cabeza del manifestante Bassil Da Costa el 12 de febrero del 2014.
No obstante, expresó su preocupación sobre la aplicación de la justicia militar al dirigente sindical Rubén González, quien fue condenado a 5 años y 9 meses de prisión en la cárcel La Pica, en Monagas, por delitos de ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional (FAN).
Mora con la Comisión de Investigación
Dentro de los aspectos no tan positivos de la actualización del Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos figura el hecho de que la funcionaria no habló de la Comisión de Investigación, lo que hace suponer que su posición no es a favor de su constitución. No obstante, esta petición ha sido respaldada por más de 100 organizaciones venezolanas, que esperan su aprobación durante este período de sesiones, así como organizaciones internacionales de alto renombre como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Internacional de Juristas.
Adicionalmente, Michelle Bachelet habla de la existencia de una cooperación del Gobierno con su despacho que, a criterio de Acceso a la Justicia, a juzgar por los antecedentes y las prácticas del régimen, no pareciera ser sino una situación coyuntural y con sentido de la oportunidad. Es importante destacar que esa pretendida buena disposición a colaborar se presentó cuando se acercaba la actualización del informe de la alta comisionada. De esta manera, se permitió la visita a unas cárceles por parte de un representante de la oficina del Alto Comisionado, cuando poco antes se le había negado el acceso e incluso, su equipo había tenido que retirarse de Venezuela a raíz del informe de julio.
Acceso a la Justicia debe enfatizar que referir a un establecimiento de puentes con el Gobierno bajo escrutinio sin un convenio escrito, que sería lo óptimo para la seguridad jurídica, no representa garantía alguna de que tal disposición a colaborar no sea revertida. De allí que no sea descabellado pensar que estamos ante una sobreestimación de la capacidad o la voluntad que podría tener el Gobierno para tener un verdadero diálogo con la alta comisionada, sobre todo, con resultados y compromisos.
¿Y a ti venezolano, cómo te afecta?
La actualización del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela ratifica el estado de indefensión y precariedad cada vez mayores en que se encuentran los ciudadanos frente a las violaciones continuas y cada vez más graves de sus derechos humanos.
El nuevo reporte de Michelle Bachelet evidencia que, pese al discurso oficial de que hay una voluntad de diálogo y, con ello, de cambio de las prácticas violatorias de los derechos humanos, no hay disposición real de atender la crisis institucional y resolver los padecimientos del pueblo. Por el contrario, el informe de septiembre de 2019, entre otros aspectos, reitera la persecución a la disidencia, a la AN y las ejecuciones extrajudiciales por parte de las FAES con la anuencia del Gobierno.