Entre las medidas anunciadas por el gobierno, una merece ser considerada como histórica: la eliminación del subsidio a los combustibles. Esta política fracasada, regresiva e insostenible data de 1974. Muchos perciben esta medida como un “paquetazo”, como si fuese equivalente eliminar un subsidio a elevar o crear un nuevo impuesto. Pero no es lo mismo y la diferencia es importante.
Eliminar subsidios suprime distorsiones en la economía haciendo que las personas tomen decisiones más racionales –ya no serán tan ubicuas los F150 y los autos a diésel–. Además, implica una reducción instantánea y a largo plazo del gasto público, dejando el Estado de garantizar un precio artificialmente bajo que principalmente beneficiaba a los quintiles de ingresos más altos.
Esta reducción del gasto permite que el gobierno financie parte de su brecha fiscal sin golpear todavía más la economía con el aumento del IVA, como se esperaba. Queda pendiente la tarea de reducir el gasto corriente, particularmente en lo que concierne al gasto en salarios del sector público, el cual se triplicó entre 2006 y 2018.
Muchos viven bajo la llamada “ilusión fiscal”, creyendo que reciben algo a cambio de nada. Pero resulta que no hay tal cosa como un “almuerzo gratis”. Un estudio de la UDLA estima que Ecuador gastó $ 48.637 millones entre 1989 y 2019 en subsidios a los principales combustibles (gasolinas, gas licuado de petróleo –GLP– y diésel),[1] cifra que equivale a casi la totalidad de la deuda pública actual. ¿Cuántas inversiones se hubiesen realizado en el sector privado con esa magnitud de recursos?
Un estudio del BID señala que desde que fue creado en los años setenta, en ocasiones el Estado llegó a subsidiar hasta un 85% del costo real de los combustibles. En 2012, Ecuador fue el quinto país que más gastaba en subsidios energéticos a nivel mundial como porcentaje del PIB. Durante los últimos 10 años gastamos en promedio $ 2.300 millones al año en estos subsidios.
Todo este costo para que sean beneficiados principalmente los más pudientes. Dicho estudio coincide con la recomendación que varias veces realicé en esta columna desde 2007: es posible y conveniente eliminar los subsidios a los combustibles y compensar a los más vulnerables con un aumento al Bono de Desarrollo Humano (BDH).
Esto se lo ha hecho aumentando el BDH en $15 y compensando al sector productivo y a la clase media con la eliminación del anticipo del impuesto sobre la renta, la rebaja a 2,5% del impuesto a la salida de divisas para la importación de materias primas, bienes de capital y otros insumos de producción, reduciendo los aranceles para la importación de dispositivos electrónicos y para los autos que cuesten hasta $ 32.000.
El problema que mantiene estancado el crecimiento de la economía ecuatoriana es la persistencia de múltiples privilegios concedidos por el Estado a determinados grupos de interés. Para crecer más, el país necesita liberarse del secuestro por parte de poderosos grupos como el de los transportistas, taxistas incluidos. Plataformas como Uber y Cabify afortunadamente han puesto coto al poder de los taxistas. Cómo limitar el poder de los transportistas es materia de otro artículo.
Referencias:
[1] Boletín del Observatorio de Energía y Minas, Volumen 16, septiembre de 2019.
Este artículo se publicó en ELCato el 4 de octubre de 2019