El Caso Petrozamora o de PDVSA Occidente trajo consecuencias atroces para los familiares de quienes integraban la estructura organizacional arrancada de la industria petrolera, desde el director hasta los aforadores que son los obreros, por un supuesto, y nunca comprobado, sabotaje, que habría ocurrido en un área laboral ajena a los incriminados mediante prácticas contrarias a la justicia.
Por José Luis Centeno S.
“Hoy, hace 2 años, esperaba a mi esposo con nuestros dos hijos para celebrar mi cumpleaños, fue secuestrado por el régimen, 45 días lo desaparecieron, y hasta el día de hoy lleva más de 18 audiencias diferidas, cuantas veces mis hijos se levantan llorando por su papá”, recordó Onervy Graterol, esposa del ingeniero Juan Carlos Barreto, el miércoles 4 de septiembre de 2019.
Ese día, 4 de septiembre, 24 meses antes, Gustavo Malavé Bucce, Juan Camilo Carrillo, Juan Carlos Barreto, Héctor Miguel Roque, Henry Anthony Sánchez, Adolfo Torres Vargas, César Valera Villarroel y José Manuel Marín fueron los primeros 8 detenidos en lo que ha sido calificada de “estrategia maquiavélica y sucia para silenciar la verdad de lo que había detrás de los hechos de corrupción en PDVSA”.
Cuando Rafael Ramírez, ex presidente de PDVSA, quiso “defender la dignidad y dar a la conocer la inocencia” de los trabajadores petroleros presos, uno de ellos, Adolfo Torres Vargas, el laboratorista a quien le falsificaron la firma y por eso lo privaron de libertad, en “Carta Abierta” dirigida a su antiguo superior jerárquico, no dudó en “solicitarle que evalúe la incidencia de su discurso, y de ser posible se exima de volver a fijar posición públicamente en el caso que se nos sigue”.
Dos años arbitrariamente detenidos, a la espera de la Audiencia Preliminar, llevan esos primeros 8 detenidos, reflejando su condición de presos políticos en un proceso penal tramitado por el Juez 10° de Control de Caracas, Jhon Vidal, y los fiscales del Ministerio Público Yohan López y Jean Karin López Ruiz, 63° y 73° Nacional, respectivamente.
“Así sucede con todos los presos de PDVSA y sucedió con mi esposo hasta que lo llevaron a la muerte. Nunca tuvo la audiencia preliminar, le violaron todos sus derechos”, reveló Beatriz Arias, esposa de Nelson Martínez, ex presidente de Petróleos de Venezuela.
Para el jueves 05/09/2019 tenían pautada la Audiencia Preliminar, fue diferida, no fueron los fiscales, aparte el traslado desde el Fénix Libertador de Valencia a Caracas salió tarde; el viernes 6, los defensores solicitaron el decaimiento de la medida privativa de libertad, de no proceder, se confirmaría, una vez más, la obsecuencia como principio rector de la administración de justicia actual.
“Terrorismo judicial es lo mejor que sabe hacer el régimen”, “son inocentes que están en el limbo procesal”, fueron algunos de los comentarios escuchados mientras se esperaba la realización de la audiencia; además, “les inventaron unos cargos para dejarlos secuestrados”. Una dama, de la mano de un niño, fue puntual:
“A mi esposo en cada audiencia le dicen usted tiene que admitir, pero ¿por qué tiene que admitir algo que no hizo? Eso no es justo, ¿me entiende? A veces no hacemos el viaje hasta Caracas, para no desgastarnos, porque eso es horrible, un desgaste emocional espantoso, esperando, si llegan, sino llegan, si está el juez, si van los fiscales, a ver qué dicen”.
Es inconcebible tanta violación al derecho y dignidad de estas personas. Los procesados recluidos en Tocuyito llevan más de un año sin ver a sus menores hijos, allí no permiten visita de niños, solamente esposas, madre, hermanas o hijas mayores de edad, no entran padres ni hermanos por ser hombres. Los niños sólo pueden ir a una visita en vísperas de Navidad y pocos tuvieron ese privilegio.
“Meses después de la detención de nuestros esposos, nos sacaron del sistema de PDVSA y nos quitaron todos nuestros beneficios, los de nuestros hijos, seguro médico, útiles escolares, bolsas de comida, cesta ticket, servicio funerario, beneficios que aún nos corresponden, porque ellos no han sido enjuiciados, no han sido condenados, son procesados, son inocentes y los tratan como culpables, había madres de los detenidos que padecen patologías y les quitaron el seguro médico y eso de verdad fue muy, muy injusto”, explicó una de las esposas consultadas.
Crueles modalidades de vulneración de la presunción de inocencia aplicadas a todos los detenidos por el Caso Petrozuata, “100 funcionarios privados de libertad” según el Ministerio Público, hombres que le dedicaron a la industria petrolera de 25 a 30 años de servicio y “los están culpando de sabotaje petrolero”, algo ilógico para sus familiares:
“Son trabajadores profesionales, honestos, que tenían un sentido de pertenencia inigualable, jamás serían unos saboteadores, jamás dañarían la industria que por mucho o poco salario mantenían nuestros hogares. Dios saquearon PDVSA, y le echan la culpa a los que no tienen poder político ni económico”.
El hostigamiento y criminalización se hizo sentir en las esposas por un vulgar sistema penal asociado a delitos políticos, intentando llevar a muchas de ellas a procesos penales arbitrarios, por ejemplo, la que fue llevada a Fiscalía en Cabimas por presuntamente amenazar a un funcionario fiscal, claramente se aprecia la manipulación del Ministerio Público para tratar de justificar lo injustificable.
Cada día es más aberrante que la privación preventiva de libertad sea utilizada con desvergüenza como pena anticipada o forma de coacción para que se admitan hechos falsos, implicando la vulneración del derecho a la defensa, que está por encima de cualquier otro tema procedimental o de fondo, y la violación del principio de igualdad entre las partes, pretendiéndose que no existirán consecuencias penales para quienes dan vida a ese quebranto judicial.
Cualquier información, comentario, desahogo o sugerencia por la dirección electrónica [email protected] o por mi cuenta en twitter @jolcesal