A propósito del Comunicado oficial de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la permanencia en prisión de los comunicadores Pedro Jaimes y Jesús Medina, Tarbay reafirma lo descrito en la carta; “este es un régimen que usa a la justicia como instrumento de venganza y ha sistematizado el uso de figuras penales vagas y ambiguas para criminalizar no sólo el trabajo periodístico, la defensa de los derechos humanos y las expresiones de crítica a través de redes sociales, sino cualquier actividad, institución, o persona que se desvíe, evidencie, o le haga frente a su esquema criminal”.
A su juicio, los casos de Jaimes y Medina son evidencia del retardo procesal como especie de castigo añadido. Pedro Jaimes estuvo 33 días desaparecido y es acusado de interferencia en la operatividad aeronáutica, espionaje informático y revelación de secretos políticos por publicar en su cuenta de Twitter la ruta del avión presidencial, siendo ésta una información de dominio público en internet. Su audiencia ha sido diferida nueve veces porque el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) se niega a trasladarlo al Tribunal, de acuerdo a la información suministrada por la ONG Espacio Público.
Por su parte, Jesús Medina Enzaine, reportero gráfico detenido injustamente el día 29 de agosto de 2019, está señalado por el presunto delito de instigación al odio y agavillamiento, contemplado en la ley contra el odio, un delito con el que se silencia a los presos de conciencia. Desde entonces todos sus derechos han sido violentados, el proceso de juicio retrasado y sus carceleros lo han llevado a una celda de castigo en la que por mucho tiempo no pudo ver la luz, según el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.
Así mismo, el dirigente político hizo referencia a las recientes declaraciones del director de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob; que dan cuenta de al menos 26 presos políticos con graves condiciones de salud solo en la cárcel militar de Ramo Verde, y recordó el caso de Vasco Da Costa, quien padece cáncer como consecuencia de una herida en un ojo generada bajo tortura que además no fue tratada con la atención médica requerida, sus condiciones de reclusión son inhumanas.
Ana María Da Costa, hermana de Vasco Da Costa, ha denunciado múltiples veces las torturas y humillaciones que sufren los privados de libertad en la cárcel de Ramo Verde, así como el maltrato por parte de quienes dirigen dicho centro hacia su persona. Vasco tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y aun así el régimen pretende mantenerlo tras las rejas.
En relación a la posibilidad de que se concreten liberaciones para atribuírselas a las mal llamadas negociaciones entre sectores del régimen, el dirigente de Vente Venezuela condenó que se utilice a los presos políticos como figuras de canje a quienes se les condicione su excarcelación al servicio de un acto de propaganda; “Si bien la libertad de cualquier persona arbitraria e injustamente detenida debe ser celebrada, la manipulación de sus derechos debe ser tan rechazada como las razones de privación de los mismos. La libertad no se negocia”, aseguró.
Finalmente, haciendo énfasis en que aún hay aproximadamente 480 personas encarceladas por motivos políticos y más de 8900 bajo medidas cautelares, de acuerdo a las cifras registradas por el Foro Penal Venezolano, Tarbay hizo un llamado a la comunidad internacional a accionar de manera urgente para garantizar la vida e integridad de los presos políticos; “el apoyo y la lucha por la libertad de los presos políticos es una tarea y un deber inaplazable, como es nuestro derecho ser amparados ante la inexistencia de justicia en Venezuela, dado el secuestro de las instituciones por parte de la dictadura y la corresponsabilidad de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público en la reiterada y sistemática violación de los derechos humanos”.
Ratificó que la situación de los derechos humanos en Venezuela nos compromete a rescatar y garantizar la autonomía de la Defensoría y el Ministerio Público, además de permitir la actuación plena de los órganos del Sistema Interamericano en favor de los venezolanos.